Desde Amnistía Internacional a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, pasando por colectivos LGTB (Kesbianas, gays, bisexuales, transexuales), continúan las denuncias de vulneración de derechos de las personas LGTB
LAURA CORCUERA
Diagonal
El grupo europeo International Lesbian and Gay Association (ILGA), que elabora un informe anual exhaustivo sobre la vulneración de los derechos de las personas LGTB, apeló en las últimas elecciones al Parlamento Europeo a que todos los partidos políticos firmaran una promesa para promover la igualdad y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Muchos partidos de la izquierda asumieron estas propuestas en sus programas electorales. Incluyeron epígrafes por una regulación de las uniones de hecho que reconozca los mismos beneficios económicos (fiscalidad, seguridad social…) que el resto, el derecho de adopción, de adopción de la nacionalidad de la compañera/o extranjera, de asilo para las personas huidas de sus países por discriminación, convenios colectivos para garantizar los beneficios de los matrimonios, gratuidad de los procesos completos de cambio de sexo y su inclusión en la sanidad pública, así como el derecho de los/as trans a modificar su nombre y género en los registros civiles y en los documentos de identidad de cada país y la inclusión en las leyes de memoria histórica de la persecución sufrida por las personas LGTB en Europa durante el siglo XX.
Sin embargo, en los mismos textos políticos se presupone que las formas de relacionarse y vivir la sexualidad ya no se persiguen ni discriminan “tanto”. Pero frente a una voluntad política de plastilina, la desigualdad legal y social de las personas LGTB permanece en Europa. El 18 de diciembre de 2008, el Vaticano se opuso a la declaración de 66 miembros de Naciones Unidas por la despenalización universal de la homosexualidad. El papa católico Ratzinger sigue considerando la homosexualidad y la transexualidad como “amenazas para la humanidad”.
Aunque el Gobierno francés ha desclasificado este mes la transexualidad como enfermedad y ha solicitado que se descatalogue de los manuales internacionales, como ya se hizo con la homosexualidad (en 1972 del Manual de Desórdenes Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en 1990 de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS), la palabra “grupo de riesgo” sigue muy presente en los textos científicos y políticos en alusión al colectivo LGTB.
Crecen las fobias
El pasado abril, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales difundió un informe sobre las actitudes hacia las personas homosexuales y trans y alertó de la preocupante transhomofobia existente en Europa, en especial en los países del Este. El documento subraya que “las agresiones verbales odiosas y las discriminaciones en empleo y sanidad son más elevadas para las personas trans”, y concluye que sólo el 31% de la ciudadanía europea apoya la adopción por parte de parejas homosexuales (el Estado español supera un poco la media, con un 43%), y sólo un 44% aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo (en España, el 56%).
Amnistía Internacional acaba de condenar la decisión del Parlamento lituano de aprobar la Ley de Protección del Menor contra los Efectos Perniciosos de la Información Pública, que institucionaliza la homofobia y prohíbe cualquier mención a la homosexualidad en las escuelas, así como en medios de acceso a niños, colocando a la homosexualidad en el mismo plano que la presentación de cadáveres o cuerpos mutilados. Pero el caso que más choca es el de Holanda, donde la extrema derecha ha salido victoriosa en las últimas elecciones europeas [ver página 20-21]. Hasta ahora la situación de las libertades y derechos de las personas LGTB era incomparable. Gais, lesbianas, trans y bisexuales tenían una igualdad jurídica en todos los órdenes. Las relaciones homosexuales se despenalizaron en 1811 (con el paréntesis de la ocupación nazi), fue el primer país del mundo en aprobar en 2001 el matrimonio y adopción entre personas homosexuales, las mujeres lesbianas acceden sin problemas a las técnicas de reproducción asistida y una ley regula la modificación del registro civil de las personas trans. Y a pesar de este ejemplo democrático que ha sido referencia para las reivindicaciones de colectivos LGTB de otros países, el Consejo de Estado holandés acaba de dictaminar en un informe que los colegios pueden rechazar al profesorado por su orientación sexual.
En la UE la situación es desigual y las legislaciones, discriminatorias. En Grecia la edad del consentimiento no es la misma para actos homosexuales y heterosexuales. Tres países (Holanda, Bélgica y España) tienen leyes de matrimonio homosexual, y otros (Alemania, Francia, Reino Unido y los países nórdicos), leyes de parejas que equiparan (salvo en el nombre) los derechos de las uniones de personas del mismo sexo, pero 16 países no tienen ninguna legislación al respecto. Sólo 10 países tienen una prohibición de rango constitucional de discriminación basada en la orientación sexual.
Y aquí ¿qué?
Con una educación para la ciudadanía politizada hasta los topes, el tema que las asociaciones y organismos LGTB oficiales han elegido para la celebración de este 28 de junio es la educación y la homofobia. Pero abordar la diversidad sexual y las identidades de género en la educación no puede ser una campaña aislada de otras realidades que atraviesan el territorio español y europeo. En un contexto de analfabetismo emocional, relacional, sexual y de género, de las reivindicaciones de las personas LGTB subyace la necesidad de vincularse con otras minorías y proponer un concepto de igualdad que reforme el orden jurídico para representar y respetar el principio de la diferencia.
Sin embargo, en los mismos textos políticos se presupone que las formas de relacionarse y vivir la sexualidad ya no se persiguen ni discriminan “tanto”. Pero frente a una voluntad política de plastilina, la desigualdad legal y social de las personas LGTB permanece en Europa. El 18 de diciembre de 2008, el Vaticano se opuso a la declaración de 66 miembros de Naciones Unidas por la despenalización universal de la homosexualidad. El papa católico Ratzinger sigue considerando la homosexualidad y la transexualidad como “amenazas para la humanidad”.
Aunque el Gobierno francés ha desclasificado este mes la transexualidad como enfermedad y ha solicitado que se descatalogue de los manuales internacionales, como ya se hizo con la homosexualidad (en 1972 del Manual de Desórdenes Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en 1990 de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS), la palabra “grupo de riesgo” sigue muy presente en los textos científicos y políticos en alusión al colectivo LGTB.
Crecen las fobias
El pasado abril, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales difundió un informe sobre las actitudes hacia las personas homosexuales y trans y alertó de la preocupante transhomofobia existente en Europa, en especial en los países del Este. El documento subraya que “las agresiones verbales odiosas y las discriminaciones en empleo y sanidad son más elevadas para las personas trans”, y concluye que sólo el 31% de la ciudadanía europea apoya la adopción por parte de parejas homosexuales (el Estado español supera un poco la media, con un 43%), y sólo un 44% aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo (en España, el 56%).
Amnistía Internacional acaba de condenar la decisión del Parlamento lituano de aprobar la Ley de Protección del Menor contra los Efectos Perniciosos de la Información Pública, que institucionaliza la homofobia y prohíbe cualquier mención a la homosexualidad en las escuelas, así como en medios de acceso a niños, colocando a la homosexualidad en el mismo plano que la presentación de cadáveres o cuerpos mutilados. Pero el caso que más choca es el de Holanda, donde la extrema derecha ha salido victoriosa en las últimas elecciones europeas [ver página 20-21]. Hasta ahora la situación de las libertades y derechos de las personas LGTB era incomparable. Gais, lesbianas, trans y bisexuales tenían una igualdad jurídica en todos los órdenes. Las relaciones homosexuales se despenalizaron en 1811 (con el paréntesis de la ocupación nazi), fue el primer país del mundo en aprobar en 2001 el matrimonio y adopción entre personas homosexuales, las mujeres lesbianas acceden sin problemas a las técnicas de reproducción asistida y una ley regula la modificación del registro civil de las personas trans. Y a pesar de este ejemplo democrático que ha sido referencia para las reivindicaciones de colectivos LGTB de otros países, el Consejo de Estado holandés acaba de dictaminar en un informe que los colegios pueden rechazar al profesorado por su orientación sexual.
En la UE la situación es desigual y las legislaciones, discriminatorias. En Grecia la edad del consentimiento no es la misma para actos homosexuales y heterosexuales. Tres países (Holanda, Bélgica y España) tienen leyes de matrimonio homosexual, y otros (Alemania, Francia, Reino Unido y los países nórdicos), leyes de parejas que equiparan (salvo en el nombre) los derechos de las uniones de personas del mismo sexo, pero 16 países no tienen ninguna legislación al respecto. Sólo 10 países tienen una prohibición de rango constitucional de discriminación basada en la orientación sexual.
Y aquí ¿qué?
Con una educación para la ciudadanía politizada hasta los topes, el tema que las asociaciones y organismos LGTB oficiales han elegido para la celebración de este 28 de junio es la educación y la homofobia. Pero abordar la diversidad sexual y las identidades de género en la educación no puede ser una campaña aislada de otras realidades que atraviesan el territorio español y europeo. En un contexto de analfabetismo emocional, relacional, sexual y de género, de las reivindicaciones de las personas LGTB subyace la necesidad de vincularse con otras minorías y proponer un concepto de igualdad que reforme el orden jurídico para representar y respetar el principio de la diferencia.
