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El Parlamento Europeo acaba de aprobar un nuevo informe demoledor sobre el urbanismo en España, en el que llega a sugerir la interrupción de fondos que no sean utilizados de forma acorde con las normativas europeas y a pedir una moratoria "de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social". Hablamos con la ponente de este texto, la eurodiputada danesa de Los Verdes /Alianza Libre Europea, Margrete Auken.
"Este documento se ha hecho en respuesta a las más de 15.000 reclamaciones recibidas en la Comisión de Peticiones por ciudadanos de toda Europa. Alemanes ingleses, polacos... y sobre todo españoles. La gran mayoría de las personas que han pedido a gritos que las instituciones europeas tomen partido en los abusos urbanísticos de muchas zonas de España, han sido los propios españoles", cuenta Auken. Y es que "el desenfrenado urbanismo ha afectado gravemente al medio ambiente y a la vida de muchas personas", afirma esta eurodiputada de 64 años.
El informe, que ha sido aprobado en la Comisión del Parlamento Europeo con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, señala que "esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa".
Por ello, "la Comisión ya ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos en diferentes comunidades españolas" e incide en que "las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones (...) y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
¿Qué opinas del urbanismo en España? "He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista", afirma la eurodiputada, quien quiere dejar claro que el informe no sólo hace referencia a la corrupción urbanística, sino más bien al modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo en muchas ciudades y costas del país. "La corrupción forma parte de esta situación, pero lo más grave de todo esto es que estas personas que han cometiendo un fraude, no han estado trabajando, no han ejercido bien sus competencias y el precio que se está pagando es el colapso del sistema urbanístico español", cuenta esta danesa, que lamenta que muchas áreas del país estén totalmente "minadas" y muchos europeos se vean en la necesidad de acudir a las instituciones europeas
Desde el partido de Aukel argumentan que "la justicia española se ha mostrado incapaz de tratar con eficacia la inmensa mayoría de los casos de abusos urbanísticos. Los trámites son lentísimos, carísimos, tortuosos y no suelen llegar a entrar en el contenido de las demandas. Casi nunca se actúa con medidas cautelares para evitar la destrucción y las sentencias, si llegan, casi siempre llegan cuando el mal está hecho".
Como detalla el documento presentado ante los eurodiputados, se quiere conseguir "un replanteamiento del urbanismo en España de acuerdo con la legislación europea, como las Directivas Hábitat, Marco de Agua, de contratación pública y la de blanqueo de capitales", y también sugiere que si la situación no mejora, se interrumpan las ayudas financieras que provienen de los fondos europeos: "Se recuerda que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/20062 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE", detalla el texto.
A esta medida, hay que añadir la solicitud que hace la propuesta de Ankel a las autoridades regionales competentes: "una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente".
En relación a estas posibles resoluciones, Aukel opina que "las instituciones europeas tienen que poner todos los medios con los que cuentan para forzar nuevas acciones que cambien la situación actual y defiendan ante todo los derechos de los ciudadanos europeos".
Este texto, que pasará ahora al Pleno de la Eurocámara para someterse de nuevo a votación y decidir su aprobación definitiva, es el tercer informe sobre el urbanismo en España que elabora la UE a partir de las quejas enviadas por los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, y alertaron de la situación que sufren residentes españoles y europeos.
"Este documento se ha hecho en respuesta a las más de 15.000 reclamaciones recibidas en la Comisión de Peticiones por ciudadanos de toda Europa. Alemanes ingleses, polacos... y sobre todo españoles. La gran mayoría de las personas que han pedido a gritos que las instituciones europeas tomen partido en los abusos urbanísticos de muchas zonas de España, han sido los propios españoles", cuenta Auken. Y es que "el desenfrenado urbanismo ha afectado gravemente al medio ambiente y a la vida de muchas personas", afirma esta eurodiputada de 64 años.
El informe, que ha sido aprobado en la Comisión del Parlamento Europeo con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, señala que "esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa".
Por ello, "la Comisión ya ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos en diferentes comunidades españolas" e incide en que "las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones (...) y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
¿Qué opinas del urbanismo en España? "He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista", afirma la eurodiputada, quien quiere dejar claro que el informe no sólo hace referencia a la corrupción urbanística, sino más bien al modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo en muchas ciudades y costas del país. "La corrupción forma parte de esta situación, pero lo más grave de todo esto es que estas personas que han cometiendo un fraude, no han estado trabajando, no han ejercido bien sus competencias y el precio que se está pagando es el colapso del sistema urbanístico español", cuenta esta danesa, que lamenta que muchas áreas del país estén totalmente "minadas" y muchos europeos se vean en la necesidad de acudir a las instituciones europeas
Desde el partido de Aukel argumentan que "la justicia española se ha mostrado incapaz de tratar con eficacia la inmensa mayoría de los casos de abusos urbanísticos. Los trámites son lentísimos, carísimos, tortuosos y no suelen llegar a entrar en el contenido de las demandas. Casi nunca se actúa con medidas cautelares para evitar la destrucción y las sentencias, si llegan, casi siempre llegan cuando el mal está hecho".
Como detalla el documento presentado ante los eurodiputados, se quiere conseguir "un replanteamiento del urbanismo en España de acuerdo con la legislación europea, como las Directivas Hábitat, Marco de Agua, de contratación pública y la de blanqueo de capitales", y también sugiere que si la situación no mejora, se interrumpan las ayudas financieras que provienen de los fondos europeos: "Se recuerda que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/20062 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE", detalla el texto.
A esta medida, hay que añadir la solicitud que hace la propuesta de Ankel a las autoridades regionales competentes: "una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente".
En relación a estas posibles resoluciones, Aukel opina que "las instituciones europeas tienen que poner todos los medios con los que cuentan para forzar nuevas acciones que cambien la situación actual y defiendan ante todo los derechos de los ciudadanos europeos".
Este texto, que pasará ahora al Pleno de la Eurocámara para someterse de nuevo a votación y decidir su aprobación definitiva, es el tercer informe sobre el urbanismo en España que elabora la UE a partir de las quejas enviadas por los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, y alertaron de la situación que sufren residentes españoles y europeos.
