El Viejo Topo
En Europa, más de mil explotaciones agrícolas desaparecen cada día, según datos de la Coordinadora Europea de la Vía Campesina (2008). La falta de voluntad política por parte de los gobiernos y de las instituciones internacionales por respaldar una agricultura local, familiar y campesina es la principal causa de este fenómeno. La Política Agraria Común (PAC), en el marco de la Unión Europea (UE), y la regulación agraria de la Organización Mundial del Comercio (OMC) son un buen ejemplo de este proceso de globalización agroalimentaria al servicio de los intereses de la agroindustria y de las instituciones que las amparan. Unas políticas que anteponen el afán de lucro corporativo a las necesidades alimenticias de la población y a una producción local y respetuosa con el medio ambiente.
La PAC actual, según la Coordinadora Europea de la Vía Campesina (2008), es resultado de una mala PAC desde antes de 1992 y de unas malas reformas según los criterios de la OMC en 1992, 1999 y 2003. La aplicación de la PAC, con la industrialización de la agricultura y el estímulo de los precios garantizados, generó un aumento de la producción agrícola y la consiguiente caída de los precios, reforzando una dinámica productivista con un fuerte impacto social y ecológico (Soler, 2007). Además, la PAC destina la mayor parte de sus ayudas a los grandes productores, en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares. Como señala el informe Goliat contra David. Quién gana y quién pierde con la PAC en España y en los países pobres (Intermón Oxfam, 2005): “Las millonarias ayudas de la PAC sostienen un modelo de producción intensiva que premia al que más tiene y provoca importantes distorsiones en mercados internacionales, a menudo a costa de los países en desarrollo” y añade que “tras la maraña legal y técnica que acompaña el funcionamiento del sistema se esconde un principio muy simple: cuanto más produces y más tierras posees –es decir, cuanto más rico eres-, más apoyo público recibes”.
Según datos de la Comisión Europea/1, en el año 2000, unos 2,3 millones de agricultores europeos recibieron tan sólo el 4% de las ayudas, mientras que el 5% de los mayores productores obtuvieron la mitad de las subvenciones. Ponemos algunos ejemplos. En Gran Bretaña, familias al frente de los rankings de las principales fortunas del país recibieron cuantiosas ayudas por parte de la UE: el duque de Westminster, 470.000 euros; sir Adrian Swire, 300.000 por su granja en Oxfordshire; el duque de Malborough, 535.000 por su explotación de cereales, entre otros. La misma lógica se repite en países como Francia, Alemania o el Estado español. Según datos del gobierno francés, un cuarto del total de los agricultores no recibe ninguna ayuda, mientras que el 15% de las mayores explotaciones concentran seis de cada diez euros en subsidios (Watkins, 2003). Esta dinámica ha conducido a que, por ejemplo, en el Estado español, el 17% de los propietarios de las mayores explotaciones tengan unos ingresos muy por encima de la media general, mientras que el 60% de las explotaciones más pequeñas está por debajo de la misma (Intermón Oxfam, 2005).
Otro de los frentes de batalla en Europa, se da en la lucha contra los Organismos Modificados Genéticamente (OMG). El Estado español es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala y en consecuencia se ha convertido en la puerta trasera de entrada de OMG en el continente. Anualmente importa unos nueve millones de toneladas de soja y de maíz de países que han optado por el uso masivo de transgénicos como Estados Unidos, Argentina y Brasil, aproximadamente la mitad de los cuales procede de cultivos transgénicos que se incorporan a la cadena alimentaria humana y animal. Sus importadores (Cargill, Bunge, Simsa, ADM, etc.) no separan los cereales convencionales de los modificados genéticamente, contaminando masivamente las partidas (Greenpeace España, 2004). En Europa, al no darse una protección sistemática de las semillas convencionales y ecológicas y al aceptarse un umbral de contaminación accidental por transgénicos en las mismas, se atenta contra la libertad de elección de los campesinos y de los consumidores, a la vez que se ponen en peligro la producción agrícola convencional y orgánica.
Este modelo de agricultura industrial e intensiva, apoyada por la Unión Europea y los respectivos gobiernos, tiene un fuerte impacto social y medioambiental. En el Estado español, entre los años 1999 y 2003, desaparecieron 147.000 explotaciones familiares, provocando el despoblamiento de las zonas rurales, su empobrecimiento y la retirada de los servicios públicos esenciales (Intermón Oxfam, 2005). El impacto sobre el ecosistema no podía ser menor. La erosión de la tierra debido al uso excesivo de pesticidas y fertilizantes y su agotamiento por la ausencia de cultivos rotativos y períodos de barbecho; la pérdida de biodiversidad como consecuencia de la extensión de los monocultivos, el creciente uso de variedades híbridas y la degradación del ecosistema; y la contaminación y el agotamiento del agua, con un gasto excesivo en cultivos de regadío y con un impacto directo en el proceso de desertificación del territorio, han sido algunas de sus consecuencias.
Alternativas y resistencias
La imposibilidad para llevar a cabo una vida y un trabajo digno en el campo europeo ha generado una respuesta social activa. Sindicatos campesinos, organizaciones ecologistas, grupos de consumidores, entidades de comercio justo, redes de economía solidaria, entre muchas otras, se han puesto manos a la obra en distintos países para denunciar el impacto de las políticas agrícolas de la Unión Europea y la necesidad de plantear alternativas reales a las mismas. Unas respuestas que han sido dispares entre unos países y otros, en función del tejido asociativo local, pero que en mayor o menor medida han consistido en: la creación y el fortalecimiento de alianzas entre distintos sectores afectados por estas políticas agroalimentarias y la elaboración de alternativas prácticas en el ámbito de la producción agrícola, la distribución y el consumo.
En Francia, por ejemplo, se han desarrollado redes de solidaridad entre productores y consumidores a través de las AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). Una experiencia que parte de un “contrato solidario” entre un grupo de consumidores y un campesino local agroecológico, en base el cual los primeros pagan por adelantado el total de su consumo por un período determinado y el campesino les provee semanalmente de los productos de su huerta. Desde la creación de la primera AMAP, en abril del 2001 entre un grupo de consumidores de Aubagne y la explotación agrícola de las Olivades en la región de la Provenza, la experiencia se ha multiplicado por todo el país sumando hoy a 750 AMAP y suministrando a un total de 30 mil familias.
En otros países de Europa, experiencias como las de las AMAP se remontan a los años 60, cuando en Alemania, Austria o Suiza se empezaron a desarrollar iniciativas similares como consecuencia de la creciente industrialización de la producción agrícola. En Ginebra (Suiza), por ejemplo, es bien conocida la experiencia de Les Jardins de Cocagne, una cooperativa de productores y consumidores de verduras ecológicas que agrupa hoy a unos 400 hogares.
En Gran Bretaña, estas experiencias, que llevan funcionando desde los años 90, reciben el nombre de CSA (Community-Supported Agriculture) o “Vegetable box scheme”. A principios del 2007, existían en el país unas 600 iniciativas de este tipo, un 53% más respecto al año anterior, según datos de Soil Association/2, llegando a igualar el número de mercados locales campesinos que funcionan en el país (Times, 03/03/08)/3. En Bélgica, estas experiencias se han venido desarrollando más recientemente, a lo largo de los años 2006 y 2007, sobretodo en Bruselas, donde en la actualidad podemos encontrar a unos 200 hogares que reciben periódicamente fruta y verdura fresca a través de los GASAP (Groupes d'Achat Solidaires de l'Agriculture Paysanne).
En el Estado español, existen varias iniciativas de este tipo, algunas tienen un modelo muy parecido al de las AMAP francesas, como las cooperativas unitarias de producción-distribución-consumo de agricultura ecológica que reciben el nombre de Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH), principalmente en Madrid y sus alrededores. Otras, representan distintos modelos de funcionamiento y de relación con el productor, como las más de 70 cooperativas existentes en Cataluña, algunas de las cuales agrupadas en la coordinadora Ecoconsum. En Andalucía, iniciativas similares existen desde principios de los años 90.
Todas estas experiencias ponen de relieve que es posible llevar a cabo otro modelo de distribución y consumo de alimentos a partir de una relación directa con el campesino y en base a unos criterios de justicia ambiental y social. Unas prácticas que se han venido multiplicando en toda Europa en los últimos años, así como otras iniciativas que apuntan en la misma dirección: mercados campesinos, distribución directa, modelos de certificación participativa, huertas urbanas, etc.
A nivel político, se han desarrollado y fortalecido redes de coordinación de actores que trabajan en la producción, la distribución y el consumo de alimentos y que se ven afectados por el impacto de las políticas neoliberales en el sector. En Francia, se han dado varias experiencias de colaboración entre redes de economía solidaria como Minga, que agrupa a unas 800 asociaciones que trabajan a favor de un comercio justo local e internacional, el sindicato campesino Confédération Paysanne y otras organizaciones agroecológicas, campesinas y de consumo responsable.
En el Estado español, la Plataforma Rural es el espacio más amplio y diverso que agrupa desde campesinos a consumidores, pasando por ecologistas, ONGs... que apuestan por crear mayores lazos de solidaridad entre lo rural y lo urbano, fortalecer la vida en el campo y promover una agricultura social, ecológica y de proximidad. Desde la Plataforma Rural, se promueven campañas unitarias contra los transgénicos, las grandes superficies, la PAC, los agrocombustibles y a favor de la soberanía alimentaria, un comercio local, un turismo responsable, unos servicios públicos y de calidad en el campo, entre otros.
En el continente, una de las principales redes de referencia es la Coordinadora Europea de la Vía Campesina que agrupa a organizaciones y a sindicatos agrarios de Dinamarca, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos, España, Grecia, Malta y Turquía. Su objetivo es luchar contra las actuales políticas agrícolas y alimentarias promovidas por la Unión Europea en el marco de la PAC y apostar por una agricultura campesina diversa, vinculada al territorio y por un mundo rural vivo. La Coordinadora Europea de la Vía Campesina trabaja en coordinación con otros movimientos sociales en el marco del Foro Social Europeo y en otras campañas unitarias contra la PAC, contra los transgénicos, etc.
Un reto importante en el continente consiste en aumentar la articulación y la coordinación entre las distintas redes que se sienten partícipes del movimiento altermundialista y conseguir un trabajo conjunto y coordinado a favor de la soberanía alimentaria. El Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria, celebrado en Malí a principios del año 2007, con la participación de redes de mujeres, campesinos, pescadores, consumidores, pastores... es un buen ejemplo a repetir en Europa/4. De hecho, en países como Hungría o en el Estado español se está empezando a trabajar en esta dirección a partir de foros de carácter nacional. En definitiva, se trata de coordinar estrategias de acción a favor de la soberanía alimentaria a nivel local, nacional y continental e incluir a nuevos actores y sumar fuerzas para avanzar en esta lucha.
El reto no es nada fácil, pero resulta alentador comprobar cómo frente a las crecientes agresiones del sistema capitalista, quienes combaten la globalización neoliberal se unen en un frente común siguiendo la llamada de la Vía Campesina: “Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”.
La PAC actual, según la Coordinadora Europea de la Vía Campesina (2008), es resultado de una mala PAC desde antes de 1992 y de unas malas reformas según los criterios de la OMC en 1992, 1999 y 2003. La aplicación de la PAC, con la industrialización de la agricultura y el estímulo de los precios garantizados, generó un aumento de la producción agrícola y la consiguiente caída de los precios, reforzando una dinámica productivista con un fuerte impacto social y ecológico (Soler, 2007). Además, la PAC destina la mayor parte de sus ayudas a los grandes productores, en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares. Como señala el informe Goliat contra David. Quién gana y quién pierde con la PAC en España y en los países pobres (Intermón Oxfam, 2005): “Las millonarias ayudas de la PAC sostienen un modelo de producción intensiva que premia al que más tiene y provoca importantes distorsiones en mercados internacionales, a menudo a costa de los países en desarrollo” y añade que “tras la maraña legal y técnica que acompaña el funcionamiento del sistema se esconde un principio muy simple: cuanto más produces y más tierras posees –es decir, cuanto más rico eres-, más apoyo público recibes”.
Según datos de la Comisión Europea/1, en el año 2000, unos 2,3 millones de agricultores europeos recibieron tan sólo el 4% de las ayudas, mientras que el 5% de los mayores productores obtuvieron la mitad de las subvenciones. Ponemos algunos ejemplos. En Gran Bretaña, familias al frente de los rankings de las principales fortunas del país recibieron cuantiosas ayudas por parte de la UE: el duque de Westminster, 470.000 euros; sir Adrian Swire, 300.000 por su granja en Oxfordshire; el duque de Malborough, 535.000 por su explotación de cereales, entre otros. La misma lógica se repite en países como Francia, Alemania o el Estado español. Según datos del gobierno francés, un cuarto del total de los agricultores no recibe ninguna ayuda, mientras que el 15% de las mayores explotaciones concentran seis de cada diez euros en subsidios (Watkins, 2003). Esta dinámica ha conducido a que, por ejemplo, en el Estado español, el 17% de los propietarios de las mayores explotaciones tengan unos ingresos muy por encima de la media general, mientras que el 60% de las explotaciones más pequeñas está por debajo de la misma (Intermón Oxfam, 2005).
Otro de los frentes de batalla en Europa, se da en la lucha contra los Organismos Modificados Genéticamente (OMG). El Estado español es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala y en consecuencia se ha convertido en la puerta trasera de entrada de OMG en el continente. Anualmente importa unos nueve millones de toneladas de soja y de maíz de países que han optado por el uso masivo de transgénicos como Estados Unidos, Argentina y Brasil, aproximadamente la mitad de los cuales procede de cultivos transgénicos que se incorporan a la cadena alimentaria humana y animal. Sus importadores (Cargill, Bunge, Simsa, ADM, etc.) no separan los cereales convencionales de los modificados genéticamente, contaminando masivamente las partidas (Greenpeace España, 2004). En Europa, al no darse una protección sistemática de las semillas convencionales y ecológicas y al aceptarse un umbral de contaminación accidental por transgénicos en las mismas, se atenta contra la libertad de elección de los campesinos y de los consumidores, a la vez que se ponen en peligro la producción agrícola convencional y orgánica.
Este modelo de agricultura industrial e intensiva, apoyada por la Unión Europea y los respectivos gobiernos, tiene un fuerte impacto social y medioambiental. En el Estado español, entre los años 1999 y 2003, desaparecieron 147.000 explotaciones familiares, provocando el despoblamiento de las zonas rurales, su empobrecimiento y la retirada de los servicios públicos esenciales (Intermón Oxfam, 2005). El impacto sobre el ecosistema no podía ser menor. La erosión de la tierra debido al uso excesivo de pesticidas y fertilizantes y su agotamiento por la ausencia de cultivos rotativos y períodos de barbecho; la pérdida de biodiversidad como consecuencia de la extensión de los monocultivos, el creciente uso de variedades híbridas y la degradación del ecosistema; y la contaminación y el agotamiento del agua, con un gasto excesivo en cultivos de regadío y con un impacto directo en el proceso de desertificación del territorio, han sido algunas de sus consecuencias.
Alternativas y resistencias
La imposibilidad para llevar a cabo una vida y un trabajo digno en el campo europeo ha generado una respuesta social activa. Sindicatos campesinos, organizaciones ecologistas, grupos de consumidores, entidades de comercio justo, redes de economía solidaria, entre muchas otras, se han puesto manos a la obra en distintos países para denunciar el impacto de las políticas agrícolas de la Unión Europea y la necesidad de plantear alternativas reales a las mismas. Unas respuestas que han sido dispares entre unos países y otros, en función del tejido asociativo local, pero que en mayor o menor medida han consistido en: la creación y el fortalecimiento de alianzas entre distintos sectores afectados por estas políticas agroalimentarias y la elaboración de alternativas prácticas en el ámbito de la producción agrícola, la distribución y el consumo.
En Francia, por ejemplo, se han desarrollado redes de solidaridad entre productores y consumidores a través de las AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). Una experiencia que parte de un “contrato solidario” entre un grupo de consumidores y un campesino local agroecológico, en base el cual los primeros pagan por adelantado el total de su consumo por un período determinado y el campesino les provee semanalmente de los productos de su huerta. Desde la creación de la primera AMAP, en abril del 2001 entre un grupo de consumidores de Aubagne y la explotación agrícola de las Olivades en la región de la Provenza, la experiencia se ha multiplicado por todo el país sumando hoy a 750 AMAP y suministrando a un total de 30 mil familias.
En otros países de Europa, experiencias como las de las AMAP se remontan a los años 60, cuando en Alemania, Austria o Suiza se empezaron a desarrollar iniciativas similares como consecuencia de la creciente industrialización de la producción agrícola. En Ginebra (Suiza), por ejemplo, es bien conocida la experiencia de Les Jardins de Cocagne, una cooperativa de productores y consumidores de verduras ecológicas que agrupa hoy a unos 400 hogares.
En Gran Bretaña, estas experiencias, que llevan funcionando desde los años 90, reciben el nombre de CSA (Community-Supported Agriculture) o “Vegetable box scheme”. A principios del 2007, existían en el país unas 600 iniciativas de este tipo, un 53% más respecto al año anterior, según datos de Soil Association/2, llegando a igualar el número de mercados locales campesinos que funcionan en el país (Times, 03/03/08)/3. En Bélgica, estas experiencias se han venido desarrollando más recientemente, a lo largo de los años 2006 y 2007, sobretodo en Bruselas, donde en la actualidad podemos encontrar a unos 200 hogares que reciben periódicamente fruta y verdura fresca a través de los GASAP (Groupes d'Achat Solidaires de l'Agriculture Paysanne).
En el Estado español, existen varias iniciativas de este tipo, algunas tienen un modelo muy parecido al de las AMAP francesas, como las cooperativas unitarias de producción-distribución-consumo de agricultura ecológica que reciben el nombre de Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH), principalmente en Madrid y sus alrededores. Otras, representan distintos modelos de funcionamiento y de relación con el productor, como las más de 70 cooperativas existentes en Cataluña, algunas de las cuales agrupadas en la coordinadora Ecoconsum. En Andalucía, iniciativas similares existen desde principios de los años 90.
Todas estas experiencias ponen de relieve que es posible llevar a cabo otro modelo de distribución y consumo de alimentos a partir de una relación directa con el campesino y en base a unos criterios de justicia ambiental y social. Unas prácticas que se han venido multiplicando en toda Europa en los últimos años, así como otras iniciativas que apuntan en la misma dirección: mercados campesinos, distribución directa, modelos de certificación participativa, huertas urbanas, etc.
A nivel político, se han desarrollado y fortalecido redes de coordinación de actores que trabajan en la producción, la distribución y el consumo de alimentos y que se ven afectados por el impacto de las políticas neoliberales en el sector. En Francia, se han dado varias experiencias de colaboración entre redes de economía solidaria como Minga, que agrupa a unas 800 asociaciones que trabajan a favor de un comercio justo local e internacional, el sindicato campesino Confédération Paysanne y otras organizaciones agroecológicas, campesinas y de consumo responsable.
En el Estado español, la Plataforma Rural es el espacio más amplio y diverso que agrupa desde campesinos a consumidores, pasando por ecologistas, ONGs... que apuestan por crear mayores lazos de solidaridad entre lo rural y lo urbano, fortalecer la vida en el campo y promover una agricultura social, ecológica y de proximidad. Desde la Plataforma Rural, se promueven campañas unitarias contra los transgénicos, las grandes superficies, la PAC, los agrocombustibles y a favor de la soberanía alimentaria, un comercio local, un turismo responsable, unos servicios públicos y de calidad en el campo, entre otros.
En el continente, una de las principales redes de referencia es la Coordinadora Europea de la Vía Campesina que agrupa a organizaciones y a sindicatos agrarios de Dinamarca, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos, España, Grecia, Malta y Turquía. Su objetivo es luchar contra las actuales políticas agrícolas y alimentarias promovidas por la Unión Europea en el marco de la PAC y apostar por una agricultura campesina diversa, vinculada al territorio y por un mundo rural vivo. La Coordinadora Europea de la Vía Campesina trabaja en coordinación con otros movimientos sociales en el marco del Foro Social Europeo y en otras campañas unitarias contra la PAC, contra los transgénicos, etc.
Un reto importante en el continente consiste en aumentar la articulación y la coordinación entre las distintas redes que se sienten partícipes del movimiento altermundialista y conseguir un trabajo conjunto y coordinado a favor de la soberanía alimentaria. El Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria, celebrado en Malí a principios del año 2007, con la participación de redes de mujeres, campesinos, pescadores, consumidores, pastores... es un buen ejemplo a repetir en Europa/4. De hecho, en países como Hungría o en el Estado español se está empezando a trabajar en esta dirección a partir de foros de carácter nacional. En definitiva, se trata de coordinar estrategias de acción a favor de la soberanía alimentaria a nivel local, nacional y continental e incluir a nuevos actores y sumar fuerzas para avanzar en esta lucha.
El reto no es nada fácil, pero resulta alentador comprobar cómo frente a las crecientes agresiones del sistema capitalista, quienes combaten la globalización neoliberal se unen en un frente común siguiendo la llamada de la Vía Campesina: “Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”.
