Periódico Diagonal
El 30 de enero, las autoridades impidieron el acceso a un CIE a una comitiva de representantes de entidades de defensa de los derechos humanos, pese a tener un permiso del Ministerio del Interior. Un ejemplo más del secretismo sobre lo que sucede en ellos.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son establecimientos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, en los que se lleva a cabo durante un máximo de 40 días la retención cautelar y preventiva de extranjeros sometidos a expedientes de expulsión o de devolución.
Tras la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de inmigrantes han pasado por ellos. Pese al secretismo que los rodea, los testimonios de quienes han sido internados coinciden en relatar constantes abusos policiales y pésimas condiciones de vida. Su ocultamiento permanente sólo está siendo roto por el trabajo de algunas organizaciones sociales o de particulares.
En noviembre de 2007 los relatos de un grupo de internas del CIE de Aluche, en Madrid –que afirmaban por ejemplo: “Nos tienen aguantando hambre y cuando nos dan comida se encuentran pelos, gusanos, excrementos de ratas y restos de cucaracha” – encendieron las alarmas de diversas organizaciones sociales.
Éstas impulsaron la creación de la Plataforma ‘Cerremos los CIE’, compuesta actualmente por las Oficinas de Derechos Sociales (ODS) que trabajan en la red Ferrocarril Clandestino, y también por entidades como Acsur Las Segovias, Médicos del Mundo, SOS Racismo Madrid y la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otras. Esta Plataforma, gracias al contacto directo con detenidos y familiares, trabaja en dos frentes: la denuncia de violaciones a los derechos humanos en estos centros y la visualización, hacia el resto de la sociedad, de lo que allí ocurre.
En abril de 2008, la Plataforma organizó una manifestación ante el CIE de Aluche. La difusión de la convocatoria entre los internos hizo que un grupo de ellos se declarase en huelga de hambre. Esta vez, los inmigrantes, que lograron contactar con activistas de la Plataforma, pudieron dar a conocer su situación.
Durante una semana la denuncia de lo que ocurría en el CIE ganó importantes espacios en los medios de comunicación españoles y de otros países, que se enteraron, a la luz de los testimonios, de lo que estaba pasando con sus paisanos emigrados. El Gobierno se vio obligado a hablar del tema. Hasta un sindicato de policía emitió un comunicado rechazando las acusaciones de maltrato difundidas.
A día de hoy, estos “Guantánamos europeos”, como los llaman las organizaciones sociales, siguen siendo unas cárceles a las que nadie puede tener acceso y apenas pocos familiares y amistades de las personas detenidas logran visitar bajo estrictas medidas policiales. Pocas veces los abusos pueden denunciarse de forma inmediata. La casi nula posibilidad real de proteger a quien denuncie el trato recibido allí limita el campo de actuación.
“Quienes denuncian, casi automáticamente encuentran como respuesta su expulsión. Y si no son deportados, ya en libertad, la gente tiene miedo de caer otra vez en manos de la policía, y prefieren el silencio”, cuentan desde la Plataforma.
Ni siquiera los familiares quieren levantar la voz contra lo que consideran “un trato despectivo” de la policía mientras esperan visitar a quien está detenido. ¿Denunciar aún a riesgo de la expulsión de la persona detenida? O, lo que es igual de preocupante, ¿denunciar aún existiendo la posibilidad de una represión contra esa persona? Preguntas de difícil respuesta, que tampoco embajadas y consulados contestan ya que hasta ahora se han mantenido sumidos en un preocupante silencio. Los que sí hablan son las voces amparadas en la seguridad de la distancia de su país de origen. Insultos, golpes, celdas de castigo, vejaciones, enfermedades que no se tratan, alimentación deficiente, deportaciones de personas esposadas y amordazadas, configuran el abanico de denuncias que desde la Plataforma se vienen recolectando a la espera de que un día se haga justicia.
Derecho de inspección
Simultáneamente, a nivel europeo la red Migreurop, creada en 2005 para pelear contra los CIE en todo el continente europeo, viene trabajando en una “campaña de fiscalización y transparencia en los Centros de Internamiento de Inmigrantes”. Y precisamente, el 30 de enero, las autoridades policiales impidieron la entrada al CIE de Aluche (Madrid) a una comitiva de representantes de las entidades que integran esta red en el Estado español. La delegación había recibido autorización por escrito del Secretario de Estado de Seguridad, pero una orden de la Comisaría General de Extranjería impidió finalmente su paso. La visita se enmarcaba en una jornada de fiscalización a todos los CIE de Europa, impulsada por Migreurop. Según denuncia esta red, los dos únicos centros europeos donde se vetó la entrada de comitivas fueron los de Aluche y Milán, en Italia. La campaña de inspección, aclaran, no significa que ya no pidan el cierre de estos Centros, sino que toman la posibilidad de acceso de la sociedad civil para controlar el trato dispensado en estos lugares, como un paso previo.
Según el artículo 62 del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno, se posibilitará a los detenidos “entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes”. Pero, ¿quiénes podrán entrar? ¿En qué condiciones? ¿Qué protección habrá para quienes denuncien? Demasiadas dudas, tantas como testimonios de abusos se suceden.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son establecimientos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, en los que se lleva a cabo durante un máximo de 40 días la retención cautelar y preventiva de extranjeros sometidos a expedientes de expulsión o de devolución.
Tras la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de inmigrantes han pasado por ellos. Pese al secretismo que los rodea, los testimonios de quienes han sido internados coinciden en relatar constantes abusos policiales y pésimas condiciones de vida. Su ocultamiento permanente sólo está siendo roto por el trabajo de algunas organizaciones sociales o de particulares.
En noviembre de 2007 los relatos de un grupo de internas del CIE de Aluche, en Madrid –que afirmaban por ejemplo: “Nos tienen aguantando hambre y cuando nos dan comida se encuentran pelos, gusanos, excrementos de ratas y restos de cucaracha” – encendieron las alarmas de diversas organizaciones sociales.
Éstas impulsaron la creación de la Plataforma ‘Cerremos los CIE’, compuesta actualmente por las Oficinas de Derechos Sociales (ODS) que trabajan en la red Ferrocarril Clandestino, y también por entidades como Acsur Las Segovias, Médicos del Mundo, SOS Racismo Madrid y la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otras. Esta Plataforma, gracias al contacto directo con detenidos y familiares, trabaja en dos frentes: la denuncia de violaciones a los derechos humanos en estos centros y la visualización, hacia el resto de la sociedad, de lo que allí ocurre.
En abril de 2008, la Plataforma organizó una manifestación ante el CIE de Aluche. La difusión de la convocatoria entre los internos hizo que un grupo de ellos se declarase en huelga de hambre. Esta vez, los inmigrantes, que lograron contactar con activistas de la Plataforma, pudieron dar a conocer su situación.
Durante una semana la denuncia de lo que ocurría en el CIE ganó importantes espacios en los medios de comunicación españoles y de otros países, que se enteraron, a la luz de los testimonios, de lo que estaba pasando con sus paisanos emigrados. El Gobierno se vio obligado a hablar del tema. Hasta un sindicato de policía emitió un comunicado rechazando las acusaciones de maltrato difundidas.
A día de hoy, estos “Guantánamos europeos”, como los llaman las organizaciones sociales, siguen siendo unas cárceles a las que nadie puede tener acceso y apenas pocos familiares y amistades de las personas detenidas logran visitar bajo estrictas medidas policiales. Pocas veces los abusos pueden denunciarse de forma inmediata. La casi nula posibilidad real de proteger a quien denuncie el trato recibido allí limita el campo de actuación.
“Quienes denuncian, casi automáticamente encuentran como respuesta su expulsión. Y si no son deportados, ya en libertad, la gente tiene miedo de caer otra vez en manos de la policía, y prefieren el silencio”, cuentan desde la Plataforma.
Ni siquiera los familiares quieren levantar la voz contra lo que consideran “un trato despectivo” de la policía mientras esperan visitar a quien está detenido. ¿Denunciar aún a riesgo de la expulsión de la persona detenida? O, lo que es igual de preocupante, ¿denunciar aún existiendo la posibilidad de una represión contra esa persona? Preguntas de difícil respuesta, que tampoco embajadas y consulados contestan ya que hasta ahora se han mantenido sumidos en un preocupante silencio. Los que sí hablan son las voces amparadas en la seguridad de la distancia de su país de origen. Insultos, golpes, celdas de castigo, vejaciones, enfermedades que no se tratan, alimentación deficiente, deportaciones de personas esposadas y amordazadas, configuran el abanico de denuncias que desde la Plataforma se vienen recolectando a la espera de que un día se haga justicia.
Derecho de inspección
Simultáneamente, a nivel europeo la red Migreurop, creada en 2005 para pelear contra los CIE en todo el continente europeo, viene trabajando en una “campaña de fiscalización y transparencia en los Centros de Internamiento de Inmigrantes”. Y precisamente, el 30 de enero, las autoridades policiales impidieron la entrada al CIE de Aluche (Madrid) a una comitiva de representantes de las entidades que integran esta red en el Estado español. La delegación había recibido autorización por escrito del Secretario de Estado de Seguridad, pero una orden de la Comisaría General de Extranjería impidió finalmente su paso. La visita se enmarcaba en una jornada de fiscalización a todos los CIE de Europa, impulsada por Migreurop. Según denuncia esta red, los dos únicos centros europeos donde se vetó la entrada de comitivas fueron los de Aluche y Milán, en Italia. La campaña de inspección, aclaran, no significa que ya no pidan el cierre de estos Centros, sino que toman la posibilidad de acceso de la sociedad civil para controlar el trato dispensado en estos lugares, como un paso previo.
Según el artículo 62 del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno, se posibilitará a los detenidos “entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes”. Pero, ¿quiénes podrán entrar? ¿En qué condiciones? ¿Qué protección habrá para quienes denuncien? Demasiadas dudas, tantas como testimonios de abusos se suceden.
