Se cumplen 20 años de la primera declaración colectiva de insumisión, el más exitoso movimiento de desobediencia
JAVIER SALAS
Los pioneros de un mundo sin guerras son los jóvenes que rechazan cumplir el servicio militar", aseguran que dijo Albert Einstein. En España, los pioneros dieron su gran salto el 20 de febrero de 1989: 57 jóvenes objetores en busca y captura se presentaron ante las autoridades militares para reafirmar su negativa a realizar el servicio militar y su insumisión a la legislación de objeción de conciencia. Se cumplen dos décadas, por tanto, de la constitución de uno de los movimientos de desobediencia civil con más éxito, pues logró su objetivo final: acabar con la mili.
De aquellas historias de huelgas de hambre y penas de cárcel, ha pasado mucho tiempo, pero no están completamente olvidadas. Este mismo mes, un joven de Vilafranca del Penedès, David Sánchez, estuvo a punto de ingresar en prisión por su pasado como insumiso. Condenado a dos años de cárcel en el año 2000 por desórdenes públicos en una manifestación antifascista, estuvo a punto de ir a la cárcel por sus antecedentes por el delito de insumisión. Un delito que, según la legislación vigente, debía de haber sido cancelado de oficio como todos los antecedentes penales derivados de esa insumisión, incluso en el supuesto de sentencias ejecutadas. Aun así, a la magistrada del juzgado de lo penal de Barcelona le pareció oportuno servirse de estos antecedentes, ya inexistentes, para mandar a prisión al joven antisistema.
Los pioneros, víctimas de Franco
Aunque el primer insumiso español fue Antonio Gargallo Mejía, un testigo de Jehová que fue fusilado durante la Guerra Civil por rehusar integrarse en el ejército franquista, el movimiento insumiso español tiene sus orígenes en los últimos años del franquismo. En 1972, tuvo lugar el primero de los dos consejos de guerra a los que se enfrentó Pepe Beunza, el verdadero pionero. Él no alegó motivos religiosos, como hacían los testigos de Jehová: "Ellos esperaban la llegada del fin del mundo para resolver los problemas", recuerda Beunza, "pero se trataba de cambiar el mundo, aquí y ahora, no de esperar a su final".
Procesado por la legislación militar del franquismo, Beunza no tenía derecho a un alegato final que sí tuvieron sus herederos durante la democracia. Aun así, trató de leer un discurso ante el tribunal que le juzgaba. "Creo que estamos ante un signo de los tiempos, un signo beneficioso que ustedes no podrán frenar ni con cárceles ni con castigos", es una de las frases que Beunza no pudo declamar. Sólo le dejaron leer 15 líneas.
"Fue una lucha muy dura", reclama, "que yo viví por aquellos tiempos muy en solitario". El insumiso pasó casi tres años en distintas prisiones por su apuesta decidida por la resistencia no violenta en una época en la que "la lucha armada todavía estaba muy mitificada", recuerda.
La lucha iniciada en el 89 creó un movimiento de objeción de conciencia donde hasta el momento sólo había aislados mártires de la causa. "Entre todos, cumplimos más de 1.000 años de cárcel", asegura Beunza. Un esfuerzo humano de lo más generoso, el de los objetores, que logró recoger sus frutos para todos los demás ciudadanos mucho antes de lo imaginable.
Pasaron 16 años hasta que se aprobó la ley que reconocía el derecho a la prestación social sustitutoria. Una ley que no cubría las expectativas de los objetores más radicales, que se reconvirtieron en insumisos a esa regulación, pero sí las de la mayoría silenciosa hasta entonces de los españoles. En 1988, para atender a la primera hornada de objetores, Cruz Roja ofertó 500 plazas; diez años después, ya había más objetores que soldados de reemplazo. Aunque los planes para la definitiva profesionalización del Ejército estaban pensados para mucho más tarde, los responsables políticos y militares se vieron obligados a adelantarlo. "Se estuvo a punto de conseguir el sueño de todo antimilitarista: que no acudiera nadie a un reemplazo", recuerda Beunza entusiasmado.
La esperada reforma
En 1992, fue aprobada la Ley de Reforma del Servicio Militar, que remitía los casos de insumisión a la jurisdicción civil, pero que, en cambio, aumentaba las penas a 28 meses de cárcel. Fue a partir de entonces, a mediados de los noventa, cuando los insumisos se enfrentaron a un momento decisivo. Perico Oliver, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, recuerda que el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, trató de criminalizar el movimiento. "El PSOE, con Belloch al frente, intentó relacionar insumisión con ETA, con radicales abertzales, tratándonos con desdén y desprecio. Pero sólo éramos un grupo de antisistemas", dice Oliver.
El éxito de la objeción de conciencia se llegó a menospreciar desde el Gobierno llamándola "objeción de conveniencia", a pesar de que la propia Constitución recoge expresamente este derecho en su artículo 30.2: "La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria".
En cualquier caso, los insumisos tenían un último as en la manga. Supieron jugar esa mano acumulando fuerzas a partir de otros movimientos sociales en crisis y apostando por valores pedagógicos a los que la sociedad no se podía resistir. La paz y la no violencia, frente a la mala imagen de un Ejército que en los años ochenta arrastraba una imagen demasiado relacionada con el franquismo, comenzaron sumar una jugada ganadora.
Con el paso de los años, fue al gobierno que presidió José María Aznar (PP) a quien le correspondió firmar la defunción definitiva del servicio militar obligatorio en España. La ciudadanía había dictado su veredicto mucho tiempo antes: el servicio militar no era más que "la puta mili" y el Ejército profesional, una necesidad apremiante por la falta de nuevas vocaciones.
