Observatorio de la Deuda en la Globalización
Cuando el pasado 6 de noviembre el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros los Proyectos de Ley de reforma del controvertido Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) parecía que, por fin, había llegado la hora de la verdad para tan esperada revisión. No obstante, después de leer dichos textos, la decepción no puede ser más profunda. Dado que los proyectos de Ley llegan al Parlamento con casi dos años de retraso no se puede afirmar que el Gobierno no ha tenido tiempo para una modificación más intensa. Por ello, debemos pensar que el problema radica en la concepción misma de lo que debería suponer este cambio.
¿Por qué esta crítica? ¿Qué es lo que se debería haber cambiado? ¿Cuáles son los principales problemas del FAD a los que no se da una óptima respuesta? A saber: después de más de 30 años de existencia el FAD se ha convertido en un cajón de sastre mal ordenado en el que cabe todo tipo de instrumentos que computan como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). De esta manera, mediante el FAD se ha mermado su calidad y eficacia. Segundo, se trata de una herramienta que ha pretendido servir a dos amos al mismo tiempo. Así, se quiere internacionalizar a la empresa española, a la vez que desarrollar a los países receptores de estos fondos. Para que esto sea posible se ha intentado hacer la cuadratura del círculo ligando los recursos del FAD a la compra de bienes y servicios españoles. Esto sí, otorgando créditos concesionales; esto es, en condiciones más favorables que las que ofrece el mercado. El resultado ha sido un FAD muy comercial, a pesar de querer venderlo como AOD. Y tercero, pero no menos importante: al tratarse de un mecanismo que contempla el crédito, genera nueva deuda en países que ya están sobreendeudados. Ello, sin que sea necesario llevar a cabo ningún tipo de estudio previo de las necesidades ni de impacto sobre las poblaciones ‘beneficiadas’, su territorio o sobre su economía. Así, a través del FAD se sigue generando nueva deuda ilegítima, tal y como se ha venido denunciando reiteradamente [1]. De esta manera, en el FAD se concentra, de mala manera, un instrumento de AOD (por cuanto es concesional), generador de deuda (cuando se utiliza el crédito para financiar los proyectos) y comercial (dado que se ofrece a cambio de ligarlo a la compra de productos ‘Made in Spain’). Todo un galimatías que no contenta a nadie.
Ante tal cúmulo de despropósitos, y debido a que así lo contempla la Ley 38/2006, reguladora de la Gestión de la Deuda, ahora el Gobierno presenta dos Proyectos de Ley con los que pretende desquitarse de los errores del pasado. Así, por un lado tenemos el Proyecto de Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que sería el nuevo FAD cooperación. Por otro lado, disponemos del Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española, que nos presenta el nuevo Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), que sería el nuevo FAD comercial. Asimismo, con este segundo texto se pretende dar por reformado el otro mecanismo generador de deuda, los fallidos de los seguros de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
Una primera lectura a vista de pájaro nos podría hacer pensar que mientras el FONPRODE es el nuevo instrumento de AOD, con el que se dota la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, el FIEM es tan sólo una herramienta comercial de apoyo a la internacionalización de la empresa española. De esta manera, se podría pensar que por fin se ‘ordena’ la casa, ya que se separa comercio de ayuda. No obstante, una lectura más calmada nos da a entender que esto no es así, dado que el FONPRODE contempla todavía demasiados instrumentos en uno: donaciones a Estados; contribuciones a organismos multilaterales no financieros; aportaciones a programas y fondos de estos mismos organismos; aportaciones a fondos de instituciones financieras internacionales (IFIs) y concesión de créditos desligados (en términos concesionales) a Estados y empresas de capital de origen extranjero. Por otro lado, el nuevo FIEM permite que sus actividades continúen computando como AOD. Por si ello fuera poco, el FONPRODE no acaba de desligar toda la ayuda, abriendo la puerta al negocio de empresas españolas en las situaciones de ‘emergencia y/o de ayuda humanitaria’. Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda continúa teniendo mucho que decir en el FONPRODE, aun tratándose de una herramienta con clara vocación de cooperación, ya que éste contempla aportaciones a las IFIs y mecanismos de crédito. De nuevo, demasiados instrumentos, demasiados objetivos, demasiados intereses, demasiados actores, demasiado desorden.
Segundo, a pesar que queda claro que el objetivo del FIEM es internacionalizar la economía española, mediante créditos comerciales ligados a la compra de bienes y servicios españoles, ello no impide que el FIEM (y la posible cancelación de la deuda que se origine en el futuro) siga contabilizando como AOD. Con ello, se podría decir donde ‘dije FAD digo FIEM’. ¿Para esto, tanta espera?
Por último, ambas herramientas siguen generando deuda en el Sur (el FIEM de manera desligada, pero deuda al fin y al cabo), sin ninguna limitación real en cuanto a países. Ello contradice el espíritu de la Ley de Deuda, que pretendía cancelar la deuda de los países más empobrecidos y más endeudados para sacarlos de esa situación. Es un contrasentido que ahora se permita volver a endeudarlos. A su vez, los mecanismos de control, seguimiento, evaluación y participación de la sociedad civil, del todo necesarios para garantizar que los créditos que se otorguen no provocarán nueva deuda ilegítima, son del todo insuficientes y escasos, principalmente por lo que se refiere a la regulación del FIEM.
Por todo ello, ha llegado el momento que la sociedad civil haga oír su voz de protesta y sus propuestas, de manera clara y alta, ante el Gobierno y los partidos que le dan apoyo, con el fin de conseguir que estos instrumentos, si es que deben existir, no sean un mero maquillaje cosmético del ‘antiguo’ FAD. Por esto, emplazamos a todos los partidos políticos a trabajar para que, en las tramitaciones de dichas leyes, sean más sensibles a las demandas que se hacen desde la sociedad civil y muestren claramente su voluntad política para que el resultado de las mismas suponga el máximo beneficio para los países del Sur. De esta manera, empezaríamos a revertir y reparar la opresión que, desde el Estado español, se ha venido ejerciendo sobre los países del Sur desde la larga noche colonial. Desde el ODG sólo nos cabe decir que nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente hasta conseguir que así sea.
¿Por qué esta crítica? ¿Qué es lo que se debería haber cambiado? ¿Cuáles son los principales problemas del FAD a los que no se da una óptima respuesta? A saber: después de más de 30 años de existencia el FAD se ha convertido en un cajón de sastre mal ordenado en el que cabe todo tipo de instrumentos que computan como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). De esta manera, mediante el FAD se ha mermado su calidad y eficacia. Segundo, se trata de una herramienta que ha pretendido servir a dos amos al mismo tiempo. Así, se quiere internacionalizar a la empresa española, a la vez que desarrollar a los países receptores de estos fondos. Para que esto sea posible se ha intentado hacer la cuadratura del círculo ligando los recursos del FAD a la compra de bienes y servicios españoles. Esto sí, otorgando créditos concesionales; esto es, en condiciones más favorables que las que ofrece el mercado. El resultado ha sido un FAD muy comercial, a pesar de querer venderlo como AOD. Y tercero, pero no menos importante: al tratarse de un mecanismo que contempla el crédito, genera nueva deuda en países que ya están sobreendeudados. Ello, sin que sea necesario llevar a cabo ningún tipo de estudio previo de las necesidades ni de impacto sobre las poblaciones ‘beneficiadas’, su territorio o sobre su economía. Así, a través del FAD se sigue generando nueva deuda ilegítima, tal y como se ha venido denunciando reiteradamente [1]. De esta manera, en el FAD se concentra, de mala manera, un instrumento de AOD (por cuanto es concesional), generador de deuda (cuando se utiliza el crédito para financiar los proyectos) y comercial (dado que se ofrece a cambio de ligarlo a la compra de productos ‘Made in Spain’). Todo un galimatías que no contenta a nadie.
Ante tal cúmulo de despropósitos, y debido a que así lo contempla la Ley 38/2006, reguladora de la Gestión de la Deuda, ahora el Gobierno presenta dos Proyectos de Ley con los que pretende desquitarse de los errores del pasado. Así, por un lado tenemos el Proyecto de Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que sería el nuevo FAD cooperación. Por otro lado, disponemos del Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española, que nos presenta el nuevo Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), que sería el nuevo FAD comercial. Asimismo, con este segundo texto se pretende dar por reformado el otro mecanismo generador de deuda, los fallidos de los seguros de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
Una primera lectura a vista de pájaro nos podría hacer pensar que mientras el FONPRODE es el nuevo instrumento de AOD, con el que se dota la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, el FIEM es tan sólo una herramienta comercial de apoyo a la internacionalización de la empresa española. De esta manera, se podría pensar que por fin se ‘ordena’ la casa, ya que se separa comercio de ayuda. No obstante, una lectura más calmada nos da a entender que esto no es así, dado que el FONPRODE contempla todavía demasiados instrumentos en uno: donaciones a Estados; contribuciones a organismos multilaterales no financieros; aportaciones a programas y fondos de estos mismos organismos; aportaciones a fondos de instituciones financieras internacionales (IFIs) y concesión de créditos desligados (en términos concesionales) a Estados y empresas de capital de origen extranjero. Por otro lado, el nuevo FIEM permite que sus actividades continúen computando como AOD. Por si ello fuera poco, el FONPRODE no acaba de desligar toda la ayuda, abriendo la puerta al negocio de empresas españolas en las situaciones de ‘emergencia y/o de ayuda humanitaria’. Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda continúa teniendo mucho que decir en el FONPRODE, aun tratándose de una herramienta con clara vocación de cooperación, ya que éste contempla aportaciones a las IFIs y mecanismos de crédito. De nuevo, demasiados instrumentos, demasiados objetivos, demasiados intereses, demasiados actores, demasiado desorden.
Segundo, a pesar que queda claro que el objetivo del FIEM es internacionalizar la economía española, mediante créditos comerciales ligados a la compra de bienes y servicios españoles, ello no impide que el FIEM (y la posible cancelación de la deuda que se origine en el futuro) siga contabilizando como AOD. Con ello, se podría decir donde ‘dije FAD digo FIEM’. ¿Para esto, tanta espera?
Por último, ambas herramientas siguen generando deuda en el Sur (el FIEM de manera desligada, pero deuda al fin y al cabo), sin ninguna limitación real en cuanto a países. Ello contradice el espíritu de la Ley de Deuda, que pretendía cancelar la deuda de los países más empobrecidos y más endeudados para sacarlos de esa situación. Es un contrasentido que ahora se permita volver a endeudarlos. A su vez, los mecanismos de control, seguimiento, evaluación y participación de la sociedad civil, del todo necesarios para garantizar que los créditos que se otorguen no provocarán nueva deuda ilegítima, son del todo insuficientes y escasos, principalmente por lo que se refiere a la regulación del FIEM.
Por todo ello, ha llegado el momento que la sociedad civil haga oír su voz de protesta y sus propuestas, de manera clara y alta, ante el Gobierno y los partidos que le dan apoyo, con el fin de conseguir que estos instrumentos, si es que deben existir, no sean un mero maquillaje cosmético del ‘antiguo’ FAD. Por esto, emplazamos a todos los partidos políticos a trabajar para que, en las tramitaciones de dichas leyes, sean más sensibles a las demandas que se hacen desde la sociedad civil y muestren claramente su voluntad política para que el resultado de las mismas suponga el máximo beneficio para los países del Sur. De esta manera, empezaríamos a revertir y reparar la opresión que, desde el Estado español, se ha venido ejerciendo sobre los países del Sur desde la larga noche colonial. Desde el ODG sólo nos cabe decir que nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente hasta conseguir que así sea.
