Gracias al constante esfuerzo de las empresas mediáticas por inyectar el miedo, el pánico, el terror, conseguirán instaurar penas premodernas abolidas reavivando el debate sobre «la necesidad de la pena de muerte» y en general sobre «la necesidad» y presunta demanda popular a favor del endurecimiento de las penas
CÉSAR MANZANOS BILBAO
Gara
Desgraciadamente en la mayoría de los países los dictadores, sus valedores y las leyes que establecieron no sólo vuelven ha hacerse vigentes tras un periodo transitorio en el que aparente y formalmente se pudieron derogar, sino que incluso se hacen más crueles a través de aquellos sucesores que alardean de haberlos derrocado.
Éstos en su forma de gobernar establecen leyes y aplican políticas infinitamente más despóticas que suponen un recorte de los derechos fundamentales. Si Franco, Stalin, Mussolini y tantos otros siguieran vivos hoy, en comparación con las políticas actuales de los países en los que ejercieron su cruel poder, serían considerados hermanitas de la caridad.
Éste es el caso de las actuales políticas criminales que durante las tres últimas décadas, y cada vez con mayor virulencia, vienen aplicando los sucesivos gobiernos de todos los partidos hegemónicos en el Estado español, al igual que ocurre en otros estados europeos.
Durante las últimas décadas hay estados europeos que administran la aplicación de penas en terceros países mediante la expulsión de ciudadanos a sabiendas de que serán sometidos a castigos prohibidos en la «Europa civilizada y de los derechos humanos». Podemos citar multitud de casos, como por ejemplo el del Estado alemán, que teniendo que estar especialmente escarmentado por el nazismo, sin embargo, con la expulsión de turcos, ha contribuido a la aplicación de la pena de muerte en Turquía, y que, aunque el resto de los estados del espacio Schengen no se le quedan atrás, es el que tiene una de las legislaciones más duras en materia de extranjería y de asilo y refugio.
Más cerca de nosotros en el tiempo y en el espacio, en el Estado español hoy se somete a condiciones extremas de encarcelamiento a determinados presos, como es el caso de Amadeu Casellas, cuya lucha por reivindicar los derechos y la libertad que le corresponden a él, al resto de las personas presas y a todas las personas disidentes y marginadas en esta sociedad le ha llevado a pasar más de 20 años en la cárcel, a realizar varias huelgas de hambre (en la actualidad de hambre y sed) y a él, como a otros etiquetados por el estado como «disidentes y peligrosos», se le acosa constantemente con la lógica aplastante y aniquiladora de la tortura física y psicológica con la que actúa sistemáticamente la maquinaria burocrática penal y carcelaria.
Hoy aquí se ha restaurado de hecho la cadena perpetua, se han alargado las penas para casi todos los tipos delictivos, durante los últimos años se encarcela a 5.000 personas más al año, se está institucionalizando y generalizando a cada vez más población encarcelada el régimen de excepcionalidad aplicado a determinadas categorías de presos.
Hoy ya se encarcela con una pena de hasta dos años de cárcel a trabajadores africanos que han sido despedidos o no han conseguido poder trabajar por no tener papeles por el mero hecho de dedicarse a la mendicidad, en lugar de a robar, por verse obligados a vender CDs y videos en la calle.
Hoy en la «España democrática» se sigue torturando en las comisarías, en las cárceles y en los centros de internamiento para personas extranjeras con total impunidad y haciendo oídos sordos de los informes y denuncias de organismos europeos e internacionales.
Todo esto se hace para reforzar la lógica del estado y del negocio penal (valga la redundancia), que se resume en utilizar nuestro dinero, nuestros impuestos, para mantener a las cada vez más boyantes industrias del control penal, a cada vez más policías, a cada vez más jueces, a cada vez más carceleros, construyendo más macrocuarteles, más palacios de justicia criminal, más macrocárceles y convirtiéndonos a todos en potenciales enemigos de su seguridad.
Ni que decir tiene que si la gran mayoría de aquellos que hoy gobiernan y se autoproclaman paladines de la «oposición antifranquista» hubieran tenido estas magníficas leyes penales vigentes en los años 60 y 70, jamás habrían acudido a una manifestación, a no ser que fueran algo menos cagaos de lo que hoy son (cosa que dudo).
Pero podemos ser optimistas. La situación no está tan mal, porque aún puede estar y estará peor. Así que aprovechen ahora que luego la cosa será aún más dura. Entre muchas otras cuestiones que cambiarán, o mejor dicho que ya están cambiando a pasos agigantados, y por poner dos ejemplos, mañana en la «Europa democrática», con el jefe neofascista del Estado italiano a la cabeza, el mero hecho de no tener papeles en regla o de ayudar a una persona extranjera no regularizada será motivo suficiente para considerar a alguien delincuente.
Mañana, gracias al constante esfuerzo de las empresas mediáticas por inyectar el miedo, el pánico, el terror a través de su sofisticada tecnología militarista y terrorista del electroshock colectivo, conseguirán instaurar penas premodernas abolidas reavivando el debate sobre «la necesidad de la pena de muerte» y en general sobre «la necesidad» y presunta demanda popular a favor del endurecimiento de las penas.
Mañana tendremos, al igual que ocurre ya en EEUU, una industria penal que nos venderá una seguridad fundamentada en la venganza y la violencia, una extensión de la aplicación de castigos punitivos a toda suerte de personas y, por supuesto, y esto sí es un aviso para navegantes, querido lector, también a usted y a sus hijos.
Éstos en su forma de gobernar establecen leyes y aplican políticas infinitamente más despóticas que suponen un recorte de los derechos fundamentales. Si Franco, Stalin, Mussolini y tantos otros siguieran vivos hoy, en comparación con las políticas actuales de los países en los que ejercieron su cruel poder, serían considerados hermanitas de la caridad.
Éste es el caso de las actuales políticas criminales que durante las tres últimas décadas, y cada vez con mayor virulencia, vienen aplicando los sucesivos gobiernos de todos los partidos hegemónicos en el Estado español, al igual que ocurre en otros estados europeos.
Durante las últimas décadas hay estados europeos que administran la aplicación de penas en terceros países mediante la expulsión de ciudadanos a sabiendas de que serán sometidos a castigos prohibidos en la «Europa civilizada y de los derechos humanos». Podemos citar multitud de casos, como por ejemplo el del Estado alemán, que teniendo que estar especialmente escarmentado por el nazismo, sin embargo, con la expulsión de turcos, ha contribuido a la aplicación de la pena de muerte en Turquía, y que, aunque el resto de los estados del espacio Schengen no se le quedan atrás, es el que tiene una de las legislaciones más duras en materia de extranjería y de asilo y refugio.
Más cerca de nosotros en el tiempo y en el espacio, en el Estado español hoy se somete a condiciones extremas de encarcelamiento a determinados presos, como es el caso de Amadeu Casellas, cuya lucha por reivindicar los derechos y la libertad que le corresponden a él, al resto de las personas presas y a todas las personas disidentes y marginadas en esta sociedad le ha llevado a pasar más de 20 años en la cárcel, a realizar varias huelgas de hambre (en la actualidad de hambre y sed) y a él, como a otros etiquetados por el estado como «disidentes y peligrosos», se le acosa constantemente con la lógica aplastante y aniquiladora de la tortura física y psicológica con la que actúa sistemáticamente la maquinaria burocrática penal y carcelaria.
Hoy aquí se ha restaurado de hecho la cadena perpetua, se han alargado las penas para casi todos los tipos delictivos, durante los últimos años se encarcela a 5.000 personas más al año, se está institucionalizando y generalizando a cada vez más población encarcelada el régimen de excepcionalidad aplicado a determinadas categorías de presos.
Hoy ya se encarcela con una pena de hasta dos años de cárcel a trabajadores africanos que han sido despedidos o no han conseguido poder trabajar por no tener papeles por el mero hecho de dedicarse a la mendicidad, en lugar de a robar, por verse obligados a vender CDs y videos en la calle.
Hoy en la «España democrática» se sigue torturando en las comisarías, en las cárceles y en los centros de internamiento para personas extranjeras con total impunidad y haciendo oídos sordos de los informes y denuncias de organismos europeos e internacionales.
Todo esto se hace para reforzar la lógica del estado y del negocio penal (valga la redundancia), que se resume en utilizar nuestro dinero, nuestros impuestos, para mantener a las cada vez más boyantes industrias del control penal, a cada vez más policías, a cada vez más jueces, a cada vez más carceleros, construyendo más macrocuarteles, más palacios de justicia criminal, más macrocárceles y convirtiéndonos a todos en potenciales enemigos de su seguridad.
Ni que decir tiene que si la gran mayoría de aquellos que hoy gobiernan y se autoproclaman paladines de la «oposición antifranquista» hubieran tenido estas magníficas leyes penales vigentes en los años 60 y 70, jamás habrían acudido a una manifestación, a no ser que fueran algo menos cagaos de lo que hoy son (cosa que dudo).
Pero podemos ser optimistas. La situación no está tan mal, porque aún puede estar y estará peor. Así que aprovechen ahora que luego la cosa será aún más dura. Entre muchas otras cuestiones que cambiarán, o mejor dicho que ya están cambiando a pasos agigantados, y por poner dos ejemplos, mañana en la «Europa democrática», con el jefe neofascista del Estado italiano a la cabeza, el mero hecho de no tener papeles en regla o de ayudar a una persona extranjera no regularizada será motivo suficiente para considerar a alguien delincuente.
Mañana, gracias al constante esfuerzo de las empresas mediáticas por inyectar el miedo, el pánico, el terror a través de su sofisticada tecnología militarista y terrorista del electroshock colectivo, conseguirán instaurar penas premodernas abolidas reavivando el debate sobre «la necesidad de la pena de muerte» y en general sobre «la necesidad» y presunta demanda popular a favor del endurecimiento de las penas.
Mañana tendremos, al igual que ocurre ya en EEUU, una industria penal que nos venderá una seguridad fundamentada en la venganza y la violencia, una extensión de la aplicación de castigos punitivos a toda suerte de personas y, por supuesto, y esto sí es un aviso para navegantes, querido lector, también a usted y a sus hijos.
