AIDA M. PEREDA
Lumpen
La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dejado boquiabierto incluso al PP con su proposición de aumentar el número de soldados españoles en los conflictos internacionales. De ser así, España batirá el récord de efectivos en el exterior. No parece casual que ahora que EE.UU. va a desplazar sus tropas de Iraq a Afganistán, el Estado español se suba al carro para no dejar ni el mínimo resquicio de duda de que piensa apoyar a “su presidente del cambio” de forma incondicional. Es triste que el Gobierno socialista no atienda las voces de los ciudadanos. Al igual que desoyó Aznar los gritos de protesta de un pueblo unido en las manifestaciones contra la invasión de Iraq, Zapatero trata de excusarse alegando las supuestas diferencias de “legitimidad” entre una guerra y otra.
Según Chacón, el tope de 3.000 efectivos fijado en diciembre de 2005 (anteriormente era de 2.600) resulta ya “obsoleto”. ¿Desde cuándo las leyes tienen un período de vigencia tan caduco? ¿Acaso ha preguntado la ministra a los ciudadanos si creen necesario incrementar el gasto militar en tiempos de crisis? ¿Si desean extender la violencia disfrazada en uniformes “garantes” de los derechos humanos y matar civiles en defensa de la paz y el orden mundial?
A partir de 2009, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Defensa Nacional (LODN), será el Parlamento el que autorice cada misión y fije el número de militares necesarios. La titular de Defensa asegura que esta cantidad vendrá determinada “por la legalidad de la misión, por la voluntad de los españoles y por la capacidad de las Fuerzas Armadas”. Lo lamentable es este desacarado intento de tomarnos el pelo una y otra vez, como si no conociéramos el significado de estas tres premisas. La legalidad se puede inventar, la voluntad del pueblo se puede amordazar y la fuerza militar se puede imponer. De lo que habla es de establecer un tope que asciende a 7.700 militares, exactamente las cifras de alistamiento que nuestro flamante ejército maneja.
En la actualidad, España participa en seis “misiones de paz” y cuenta con 3.000 soldados desplegados en el exterior de forma permanente, concentrados en Afganistán (778), Líbano, Kosovo (623), Bosnia (341) y Chad. Sólo en 2008, el coste global de todas estas operaciones ha supuesto un gasto de 668 millones de euros (un 4% más que en 2007). Ahora, la ministra no sólo planea reforzar la presencia de efectivos españoles en Afganistán, sino también enviar un nuevo contingente a Somalia. Para variar, no existe debate en el Parlamento. Todos los grupos parlamentarios asintieron ante la iniciativa, excepto un tímido Gaspar Llamazares que se limitó a calificar el número de “excesivo”.
