El Mundo
Después de los primeros maratonianos 100 días en los que el nuevo presidente de EEUU parecía decidido a dar una vuelta de 360º a numerosas políticas que marcaron el perfil de la Administración Bush, Obama ha comenzado a recular en algunos de sus llamativos anuncios.
Entre sus primeras medidas de Gobierno, Obama anunció la prohibición total de la tortura, dejando abierta la posibilidad de perseguir judicialmente a los responsables de autorizarla y practicarla desde el 11-S; la clausura de las prisiones utilizadas por la CIA en el extranjero; el cierre de la prisión de Guantánamo y la suspensión por tres meses de los juicios militares, para estudiar una alternativa a ellos.
Su Departamento de Defensa, sin embargo, pelearía poco después en los tribunales para impedir que la Asociación Americana por las Libertades Civiles (ACLU) lograra la desclasificación de decenas de fotografías sobre abusos y torturas a prisioneros en Afganistán e Irak por parte de militares y agentes estadounidenses... y perdió.
Boicot a una investigación independiente
En abril pasado el propio Pentágono anunciaba aceptaba el fallo y que el 28 de mayo haría públicas las fotografías. El malestar creció —no sólo en las filas republicanas sino también en el seno de las Fuerzas Armadas—, y las diferencias se reflejaron en el propio Gabinete. Finalmente, el flamante presidente dio marcha atrás y este miércoles se anunciaba que había dado instrucciones para recurrir la decisión judicial e intentar evitar la revelación de esas imágenes, por temor a que afectara a la seguridad de sus soldados en esos dos países.
El Gobierno boicotea también los intentos de la izquierda demócrata y organizaciones defensoras de los derechos civiles para que se abra una investigación independiente y se persiga a los responsables de las torturas.
El reciente nombramiento del teniente general Stanley McChrystal como comandante en jefe de las tropas de EEUU y de la OTAN para Afganistán tampoco parece que pueda mejorar la imagen de su país en la zona. Durante su jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Especiales (JSOC), éstas protagonizaron los mayores escándalos de torturas en Irak y Afganistán, mereciendo los elogios de Rumsfeld, Bush y Cheney.
Los afganos tampoco pueden ver las virtudes de la "nueva estrategia" en ese país, tras sufrir en los últimos meses los letales efectos de nuevos "daños colaterales" entre la población civil provocados por los masivos bombardeos. En relación a Guantánamo tampoco ha hecho grandes avances la Administración Obama.
Regreso de los 'juicios' militares
Las filtraciones de los últimos días sugieren que la semana que viene el presidente podría anunciar el reinicio de los ahora congelados juicios militares ('military commissions') a los prisioneros, con escasas variaciones sobre el sistema utilizado desde 2002. Y en cuanto al cierre de la prisión en un año, el tema se complica ante la resistencia tenaz del Partido Republicano -el senador Kit Bond, de Misuri, dijo que "los estadounidenses no quieren a esos terroristas en nuestros barrios"- y el rechazo de la mayoría de los estados a que sean trasladados a prisiones de EEUU.
Obama intenta solucionar el problema fuera de sus fronteras. Ha logrado entregar a algunos de los prisioneros a sus países de origen, pero en muchos otros casos no lo puede hacer por la falta de garantía total sobre sus vidas. Algunos países europeos han aceptado a regañadientes acoger un número muy limitado de esos presos, pero prevalece el rechazo a tener que solucionar un tema creado por los propios EEUU.
Obama ya tiene un problema, y serio. Después de encandilar al mundo —o a una parte de él, al menos— con su nuevo talante y sus audaces medidas, empieza a dar marcha atrás precisamente en cambios importantes anunciados a bombo y platillo sobre algunos de los aspectos más siniestros de la Administración Bush: su concepción de la "guerra contra el terror", su vulneración sistemática de los derechos civiles y de los derechos humanos.
Entre sus primeras medidas de Gobierno, Obama anunció la prohibición total de la tortura, dejando abierta la posibilidad de perseguir judicialmente a los responsables de autorizarla y practicarla desde el 11-S; la clausura de las prisiones utilizadas por la CIA en el extranjero; el cierre de la prisión de Guantánamo y la suspensión por tres meses de los juicios militares, para estudiar una alternativa a ellos.
Su Departamento de Defensa, sin embargo, pelearía poco después en los tribunales para impedir que la Asociación Americana por las Libertades Civiles (ACLU) lograra la desclasificación de decenas de fotografías sobre abusos y torturas a prisioneros en Afganistán e Irak por parte de militares y agentes estadounidenses... y perdió.
Boicot a una investigación independiente
En abril pasado el propio Pentágono anunciaba aceptaba el fallo y que el 28 de mayo haría públicas las fotografías. El malestar creció —no sólo en las filas republicanas sino también en el seno de las Fuerzas Armadas—, y las diferencias se reflejaron en el propio Gabinete. Finalmente, el flamante presidente dio marcha atrás y este miércoles se anunciaba que había dado instrucciones para recurrir la decisión judicial e intentar evitar la revelación de esas imágenes, por temor a que afectara a la seguridad de sus soldados en esos dos países.
El Gobierno boicotea también los intentos de la izquierda demócrata y organizaciones defensoras de los derechos civiles para que se abra una investigación independiente y se persiga a los responsables de las torturas.
El reciente nombramiento del teniente general Stanley McChrystal como comandante en jefe de las tropas de EEUU y de la OTAN para Afganistán tampoco parece que pueda mejorar la imagen de su país en la zona. Durante su jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Especiales (JSOC), éstas protagonizaron los mayores escándalos de torturas en Irak y Afganistán, mereciendo los elogios de Rumsfeld, Bush y Cheney.
Los afganos tampoco pueden ver las virtudes de la "nueva estrategia" en ese país, tras sufrir en los últimos meses los letales efectos de nuevos "daños colaterales" entre la población civil provocados por los masivos bombardeos. En relación a Guantánamo tampoco ha hecho grandes avances la Administración Obama.
Regreso de los 'juicios' militares
Las filtraciones de los últimos días sugieren que la semana que viene el presidente podría anunciar el reinicio de los ahora congelados juicios militares ('military commissions') a los prisioneros, con escasas variaciones sobre el sistema utilizado desde 2002. Y en cuanto al cierre de la prisión en un año, el tema se complica ante la resistencia tenaz del Partido Republicano -el senador Kit Bond, de Misuri, dijo que "los estadounidenses no quieren a esos terroristas en nuestros barrios"- y el rechazo de la mayoría de los estados a que sean trasladados a prisiones de EEUU.
Obama intenta solucionar el problema fuera de sus fronteras. Ha logrado entregar a algunos de los prisioneros a sus países de origen, pero en muchos otros casos no lo puede hacer por la falta de garantía total sobre sus vidas. Algunos países europeos han aceptado a regañadientes acoger un número muy limitado de esos presos, pero prevalece el rechazo a tener que solucionar un tema creado por los propios EEUU.
Obama ya tiene un problema, y serio. Después de encandilar al mundo —o a una parte de él, al menos— con su nuevo talante y sus audaces medidas, empieza a dar marcha atrás precisamente en cambios importantes anunciados a bombo y platillo sobre algunos de los aspectos más siniestros de la Administración Bush: su concepción de la "guerra contra el terror", su vulneración sistemática de los derechos civiles y de los derechos humanos.
