La actividad de los "piratas somalíes", antiguos pescadores y ex miembros de la guardia costera reconvertidos al negocio de los rescates, desentraña un negocio aún mayor: el expolio pesquero
El 40% del atún consumido en España proviene del Índico, un negocio que mueve 450 millones de euros por año
SARAH BABIKER
Diagonal
Según el Grupo de Trabajo de Alta Mar (HSTF, siglas en inglés), en 2005 más de 800 barcos pesqueros sospechosos de pesca irregular, no documentada y no reglamentada operaban al mismo tiempo en aguas de Somalia. Por esa razón Somalia pierde al menos 300 millones de dólares al año, según la misma fuente.
El año pasado, el representante especial de la ONU en Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, condenó la pesca irregular practicada por buques de la UE y Asia, a quienes acusó de aprovecharse del vacío de poder. En este contexto citó el caso de un pesquero español capturado "mientras pescaba ilegalmente atún". Se refería al Playa de Bakio, retenido seis días en abril de 2008. El atunero se hallaba en aguas somalíes. Si bien las empresas armadoras niegan rotundamente realizar prácticas ilegales, parece que la percepción somalí es extendida: "Este barco ha estado pescando ilegalmente por mucho tiempo, pero afortunadamente ahora está en nuestras manos", declaraba uno de los captores del Alakrana. Existen diversas teorías sobre quiénes son estos "piratas". Muchos apuntan a que se trata de antiguos pescadores que, hartos de la pesca destructiva de las flotas extranjeras y de la falta de retribución por la explotación de los recursos marinos somalíes, empezaron a cobrarse su "particular tributo". Esta tesis la apoyaba en octubre el primer ministro somalí, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, quien dijo que son muchos los países que están pescando ilegalmente en Somalia, empujando a antiguos pescadores a este negocio. Otros, como el investigador noruego Stig Jarler Hansen, en un informe reciente sobre piratería apoyado por el Ministerio noruego de Defensa, señalan que muchos son policías y guardacostas entrenados por peregrinos programas de cooperación para vigilar las costas. Al acabarse estos proyectos, cientos de somalíes se vieron con formación militar y sin sueldo. Ésta es también la teoría defendida por la investigación llevada a cabo por periodistas de Al Jazeera, Huffington Post y WardheerNews, incluida en la selección de las 25 noticias más censuradas de 2009. Sin embargo, los grandes medios de comunicación españoles no han ido más lejos de la imagen estereotipada de unos piratas que han descubierto un atractivo e increíblemente lucrativo filón en el negocio del secuestro y los rescates.
Banderas de conveniencia
De 33 buques de pesca y auxiliares de servicios en el Índico, 15 tienen bandera de Seychelles, Islas Mauricio y Antillas Holandesas, según constatan los datos de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). Los otros 18 son de pabellón español. Para responder a las demandas de protección de estos últimos el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de octubre un Real Decreto por el que se modifican los reglamentos de Seguridad Privada y de Armas, de modo que los servicios de seguridad privada contratados por los armadores de los pesqueros que faenan en el Índico pueden emplear armamento militar. Los primeros guardias de seguridad militarmente armados llegaron a Victoria, capital de Seychelles, el día 13 de noviembre. Los inquietos atuneros anclados en Seychelles les esperaban, así como a su armamento militar, para volver a echarse al mar sin miedo.
Más allá de su propia nacionalidad y la de sus barcos, estos guardias de seguridad tienen como misión proteger algo muy preciado. De las capturas en el Índico depende un negocio que mueve 450 millones de euros, según se afirma desde la organización interprofesional del atún (Interatún). Esta misma plataforma estima que la pesca de atún ha experimentado un considerable aumento en los últimos diez años, en gran parte a manos de la flota comunitaria. Esta flota, compuesta fundamentalmente por España (60%) y Francia (40%), captura unas 500.000 toneladas al año. La comunidad internacional lleva años buscando fórmulas para que haya seguridad y orden en los mares de Somalia y el golfo de Adén, algo difícil de conseguir. Desde 1991 no hay una autoridad que gobierne el país y los intentos de imponerla –la más reciente, la invasión etíope de diciembre de 2006 apoyada por EE UU– han sido catastróficos. Partiendo de este vacío de poder, la ONU aprobó el año pasado la Resolución 1814 que exhorta a tomar medidas a fin de “proteger la navegación para el transporte y el suministro de asistencia humanitaria” a ese país, y la 1816, que insta a los Estados miembros a actuar “contra la piratería”. En este marco empezó el 8 de diciembre pasado el mandato de la operación Atalanta, integrada por unos 1.200 militares de distintos países europeos. En 2010, la cifra podría alcanzar los 1.800 soldados.
La opción militar
La operación ha recibido críticas. El investigador noruego Hansen señala que con lo que cuesta mantener un barco en la zona se podría haber cubierto los sueldos de 100.000 policías en Putlandia (Estado autónomo situado en el extremo del Cuerno de África donde la piratería tiene una gran incidencia) durante seis meses.
Si la opción militar surgió después del fracaso del apoyo al Gobierno Federal de Transición somalí, la opción de la seguridad privada busca cubrir lo que la misión militar no cubre. Sobre todo si los protegidos se van a pescar a millas de la zona de seguridad, como decidió hacer el Alakrana. Mientras se busca el mejor modo de proteger a los barcos internacionales de la piratería, en Somalia reina cierto malestar porque ninguna de esas reflexiones parecen incluir una reivindicación antigua: que se tomen iniciativas contra otra piratería, la que se ceba en sus aguas.
VERTIDOS TÓXICOS EN SOMALIA
La población somalí no ha olvidado cómo en 2004 el tsunami sacó a la superficie contenedores de basura tóxica que quedaron varados en la costa del norte de Somalia, según informó el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Ésta era la prueba visible de que, como se sospechaba, las aguas somalíes se habían convertido en un enclave fácil para deshacerse de residuos incómodos. "Europa, a través de mafia italiana, se deshace de residuos tóxicos en aguas somalíes. En Europa procesar una tonelada de residuos tóxicos cuesta entre 2.000 y 3.000 euros; en Somalia 2,5 euros", denuncia José Vicente Barcia, encargado de prensa de Ecologistas en Acción.
CIFRAS DE UN EXPOLIO
11 son los buques que abandonaron la pesca en la zona desde que se agravaron los ataques. Entre ellos, el Playa de Baquio, según Interatun.
200.000 toneladas de atún al año son suministradas desde el Índico para el consumo español, gracias a una flota de factorías flotantes.
300 millones de euros al año es la estimación de las pérdidas que provoca la pesca pirata en Somalia.
60 millones puede costar un atunero de 100 m de eslora, una cifra inalcanzable para muchos países.
