Se pregunta un informe de Naciones Unidas sobre las detenciones secretas
ANDY WORTHINGTON
Truthout (Traducido por Sinfo Fernández)
Un nuevo e importante informe sobre las políticas de detenciones secretas en todo el mundo, realizado por cuatro expertos en derechos humanos independientes de Naciones Unidas, concluye que: “A escala global, las detenciones secretas en relación con las políticas de contraterrorismo siguen siendo un grave problema”, y “si se recurre a ellas de forma sistemática y extendida, las detenciones secretas pueden alcanzar el umbral del crimen contra la humanidad”.
El informe, de 226 páginas, publicado el pasado miércoles como avance de una versión inédita, es la culminación de un estudio conjunto, que ha durado un año, del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o castigos degradantes, crueles e inhumanos, del Relator Especial para la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a la hora de contrarrestar el terrorismo, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias. Se presentará el próximo mes de marzo en el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En la introducción, los expertos de Naciones Unidas establecen que:
“Se mantiene a una persona en detención secreta si las autoridades del Estado actúan en virtud de su capacidad oficial, o determinadas personas actúan bajo las órdenes de las mismas, con autorización, consentimiento, apoyo o aquiescencia del Estado, o en cualquier otra situación en que la acción u omisión de la persona que lleva a cabo la acción de detener es atribuible al Estado y priva a otra persona/s de su libertad; cuando a esa persona no se le permite contacto alguno con el mundo exterior (“detención incomunicada”); y cuando el que detiene o cualquier otra autoridad competente niega, rechaza confirmar o desmentir, u oculta de forma activa, el hecho de que se ha privado a una persona de su libertad, que se la ha escondido del mundo exterior, por ejemplo, ante su familia, abogados independientes u organizaciones no gubernamentales, o cuando se niegan a proporcionar, u ocultan de forma activa, información sobre el destino o paradero del detenido/a”.
Después de repasar el origen histórico de las detenciones secretas –en un contexto legal y a través de numerosos ejemplos del siglo XX-, el informe se centra fundamentalmente en las detenciones secretas de los últimos nueve años, proporcionando un detallado relato de las políticas de EEUU tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y haciendo también un repaso de las prácticas de detenciones secretas llevadas a cabo en otros 25 países, entre los que figuran Argelia, China, Egipto, India, Iraq, Irán, Israel, Libia, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Sri Lanka, Sudán, Siria, Uganda y Zimbabwe.
Esas secciones contienen valiosos resúmenes, que explican cómo, en muchos casos, se utiliza el terrorismo como tapadera de políticas de detención secreta de naturaleza política. Sin embargo, el corazón del informe lo constituye un análisis detallado de las políticas de la “guerra contra el terror” de la administración Bush.
De particular preocupación para los autores del estudio conjunto -más allá de la ilegalidad global de todo el proyecto concebido y ejecutado por la administración Bush- es el destino de docenas de hombres mantenidos en prisiones secretas dirigidas por la CIA, o transferidos por la CIA a prisiones de otros países. Basándose en cifras reveladas en uno de los tristemente célebres “memorandum sobre la tortura” de la Oficina del Consejo Legal, escrito en mayo de 2005 por el Fiscal General Adjunto Stephen Bradbury, en mayo de 2005, la CIA había “asumido la custodia de 94 prisioneros y había utilizado técnicas reforzadas en diverso grado en los interrogatorios de 28 de esos detenidos”.
Los 28 hombres sometidos a “técnicas reforzadas” son claramente “detenidos de alto valor” –incluyendo a Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto cerebro de los ataques de 11/S, y Abu Zubaydah-, que fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006, pero ningún informe oficial ha explicado nunca qué sucedió con los otros 14 detenidos de alto valor, ni tampoco con la mayoría de los 66 hombres restantes.
El informe establece también que, como mínimo, se llevó a muchas docenas de otros prisioneros a cárceles de otros países.
Siguiendo la pista de esos hombres, el informe descubre el desarrollo del programa de detenciones secretas de EEUU, recurriendo a nuevas investigaciones de los registros de vuelos para demostrar que los aviones con los que se llevaron a cabo las entregas, cuidadosamente ocultados en los registros, volaron a Polonia, Rumania y Lituania. El informe también se refiere a la existencia de una instalación secreta dentro de Guantánamo, expuesta por Scott Horton en el Harper’s Magazine de la pasada semana, que hizo que los expertos señalaran que estaban “muy preocupados ante la posibilidad de que tres detenidos de Guantánamo (Salah Ahmed Al-Salami, Mani Shaman Al-Utaybi y Yasser Talal Al-Zahrani) pudieran haber muerto el 9 de junio de 2006 durante los interrogatorios realizados en esas instalaciones, en lugar de en sus propias celdas,”.
También se mencionan dos instalaciones, al parecer de tamaño reducido, en los Balcanes –dentro del Campo Bondsteel, en Kosovo, y en la Base Eagle en Tuzla, Bosnia-Herzegovina- y se afirma que la base Diego García, en el Océano Indico (un territorio británico arrendado a EEUU), se utilizó en 2005-2006 para retener allí a Mustafa Setmariam Nasar, una persona con dos nacionalidades, siria y española.
A partir del relato de otros prisioneros, el informe se centró en una serie de prisiones secretas en Afganistán, en particular, la “Prisión Oscura”, la “Salt Pit” y una instalación secreta dentro de la base aérea de Bagram. De los 94 hombres mencionados por Stephen Bradbury –menos los 14 trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006-, el informe establece que se liberó a ocho, que otros 23 fueron transferidos a Guantánamo (la mayoría en 2004), que cuatro más escaparon de Bagram en julio de 2005, que otros cuatro están aún en Bagram (tres de los cuales están esperando la sentencia de los tribunales de apelación estadounidenses sobre su exitosa petición de habeas corpus del pasado marzo) y que a otros cinco se les devolvió a Libia en 2006.
Entre estos cinco últimos figura Ibn al-Shaykh al-Libi, el “prisionero fantasma” más tristemente célebre de la CIA, quien confesó en falso, bajo las torturas a que le sometieron en Egipto, que había conexiones entre al-Qaida y Saddam Hussein, lo que se utilizó posteriormente para justificar la invasión de Iraq. Después de múltiples entregas a otros países, el retorno de al-Libi a Libia llegó a un final tenebroso en mayo pasado, cuando murió en misteriosas circunstancias.
Al referirse a otros prisioneros, cuyo paradero actual nadie se ha molestado en explicar, los expertos señalan: “Es probable que algunos de esos hombres hayan regresado a sus países de origen y que otros estén aún en Bagram”. Como expliqué en un artículo de la pasada semana, tras la publicación de la primera lista de prisioneros retenidos en Bagram, puede ser posible, efectivamente, que un puñado de esos hombres se encuentre allí, pero no todos ellos, y es, por tanto, imperativo que la publicación de esta lista sirva para presionar a la administración Obama para que revele detalles de todos los detenidos “desaparecidos”.
El informe examinaba también los casos de 35 hombres entregados por la CIA a Jordania, Egipto, Siria y Marruecos, entre 2001 y 2004. Al igual que en el caso de los “prisioneros fantasma” en Afganistán, muchos de esos hombres aparecieron después en Guantánamo o fueron liberados, pero no se conoce en absoluto el paradero de otros –especialmente de los de Siria y, probablemente, de otros hombres completamente desconocidos entregados a Egipto-, aunque algunos de los prisioneros entregados a Siria fueron llevados hasta allí en diversos vuelos ya en el año 2002, y, al menos en dos casos, eran tan sólo unos adolescentes en aquella fecha.
Hay también secciones sobre las detenciones secretas en Etiopía, Djibouti y Uzbekistán, y los expertos critican también a otros países por estar implicados en el programa, incluyendo a Australia, Canadá, Alemania, Italia, Kenia y el Reino Unido. Según Reuters, a lo largo del informe aparecen un total de 66 países implicados de una forma u otra en las prácticas de detenciones secretas, bien de forma independiente o como parte de la guerra contra el terror dirigida por EEUU.
Al concluir de revisar las políticas de detención estadounidenses desde el 11/S, los expertos se congratulan por el compromiso del Presidente Obama de revocar y repudiar muchas de las políticas de la administración Bush, incluyendo la clausura de todos los sitios negros de la CIA, pero exigen clarificación “sobre los detenidos que había en los ‘sitios negros’ de la CIA en Iraq y Afganistán o en otros lugares cuando el Presidente Obama llegó al poder, y qué sucedió con los detenidos retenidos en esa época”. También están “preocupados de que la Orden Ejecutiva que dio instrucciones a la CIA ‘para que cerrara cualquier instalación de detención actualmente operativa’ no se extienda a las instalaciones donde la CIA tiene detenidos a individuos en ‘función de una base transitoria de un plazo corto’” y, a la luz de las sugerencias de Scott Horton de que la instalación secreta en Guantánamo puede haber estado dirigida por el Mando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC, por sus siglas en inglés), señalan que la orden “no parece extenderse a las instalaciones de detención controladas por” el JSOC.
Pero esas no son sus únicas preocupaciones. Aunque se felicitan por la puesta en marcha de una nueva política en agosto de 2009, en función de la cual se deben notificar al Comité Internacional de la Cruz Roja todos los nombres de los prisioneros a las dos semanas de su captura, señalan que “no hay justificación legal para ese período de dos semanas de detención secreta”, porque el Convenio de Ginebra permite sólo una semana, y también debido al temor de que se retenga a prisioneros que no fueron capturados en el campo de batalla y que en realidad pueden ser, como señalé en un artículo en septiembre, prisioneros que se han llevado a las instalaciones al margen del control del ejército (en Bagram, en Afganistán, y en el Campo Nama, en Iraq). Los expertos explicaron que habían “indicado con preocupación las informaciones aparecidas en los medios que citan a actuales funcionarios del gobierno diciendo que ‘se ha incrementado la importancia de Bagram como lugar donde se retiene a sospechosos de terrorismo capturados fuera de Afganistán e Iraq bajo la administración Obama, que prohibió a la CIA que utilizara sus prisiones secretas para detenciones de larga duración’”.
La preocupación última de los expertos se refiere al nuevo sistema de revisión de las situaciones de los prisioneros de Bagram. Señalan que la decisión de reemplazar el sistema existente, del que el juez de los casos de habeas del pasado marzo describió como un proceso que “no cumple siquiera lo que el Tribunal Supremo valoró como inadecuado en Guantánamo”, era más inadecuado aún. Por ello explican:
“El nuevo sistema de revisión no tiene en cuenta el hecho de que los detenidos en una zona de guerra activa deben estar sujetos a las Convenciones de Ginebra, y deben ser investigados cerca del momento y lugar de captura si hay alguna duda sobre su estatus, y no se les someterá a revisiones en momento alguno tras su captura para determinar si deberían continuar detenidos”.
También estaban “preocupados de que el sistema parezca tener como objetivo específico impedir que los tribunales estadounidenses pueden tener acceso a los detenidos extranjeros en otros países que se entregaron después en Bagram”, y a pesar de su satisfacción por la publicación de los nombres de 645 prisioneros en Bagram, instan al gobierno estadounidense a “proporcionar información sobre la ciudadanía, duración de la detención y lugar de captura de todos los detenidos actualmente retenidos dentro de la Base Aérea de Bagram”.
Aunque el informe es bastante extenso, podía anticiparse la respuesta de la administración estadounidense ante sus hallazgos acerca del legado de prisioneros “desaparecidos” de la administración Bush y su enfoque en relación a algunas zonas oscuras de las actuales políticas de Obama. Sin embargo, hasta ahora, sólo ha habido silencio por parte de las autoridades estadounidenses, y sólo los británicos, quejándose de afirmaciones “irresponsables y no comprobadas”, se han atrevido hasta el momento a desafiar su bien relatada complicidad en las políticas de detenciones secretas, lo que confirma que, un año después de que Obama llegara al poder, no parecen haberse desterrado de verdad todos los aspectos relativos a la guerra contra el terror.
El informe, de 226 páginas, publicado el pasado miércoles como avance de una versión inédita, es la culminación de un estudio conjunto, que ha durado un año, del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o castigos degradantes, crueles e inhumanos, del Relator Especial para la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a la hora de contrarrestar el terrorismo, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias. Se presentará el próximo mes de marzo en el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En la introducción, los expertos de Naciones Unidas establecen que:
“Se mantiene a una persona en detención secreta si las autoridades del Estado actúan en virtud de su capacidad oficial, o determinadas personas actúan bajo las órdenes de las mismas, con autorización, consentimiento, apoyo o aquiescencia del Estado, o en cualquier otra situación en que la acción u omisión de la persona que lleva a cabo la acción de detener es atribuible al Estado y priva a otra persona/s de su libertad; cuando a esa persona no se le permite contacto alguno con el mundo exterior (“detención incomunicada”); y cuando el que detiene o cualquier otra autoridad competente niega, rechaza confirmar o desmentir, u oculta de forma activa, el hecho de que se ha privado a una persona de su libertad, que se la ha escondido del mundo exterior, por ejemplo, ante su familia, abogados independientes u organizaciones no gubernamentales, o cuando se niegan a proporcionar, u ocultan de forma activa, información sobre el destino o paradero del detenido/a”.
Después de repasar el origen histórico de las detenciones secretas –en un contexto legal y a través de numerosos ejemplos del siglo XX-, el informe se centra fundamentalmente en las detenciones secretas de los últimos nueve años, proporcionando un detallado relato de las políticas de EEUU tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y haciendo también un repaso de las prácticas de detenciones secretas llevadas a cabo en otros 25 países, entre los que figuran Argelia, China, Egipto, India, Iraq, Irán, Israel, Libia, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Sri Lanka, Sudán, Siria, Uganda y Zimbabwe.
Esas secciones contienen valiosos resúmenes, que explican cómo, en muchos casos, se utiliza el terrorismo como tapadera de políticas de detención secreta de naturaleza política. Sin embargo, el corazón del informe lo constituye un análisis detallado de las políticas de la “guerra contra el terror” de la administración Bush.
De particular preocupación para los autores del estudio conjunto -más allá de la ilegalidad global de todo el proyecto concebido y ejecutado por la administración Bush- es el destino de docenas de hombres mantenidos en prisiones secretas dirigidas por la CIA, o transferidos por la CIA a prisiones de otros países. Basándose en cifras reveladas en uno de los tristemente célebres “memorandum sobre la tortura” de la Oficina del Consejo Legal, escrito en mayo de 2005 por el Fiscal General Adjunto Stephen Bradbury, en mayo de 2005, la CIA había “asumido la custodia de 94 prisioneros y había utilizado técnicas reforzadas en diverso grado en los interrogatorios de 28 de esos detenidos”.
Los 28 hombres sometidos a “técnicas reforzadas” son claramente “detenidos de alto valor” –incluyendo a Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto cerebro de los ataques de 11/S, y Abu Zubaydah-, que fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006, pero ningún informe oficial ha explicado nunca qué sucedió con los otros 14 detenidos de alto valor, ni tampoco con la mayoría de los 66 hombres restantes.
El informe establece también que, como mínimo, se llevó a muchas docenas de otros prisioneros a cárceles de otros países.
Siguiendo la pista de esos hombres, el informe descubre el desarrollo del programa de detenciones secretas de EEUU, recurriendo a nuevas investigaciones de los registros de vuelos para demostrar que los aviones con los que se llevaron a cabo las entregas, cuidadosamente ocultados en los registros, volaron a Polonia, Rumania y Lituania. El informe también se refiere a la existencia de una instalación secreta dentro de Guantánamo, expuesta por Scott Horton en el Harper’s Magazine de la pasada semana, que hizo que los expertos señalaran que estaban “muy preocupados ante la posibilidad de que tres detenidos de Guantánamo (Salah Ahmed Al-Salami, Mani Shaman Al-Utaybi y Yasser Talal Al-Zahrani) pudieran haber muerto el 9 de junio de 2006 durante los interrogatorios realizados en esas instalaciones, en lugar de en sus propias celdas,”.
También se mencionan dos instalaciones, al parecer de tamaño reducido, en los Balcanes –dentro del Campo Bondsteel, en Kosovo, y en la Base Eagle en Tuzla, Bosnia-Herzegovina- y se afirma que la base Diego García, en el Océano Indico (un territorio británico arrendado a EEUU), se utilizó en 2005-2006 para retener allí a Mustafa Setmariam Nasar, una persona con dos nacionalidades, siria y española.
A partir del relato de otros prisioneros, el informe se centró en una serie de prisiones secretas en Afganistán, en particular, la “Prisión Oscura”, la “Salt Pit” y una instalación secreta dentro de la base aérea de Bagram. De los 94 hombres mencionados por Stephen Bradbury –menos los 14 trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006-, el informe establece que se liberó a ocho, que otros 23 fueron transferidos a Guantánamo (la mayoría en 2004), que cuatro más escaparon de Bagram en julio de 2005, que otros cuatro están aún en Bagram (tres de los cuales están esperando la sentencia de los tribunales de apelación estadounidenses sobre su exitosa petición de habeas corpus del pasado marzo) y que a otros cinco se les devolvió a Libia en 2006.
Entre estos cinco últimos figura Ibn al-Shaykh al-Libi, el “prisionero fantasma” más tristemente célebre de la CIA, quien confesó en falso, bajo las torturas a que le sometieron en Egipto, que había conexiones entre al-Qaida y Saddam Hussein, lo que se utilizó posteriormente para justificar la invasión de Iraq. Después de múltiples entregas a otros países, el retorno de al-Libi a Libia llegó a un final tenebroso en mayo pasado, cuando murió en misteriosas circunstancias.
Al referirse a otros prisioneros, cuyo paradero actual nadie se ha molestado en explicar, los expertos señalan: “Es probable que algunos de esos hombres hayan regresado a sus países de origen y que otros estén aún en Bagram”. Como expliqué en un artículo de la pasada semana, tras la publicación de la primera lista de prisioneros retenidos en Bagram, puede ser posible, efectivamente, que un puñado de esos hombres se encuentre allí, pero no todos ellos, y es, por tanto, imperativo que la publicación de esta lista sirva para presionar a la administración Obama para que revele detalles de todos los detenidos “desaparecidos”.
El informe examinaba también los casos de 35 hombres entregados por la CIA a Jordania, Egipto, Siria y Marruecos, entre 2001 y 2004. Al igual que en el caso de los “prisioneros fantasma” en Afganistán, muchos de esos hombres aparecieron después en Guantánamo o fueron liberados, pero no se conoce en absoluto el paradero de otros –especialmente de los de Siria y, probablemente, de otros hombres completamente desconocidos entregados a Egipto-, aunque algunos de los prisioneros entregados a Siria fueron llevados hasta allí en diversos vuelos ya en el año 2002, y, al menos en dos casos, eran tan sólo unos adolescentes en aquella fecha.
Hay también secciones sobre las detenciones secretas en Etiopía, Djibouti y Uzbekistán, y los expertos critican también a otros países por estar implicados en el programa, incluyendo a Australia, Canadá, Alemania, Italia, Kenia y el Reino Unido. Según Reuters, a lo largo del informe aparecen un total de 66 países implicados de una forma u otra en las prácticas de detenciones secretas, bien de forma independiente o como parte de la guerra contra el terror dirigida por EEUU.
Al concluir de revisar las políticas de detención estadounidenses desde el 11/S, los expertos se congratulan por el compromiso del Presidente Obama de revocar y repudiar muchas de las políticas de la administración Bush, incluyendo la clausura de todos los sitios negros de la CIA, pero exigen clarificación “sobre los detenidos que había en los ‘sitios negros’ de la CIA en Iraq y Afganistán o en otros lugares cuando el Presidente Obama llegó al poder, y qué sucedió con los detenidos retenidos en esa época”. También están “preocupados de que la Orden Ejecutiva que dio instrucciones a la CIA ‘para que cerrara cualquier instalación de detención actualmente operativa’ no se extienda a las instalaciones donde la CIA tiene detenidos a individuos en ‘función de una base transitoria de un plazo corto’” y, a la luz de las sugerencias de Scott Horton de que la instalación secreta en Guantánamo puede haber estado dirigida por el Mando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC, por sus siglas en inglés), señalan que la orden “no parece extenderse a las instalaciones de detención controladas por” el JSOC.
Pero esas no son sus únicas preocupaciones. Aunque se felicitan por la puesta en marcha de una nueva política en agosto de 2009, en función de la cual se deben notificar al Comité Internacional de la Cruz Roja todos los nombres de los prisioneros a las dos semanas de su captura, señalan que “no hay justificación legal para ese período de dos semanas de detención secreta”, porque el Convenio de Ginebra permite sólo una semana, y también debido al temor de que se retenga a prisioneros que no fueron capturados en el campo de batalla y que en realidad pueden ser, como señalé en un artículo en septiembre, prisioneros que se han llevado a las instalaciones al margen del control del ejército (en Bagram, en Afganistán, y en el Campo Nama, en Iraq). Los expertos explicaron que habían “indicado con preocupación las informaciones aparecidas en los medios que citan a actuales funcionarios del gobierno diciendo que ‘se ha incrementado la importancia de Bagram como lugar donde se retiene a sospechosos de terrorismo capturados fuera de Afganistán e Iraq bajo la administración Obama, que prohibió a la CIA que utilizara sus prisiones secretas para detenciones de larga duración’”.
La preocupación última de los expertos se refiere al nuevo sistema de revisión de las situaciones de los prisioneros de Bagram. Señalan que la decisión de reemplazar el sistema existente, del que el juez de los casos de habeas del pasado marzo describió como un proceso que “no cumple siquiera lo que el Tribunal Supremo valoró como inadecuado en Guantánamo”, era más inadecuado aún. Por ello explican:
“El nuevo sistema de revisión no tiene en cuenta el hecho de que los detenidos en una zona de guerra activa deben estar sujetos a las Convenciones de Ginebra, y deben ser investigados cerca del momento y lugar de captura si hay alguna duda sobre su estatus, y no se les someterá a revisiones en momento alguno tras su captura para determinar si deberían continuar detenidos”.
También estaban “preocupados de que el sistema parezca tener como objetivo específico impedir que los tribunales estadounidenses pueden tener acceso a los detenidos extranjeros en otros países que se entregaron después en Bagram”, y a pesar de su satisfacción por la publicación de los nombres de 645 prisioneros en Bagram, instan al gobierno estadounidense a “proporcionar información sobre la ciudadanía, duración de la detención y lugar de captura de todos los detenidos actualmente retenidos dentro de la Base Aérea de Bagram”.
Aunque el informe es bastante extenso, podía anticiparse la respuesta de la administración estadounidense ante sus hallazgos acerca del legado de prisioneros “desaparecidos” de la administración Bush y su enfoque en relación a algunas zonas oscuras de las actuales políticas de Obama. Sin embargo, hasta ahora, sólo ha habido silencio por parte de las autoridades estadounidenses, y sólo los británicos, quejándose de afirmaciones “irresponsables y no comprobadas”, se han atrevido hasta el momento a desafiar su bien relatada complicidad en las políticas de detenciones secretas, lo que confirma que, un año después de que Obama llegara al poder, no parecen haberse desterrado de verdad todos los aspectos relativos a la guerra contra el terror.
