ALVAR CHALMETA
Diagonal
DIAGONAL: ¿Cuáles son las mayores diferencias respecto al informe del año anterior?
JORGE DEL CURA: Cambios sustanciales, para bien o para mal, no hay. Existen, eso sí, algunas variaciones, pero habrá que ver si se mantienen en el futuro o son aleatorias. Destacaría una disminución importante en el número total de denuncias conocidas por la Coordinadora: 689 denuncias en el informe del pasado año, 576 en el nuevo informe. Una disminución de algo más del 16%. También detectamos un cambio en la actitud de algunos tribunales de justicia –pocos pero creo que es significativo– que han obligado a juzgados de instrucción a revocar el archivo de la denuncia y a continuar la investigación.
D.: ¿Y las semejanzas?
J.C.: El elevado número de denuncias recogidas en este informe, su distribución por toda la geografía, que se dirigen contra todo tipo de funcionario encargado de la custodia de personas privadas de libertad... lo que indica que la práctica de la tortura y malos tratos sigue siendo generalizada en el Estado. También se mantiene la negación de las agresiones, el apoyo a los denunciados y la descalificación de los denunciantes por parte institucional y de los sindicatos de funcionarios. Por otra parte, se confirma una clara relación entre las naciones y comunidades más activas en la defensa de los derechos humanos y con mayor nivel de lucha social, con mayor número de alternativas políticas y un mayor número de denuncias por tortura a detenidos. Es decir, la ausencia de denuncias no se debe a que no haya agresiones, sino a una menor capacidad de respuesta social y, como consecuencia de esto, un mayor temor a la hora de denunciar las agresiones.
D.: ¿Por qué crees que han disminuido las denuncias en 2008?
J.G.: Los datos recogidos a nivel estatal por la Coordinadora en los cinco informes hasta ahora publicados (755 en 2004, 596 en 2005, 610 en 2006, 689 en 2007 y 576 en 2008) reflejan crecimientos y disminuciones en las denuncias pero no una tendencia concreta. Hay que tener en cuenta que no tenemos conocimiento de muchas denuncias hasta dos, tres o más años después de producirse la agresión. Así que los datos reales sobre cada año son superiores a los recogidos en los informes anuales (por ejemplo, actualmente tenemos conocimiento de más de 900 denuncias en el año 2004, y más de 700 en el año 2005). Hay que esperar un tiempo para que esos números se estabilicen y ver si hay una tendencia real.
D.: ¿Y respecto a la distribución geográfica de las denuncias?
J.C.: Tanto en el actual informe como en el anterior Ceuta y Melilla, por una parte, y Nafarroa y la Comunidad Autónoma Vasca, por otra, aparecen a la cabeza, con un mayor porcentaje de denuncias por numero de habitantes, es decir, en términos relativos. Muy por encima de la media estatal. Una posible razón sería la mayor ‘conflictividad’ social y política y la apuesta por la respuesta policial, pues estos territorios cuentan con una mayor proporción de agentes de policía por habitante. Madrid, Andalucía, Euskadi y Catalunya siempre han estado a la cabeza en el número absoluto de denuncias, si bien han podido cambiar de orden. La mayor población de estos territorios es un dato decisivo. Pero lo más llamativo es que en términos relativos estos territorios (además de Ceuta y Melilla) han estado también entre los primeros. Esto, con la incógnita de Madrid, se explicaría mejor por la existencia de fuertes organizaciones de defensa de derechos humanos y, en concreto, por una mayor presencia de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en estos territorios. Por lo que respecta a la existencia de nuevos cuerpos policiales –las policías autonómicas–, lamentablemente la experiencia nos indica que no ha habido ruptura ni en su formación ni en sus prácticas. Hay que tener en cuenta que, no solamente a nivel estatal sino a nivel mundial, se está produciendo un fortísimo avance de una cultura punitiva, del castigo, de la represión, y no solamente desde el 11-S, sino que viene de mucho antes. Mientras la sociedad ‘reclame’ más mano dura, más represión, no va a ser posible introducir de verdad actitudes más respetuosas con los derechos humanos en las comisarías.
D.: Según el informe, entre los activistas sociales ha bajado el número de denuncias ante el temor de ser objeto de una contradenuncia.
J.C.: Las denuncias por agresiones en movilizaciones sociales, que siempre han sido la parte más representada en los informes de la Coordinadora, han disminuido (de 227 en 2007 a 175 en 2008). Igualmente las de migrantes (de 102 a 84). Pero, realmente, han aumentado los casos de agresiones policiales, aunque al no ser denunciadas no las recogemos. También es llamativo el aumento de agresiones policiales a personas cuando participaban en actos deportivos o festivos, que ha llevado a incluir un apartado específico en el informe de 2008. Igualmente, hay un mayor número de agresiones policiales a menores de edad. En todos estos casos, junto al colectivo de personas presas, la contradenuncia policial es habitual, dando lugar a denuncias y atestados por desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad. Una vez en los tribunales, estas contradenuncias son admitidas a trámite de forma rutinaria y en un alto porcentaje acabarán con una condena del ciudadano agredido. Mientras, las denuncias contra los funcionarios suelen ser rechazadas de plano, sin apenas investigación y justificando las lesiones de los ciudadanos en ‘el uso de la fuerza mínima para reducirle’ o cualquier fórmula similar. Esta situación ya ha sido denunciada reiteradamente por organismos internacionales.
D.: ¿Cuál ha sido el efecto de la instalación de cámaras de vídeo en las comisarías de los Mossos d’Esquadra?
J.C.: Desde el anuncio de la instalación de dichas cámaras el número de denuncias por agresiones en el interior de las comisarías ha disminuido de manera espectacular. Se mantienen, eso sí, las denuncias por agresiones en la calle, durante o después de la detención, y antes del traslado de los detenidos a comisaría. Este último hecho no es aislado, ya ocurrió con la instalación por la Ertzaintza de cámaras en sus dependencias. Estos y otros ejemplos nos indican que cuando el poder político ha querido impedir o limitar el riesgo de torturas y/o malos tratos, y disminuir el grado de impunidad de su práctica, ha sido posible y en muy poco tiempo. Pero hay que tener en cuenta que estas medidas sólo se han puesto en práctica cuando las autoridades (locales, autonómicas o estatales) se han visto forzadas por una movilización social. La iniciativa no ha partido nunca de ellos.
