Las medicinas caducadas que llevamos a la farmacia no se destruyen. Son arrojadas a un gran vertedero en Galicia, que ya tiene 12.000 toneladas.
PACO REGO
El Mundo
Una alambrada marca la frontera. A un lado, los montes verdes que dan cauce al río Lengüelle, afluente del Tambre que da de beber a Santiago de Compostela. Al otro lado, el vertedero exclusivo donde se deberían incinerar todas las medicinas caducadas de España. Una bomba de relojería a cielo abierto. Doce mil toneladas de fármacos (penicilinas, barbitúricos, hormonas, anticonceptivos...) mezclados con basura urbana en descomposición. Seis años de silencio.
-Las camionetas llegaban a diario cargadas de medicamentos caducados, sin las cajas, y se vaciaban directamente al basurero.
Habla a Crónica quien ha sido testigo directo de una barbaridad medioambiental sin precedentes. El escenario, el vertedero público de Areosa, en el municipio coruñés de Cerceda, propiedad de la Xunta de Galicia. Algo muy gordo ha fallado. Detrás de la alambrada, en realidad, hay un auténtico botiquín explosivo: fármacos contaminantes que podrían filtrarse hasta las aguas; bacterias que podrían hacerse resistentes a las penicilinas...
El desastre también tiene su vertiende crematística. Cerca de 45 millones de euros, el dinero invertido por la industria farmacéutica desde 2002 para que los medicamentos en desuso no se tiren a un contenedor o por los desagües de las casas, han terminado en la basura. El plan, pionero en Europa, para organizar de una vez por todas la recogida y destrucción de fármacos desechados falla en su último y definitivo eslabón: la incineración.
-¿Por qué no se han quemado en estos años?
-Porque no había, ni hay, los hornos adecuados para quemar las medicinas. No hay capacidad ni para todos los residuos comunes -añade la misma fuente.
-¿Lo sabían los jefes?
-Sí. Todo el mundo, en mayor o menor grado, era consciente de que muchas cosas se estaban haciendo mal. Lo que pasa es que nadie quiere perder su trabajo. Todos, incluidos los trabajadores, saben que se la juegan.
Hay miedo en el vertedero. Amenazas de muerte, vertidos incontrolados a un río, despidos, investigaciones de la Guardia Civil en marcha...Y toneladas de medicinas recogidas durante seis años en las 20.500 farmacias de todo el país que en verdad no se han incinerado.¿Quién responde ahora de tamaño escándalo? ¿Cómo explicar a los ciudadanos que todas esas medicinas viejas que llevaban a la farmacia de su barrio, confiados en que así se destruirían y no terminarían dañando el medio ambiente, han acabado mezcladas con basura común en un vertedero gallego?
«Nosotros somos los primeros en sentirnos engañados. La incineración es parte fundamental de un programa ecológico que hemos puesto en marcha y que ellos [los gallegos] se comprometieron por escrito a realizar. No entiendo qué ha podido pasar. Son unos irresponsables», dice apretándose los puños sobre la mesa Juan Carlos Mampaso, el máximo gestor del Sistema integrado de gestión y recogida de envases (Sigre).
Todo arranca en 2002. Se vende a bombo y platillo a la opinión pública. Unos contenedores cilíndricos, pintados de blanco y verde, señalan en las boticas repartidas por toda la geografía nacional el lugar preciso para depositar los fármacos sobrantes.Era el primer paso de una cadena de recogida diseñada al detalle con criterios ecológicos. Alrededor de 140 almacenes, diseminados por las principales capitales, y una amplia flota de camionetas (las mismas que abastecen a las farmacias) completan la tarea.
El plan funciona. O eso parece. Diez toneladas de medicinas salen cada día rumbo a Galicia. Su destino es la planta de clasificación y selección que una empresa privada, Danigal, que se ocupa de la gestión de residuos, tiene muy cerca del vertedero público coruñés. Allí, siguiendo la hoja de ruta establecida por Sigre, cliente de Danigal, el cartón y los plásticos se separan para su posterior reciclado. Hasta ahí, todo correcto. Otro cantar es el destino que se les daba a las medicinas, según se descubre ahora. Al no incinerarse los residuos, todo el plan de las farmacéuticas se derrumba como un castillo de naipes. Los gestores del Sigre ya preparan la querella contra Danigal, a la que contrató para llevar a cabo su plan completo, conscientes del duro golpe que se venía dando a sus espaldas a un programa ecológico modélico en el que han arrimado el hombro las 17 comunidades y el Gobierno central.
Lo que ahora Sigre saca a la luz ya había sido gritado, con poco éxito, desde algunas formaciones políticas y sindicales gallegas.«Lo hemos denunciado en el Parlamento y pedido al consejero de Medio Ambiente que explique por qué se ha consentido semejante barbaridad», asegura el responsable de medioambiente del PP en Galicia, Jaime Castiñeiras. «Aquí huele a podrido, y no sólo por las basuras», añade Enrique Llames, jefe del área ecológica de CCOO.
Son pocos los que están dispuestos a dar la cara. Crónica ha intentado varias veces hablar con el consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, Pachi, como le llaman sus paisanos. «El señor Vázquez nada tiene que ver con este asunto», zanjan desde su gabinete, en Santiago de Compostela. Una respuesta cuanto menos sorprendente, pues el polémico basurero pertenece a la Sociedad Gallega de Medio Ambiente (Sogama), creada por la Xunta, y mantiene acuerdos con Danigal.
El pasado 29 de diciembre, ocho agentes del Seprona, el grupo de la Guardia Civil encargado de perseguir delitos ecológicos, registró la sede de Sogama -su presidente, José Alvarez, tampoco ha querido dar explicaciones a este suplemento- y se incautó de diversos archivos de ordenador y documentos oficiales de la sociedad dueña del basurero. Buscaban, al parecer, indicios de «un delito continuado contra el medioambiente y los recursos naturales» provocado por residuos tóxicos procedentes del vertedero.De hecho, Sogama sólo estaría depurando la tercera parte de los líquidos sucios de su planta.
¿Qué pasaría si estos líquidos fueran a parar al río Lengüelles, situado a poco más de 500 metros del vertedero, cargados de restos de medicamentos?
«La mezcla de fármacos y residuos urbanos en un vertedero produce reacciones químicas cuyo resultado es impredecible», asegura Raúl Vieira, bioquímico de profesión y uno de los mayores expertos en el tratamiento de residuos peligrosos. «Incluso se pueden generar virus y bacterias que en contacto con una gran masa de medicamentos sin tratar se hagan resistentes. Es el caso de las penicilinas». ¿Y si alcanzasen el río? «No hay depuradora que los frene. Y peor aún si los fármacos proceden, como en este caso, de un vertedero. Se produce un cóctel químico que actúa como lo hacen las hormonas. Son los llamados disrruptores endrocrinos.Ya ocurrió en el río Llobregat y los peces, por ejemplo, cambiaron de sexo». Y en las personas, ¿qué pasaría? «Todavía es pronto para saberlo. Esto es como jugar a la ruleta rusa», concluye Vieira.
Ramón Pérez Mariño, ex jefe del área Técnica de Sogama, nunca ha jugado con balas aunque las ha recibido en forma de amenazas.Sus continuas denuncias sobre el mal estado del vertedero -y de las prácticas irregulares de sus superiores-, no sólo le han llevado al paro. Lo acredita un documento en poder de Crónica.En él, Mariño asegura ante el Seprona de la Guardia Civil de A Coruña (19-12-2008) que el jefe de planta del vertedero, José Antonio Ribeiro, «le amenazó de muerte». Dice más: «No era la primera vez que lo hacía».
El testimonio de otro defenestrado lo corrobora. El ya ex abogado del área jurídica y de personal de Sogama, José María Hernández Sanmamed, certifica tres días después (22-12-2008) en las mismas dependencias de la Benemérita, que ya en mayo de 2006 fue testigo directo de las brutales amenazas. Ocurrió, dice, en mayo de 2006 a la salida de un restaurante y en presencia del consejero delegado de Sogama, Francisco Bustío (abandonó su cargo el pasado octubre).«Ribeiro, al tiempo que le profería diversos insultos, le amenazó diciéndole que le iba a matar». Y añade el letrado: «Todas estas amenazas vienen como consecuencia de que Mariño exigía el cumplimiento con exactitud de la gestión del vertedero [...]. Y esto molestaba a Ribeiro, que lo que pretendía era realizar barbaridades dentro del vertedero».
Al otro lado de la alambrada el silencio es ley. Hay miedo dentro y fuera del vertedero. Una bomba química podría estallar.
Sólo falta saber cuándo.
