World Socialist Web Site (Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández)
La administración Obama ha insistido en que los prisioneros que están siendo indefinidamente detenidos sin juicio alguno en una prisión estadounidense en la base aérea de Bagram, en Afganistán, no tienen derecho a impugnar su detención ni el trato que se les aplica en los tribunales estadounidenses.
El pasado viernes [20 febrero], en un caso presentado en el tribunal del distrito federal sobre cuatro detenidos en Bagram, el Departamento de Justicia de Obama mantuvo la proclama de la administración Bush de que los hombres eran “combatientes enemigos” y que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción en tales casos. “Tras considerar la cuestión”, escribió en un informe el Fiscal Adjunto en funciones General Michael Hertz, “el gobierno se adhiere a su posición anteriormente articulada”.
Tras llegar al poder, Obama ha tratado de reparar el daño que el centro de detención de la Bahía de Guantánamo ha causado en la imagen del imperialismo estadounidense. Anunció su cierre y declaró públicamente “Nosotros no torturamos”. Ahora, la posición real de su administración está clara. Mientras los supuestos “sospechosos de terrorismo” no sufrirán más maltrato en Guantánamo –que los tribunales estadounidenses dictaminaron finalmente que era territorio estadounidense y sometido a supervisión legal-, atrocidades semejantes podrán perpetrarse sin control alguno en Afganistán y en muchos más lugares.
Jonathan Hafetz, de la Unión de Libertades Civiles Americanas, comentó a Associated Press: “Ahora han abrazado [la Casa Blanca de Obama] la política de Bush de que se pueden crear prisiones al margen de la ley”.
Según se informa, el centro de detención de Bagram está reteniendo al menos a unos 600 prisioneros. Se sabe que hay otras prisiones estadounidenses operativas en otras ciudades afganas, como Kandahar, Jalalabad y Khost. En ellas los detenidos jamás son llevados ante un tribunal; no ven ni escuchan las supuestas pruebas en su contra y no pueden acceder a abogado alguno. Allí se les mantiene, sometidos al antojo del ejército estadounidense. Sólo reciben visitas de representantes de la Cruz Roja, a quien no se permite informar de las condiciones de vida allí.
En algunos casos, incluidos los hombres involucrados en la actuación del tribunal federal mencionada al principio, los detenidos son atrapados en otros países como “sospechosos de terrorismo” y después “entregados” a Afganistán. Los cuatro demandantes fueron entregados desde Yemen, Túnez, Tailandia y Pakistán. A uno de ellos se le lleva reteniendo sin cargos desde hace ya seis años. El gobierno británico admitió la pasada semana que había enviado a dos nacionales pakistaníes detenidos en Iraq a Afganistán por “sospechar” que pertenecían a una organización islamista.
El grueso de los detenidos en Bagram son afganos detenidos por el ejército estadounidense por sospechar su pertenencia a la resistencia armada anti-ocupación emprendida por los talibanes y otros grupos.
Esos “combatientes enemigos” no están protegidos por la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra, que afirma: “No se podrá infligir a los prisioneros de guerra tortura física o moral ni presión alguna para obtener datos de la índole que fueren. Los prisioneros que se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni insultados ni expuestos a molestias o desventajas de ningún género”
Según un informe de Naciones Unidas sobre Afganistán [publicado el pasado mes de febrero], ex detenidos de Bagram han informado de haber sido repetidamente sometidos a interrogatorios que implicaron tortura y maltrato por no contestar a preguntas o firmar confesiones. Se les mantuvo en celdas atestadas con hasta quince o veinte hombres más. Según manifestaron, se utilizaban en el campo todos los infames métodos desplegados en Abu Ghraib en Iraq y en Guantánamo. A finales de 2002, dos detenidos murieron en Bagram tras ser físicamente torturados por el personal militar estadounidense.
Una vez que las agencias de inteligencia y el ejército estadounidenses dan por terminado su trabajo con ellos, traspasan a docenas de detenidos para que les juzguen los tribunales establecidos por el gobierno afgano títere de EEUU. Un informe de 2008 de Human Rights First describía así esos juicios:
“Bajo las leyes afganas, se acusaba a los detenidos de delitos que iban desde traición y destrucción de las propiedades del gobierno a amenazas a la seguridad de Afganistán. Los juicios solían durar de treinta minutos a una hora y los acusados eran sentenciados a penas de prisión de entre tres a veinte años… sin que allí hubiera presente testigo alguno de la acusación, ni afirmaciones extrajudiciales de testigos que pudieran apoyar las acusaciones y casi ninguna o ninguna prueba física de las acusaciones… Esos juicios violan tanto la ley de procedimiento criminal afgana como los estándares internacionales establecidos para un juicio justo”.
Cuando abogados defensores protestaron por la falta de pruebas, al parecer los fiscales contestaron que el ejército de EEUU no habría detenido al acusado en cuestión si no hubiera sido culpable. El pasado mes, los familiares de los detenidos dijeron al Telegraph británico que la mayoría de los prisioneros habían sido detenidos en base a falsas informaciones proporcionadas por rivales tribales o enemigos de la familia.
Mientras la administración Obama despacha más tropas hacia Afganistán para asegurar los intereses estadounidenses en Asia Central, se prepara para ampliar la capacidad del centro de detención de Bagram. Se han destinado 60 millones de dólares para ampliar el campo y que pueda albergar hasta 1.100 prisioneros. Varios cientos más de personas, de dentro y fuera de Afganistán, se esfumarán en el agujero negro legal creado por Bush y mantenido ahora por Obama, en nombre de una fraudulenta “guerra contra el terror”.
El pasado viernes [20 febrero], en un caso presentado en el tribunal del distrito federal sobre cuatro detenidos en Bagram, el Departamento de Justicia de Obama mantuvo la proclama de la administración Bush de que los hombres eran “combatientes enemigos” y que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción en tales casos. “Tras considerar la cuestión”, escribió en un informe el Fiscal Adjunto en funciones General Michael Hertz, “el gobierno se adhiere a su posición anteriormente articulada”.
Tras llegar al poder, Obama ha tratado de reparar el daño que el centro de detención de la Bahía de Guantánamo ha causado en la imagen del imperialismo estadounidense. Anunció su cierre y declaró públicamente “Nosotros no torturamos”. Ahora, la posición real de su administración está clara. Mientras los supuestos “sospechosos de terrorismo” no sufrirán más maltrato en Guantánamo –que los tribunales estadounidenses dictaminaron finalmente que era territorio estadounidense y sometido a supervisión legal-, atrocidades semejantes podrán perpetrarse sin control alguno en Afganistán y en muchos más lugares.
Jonathan Hafetz, de la Unión de Libertades Civiles Americanas, comentó a Associated Press: “Ahora han abrazado [la Casa Blanca de Obama] la política de Bush de que se pueden crear prisiones al margen de la ley”.
Según se informa, el centro de detención de Bagram está reteniendo al menos a unos 600 prisioneros. Se sabe que hay otras prisiones estadounidenses operativas en otras ciudades afganas, como Kandahar, Jalalabad y Khost. En ellas los detenidos jamás son llevados ante un tribunal; no ven ni escuchan las supuestas pruebas en su contra y no pueden acceder a abogado alguno. Allí se les mantiene, sometidos al antojo del ejército estadounidense. Sólo reciben visitas de representantes de la Cruz Roja, a quien no se permite informar de las condiciones de vida allí.
En algunos casos, incluidos los hombres involucrados en la actuación del tribunal federal mencionada al principio, los detenidos son atrapados en otros países como “sospechosos de terrorismo” y después “entregados” a Afganistán. Los cuatro demandantes fueron entregados desde Yemen, Túnez, Tailandia y Pakistán. A uno de ellos se le lleva reteniendo sin cargos desde hace ya seis años. El gobierno británico admitió la pasada semana que había enviado a dos nacionales pakistaníes detenidos en Iraq a Afganistán por “sospechar” que pertenecían a una organización islamista.
El grueso de los detenidos en Bagram son afganos detenidos por el ejército estadounidense por sospechar su pertenencia a la resistencia armada anti-ocupación emprendida por los talibanes y otros grupos.
Esos “combatientes enemigos” no están protegidos por la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra, que afirma: “No se podrá infligir a los prisioneros de guerra tortura física o moral ni presión alguna para obtener datos de la índole que fueren. Los prisioneros que se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni insultados ni expuestos a molestias o desventajas de ningún género”
Según un informe de Naciones Unidas sobre Afganistán [publicado el pasado mes de febrero], ex detenidos de Bagram han informado de haber sido repetidamente sometidos a interrogatorios que implicaron tortura y maltrato por no contestar a preguntas o firmar confesiones. Se les mantuvo en celdas atestadas con hasta quince o veinte hombres más. Según manifestaron, se utilizaban en el campo todos los infames métodos desplegados en Abu Ghraib en Iraq y en Guantánamo. A finales de 2002, dos detenidos murieron en Bagram tras ser físicamente torturados por el personal militar estadounidense.
Una vez que las agencias de inteligencia y el ejército estadounidenses dan por terminado su trabajo con ellos, traspasan a docenas de detenidos para que les juzguen los tribunales establecidos por el gobierno afgano títere de EEUU. Un informe de 2008 de Human Rights First describía así esos juicios:
“Bajo las leyes afganas, se acusaba a los detenidos de delitos que iban desde traición y destrucción de las propiedades del gobierno a amenazas a la seguridad de Afganistán. Los juicios solían durar de treinta minutos a una hora y los acusados eran sentenciados a penas de prisión de entre tres a veinte años… sin que allí hubiera presente testigo alguno de la acusación, ni afirmaciones extrajudiciales de testigos que pudieran apoyar las acusaciones y casi ninguna o ninguna prueba física de las acusaciones… Esos juicios violan tanto la ley de procedimiento criminal afgana como los estándares internacionales establecidos para un juicio justo”.
Cuando abogados defensores protestaron por la falta de pruebas, al parecer los fiscales contestaron que el ejército de EEUU no habría detenido al acusado en cuestión si no hubiera sido culpable. El pasado mes, los familiares de los detenidos dijeron al Telegraph británico que la mayoría de los prisioneros habían sido detenidos en base a falsas informaciones proporcionadas por rivales tribales o enemigos de la familia.
Mientras la administración Obama despacha más tropas hacia Afganistán para asegurar los intereses estadounidenses en Asia Central, se prepara para ampliar la capacidad del centro de detención de Bagram. Se han destinado 60 millones de dólares para ampliar el campo y que pueda albergar hasta 1.100 prisioneros. Varios cientos más de personas, de dentro y fuera de Afganistán, se esfumarán en el agujero negro legal creado por Bush y mantenido ahora por Obama, en nombre de una fraudulenta “guerra contra el terror”.
