La llamada Ley de "Memoria Histórica" sólo tuvo por objetivo para y enterrar el movimiento memorialista de rehabilitación de las víctimas de la represión franquista
OCTAVIO ALBEROLA
Kaosenlared
Desde la proclamación de la llamada Ley de "Memoria Histórica" (el 26 de diciembre de 2007) ya quedó en evidencia la voluntad del Gobierno socialista de enterrar el proceso de recuperación de la memoria iniciado a finales del pasado siglo para terminar con la amnesia histórica propiciada por la Transición y poder rehabilitar a las víctimas de la represión franquista.
Que tal era el propósito lo prueba el hecho de que, transcurridos prácticamente dos años desde entonces y a pesar de que en dicha Ley se proclamaba el “carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”, no se procedido a la rehabilitación jurídica de las víctimas de la represión franquista. Ni se ha procedido ni se procederá, puesto que es de más en más evidente que se redactó y aprobó esa Ley con tal propósito.
Es por ello una quimera esperar que la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas venga de un Gobierno y un Partido (socialista) que en ningún momento ha querido hacerlo, y que sólo se resignó a asumir la responsabilidad de presentar una propuesta de Ley de memoria histórica cuando la presión de los grupos memorialistas no le dejaron otra alternativa. Pero tomándose mucho tiempo para negociar con los partidos parlamentarios y dejar en mínimos su contenido: tanto político como jurídico.
Por si hubiese dudas al respecto, es suficiente con ver en qué han quedado todas las iniciativas que han querido interpretar esa Ley de manera más valiente y consecuente. No sólo la del Juez Baltasar Garzón, de abrir el sumario por los crímenes del franquismo y las desapariciones forzadas, sino inclusive las que desde instancias partidarias o institucionales (la Generalitat de Catalunya) se han ido anunciando con bombo y platillos en los medios de comunicación para obligar al Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado a presentar –conforme a los Arts. 956 y 961, respectivamente, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- recursos de revisión de todas las sentencias “ilegítimas, por vicios de forma y fondo” dictadas por los Consejos de Guerra y demás tribunales franquistas. Y ello pese a que éstos eran también “ilegítimos”, puesto que la Ley de “Memoria Histórica” los declara como tales “por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”.
El colmo de esta vergonzosa situación ha sido ver a la nieta del president Companys obligada a conformarse con un simple documento de “reparación” de la figura de su abuelo expedido por el actual Ministerio de Justicia. Y leer (El País) que los herederos del poeta Miguel Hernández y una Comisión Cívica para la recuperación de la Memoria Histórica de Alicante -que aglutina a partidos progresistas, sindicatos, entidades culturales y personas referentes de diversos ámbitos- han presentado hoy, ante el registro de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, una solicitud formal para la "reparación y reconocimiento personal del poeta injustamente condenado". Es decir: otra inocua resolución del Ministerio de Justicia como la dada a la nieta de Companys.
Lo sorprendente es que este colectivo también crea en la posibilidad de que tal resolución pueda servir para obligar al Tribunal Supremo a "revisar y anular" la sentencia del Consejo Sumarísimo que le fue impuesta al poeta, “de tal forma que su inocencia sea pública, jurídica y oficialmente reconocida”. Sorprendente, porque Zapatero ha dicho repetidas veces que, de anulación, nada…
Efectivamente, Zapatero y otros dirigentes socialistas no han cesado de repetir su decisión de no ir más allá de lo estipulado en esa Ley. A lo sumo; seguir subvencionando “actividades memorialistas” para reducir la frustración y las protestas de cuantos esperaban mucho más de ellos. La prueba la hemos tenido también hoy al enterarnos (Europa Press) de que la Comisión de Educación del Congreso abordará, previsiblemente en su próxima reunión, una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para pedir al Gobierno la creación de una línea de becas de investigación para trabajos “que permitan conocer la relación exacta y completa de las personas asesinadas, represaliadas, encarceladas y exiliadas durante la Guerra Civil y el franquismo”. Y que, para cumplir este objetivo, “los socialistas proponen la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Centro Documental de la Memoria Histórica, puesto que entre los fines de ésta está fomentar la investigación histórica sobre la guerra, el exilio, el franquismo y la transición y otorgar ayudas a investigadores.”
O sea que la recuperación de la “memoria histórica” quedará reducida a la “investigación histórica” y sólo entre las manos de investigadores…
Nada pues de reparación jurídica para las víctimas de la represión franquista y aún menos de hacerles justicia exigiendo responsabilidades a sus victimarios.
¿Es aún posible dudar de la intención del PSOE de enterrar definitivamente el movimiento de memoria histórica?
Que tal era el propósito lo prueba el hecho de que, transcurridos prácticamente dos años desde entonces y a pesar de que en dicha Ley se proclamaba el “carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”, no se procedido a la rehabilitación jurídica de las víctimas de la represión franquista. Ni se ha procedido ni se procederá, puesto que es de más en más evidente que se redactó y aprobó esa Ley con tal propósito.
Es por ello una quimera esperar que la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas venga de un Gobierno y un Partido (socialista) que en ningún momento ha querido hacerlo, y que sólo se resignó a asumir la responsabilidad de presentar una propuesta de Ley de memoria histórica cuando la presión de los grupos memorialistas no le dejaron otra alternativa. Pero tomándose mucho tiempo para negociar con los partidos parlamentarios y dejar en mínimos su contenido: tanto político como jurídico.
Por si hubiese dudas al respecto, es suficiente con ver en qué han quedado todas las iniciativas que han querido interpretar esa Ley de manera más valiente y consecuente. No sólo la del Juez Baltasar Garzón, de abrir el sumario por los crímenes del franquismo y las desapariciones forzadas, sino inclusive las que desde instancias partidarias o institucionales (la Generalitat de Catalunya) se han ido anunciando con bombo y platillos en los medios de comunicación para obligar al Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado a presentar –conforme a los Arts. 956 y 961, respectivamente, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- recursos de revisión de todas las sentencias “ilegítimas, por vicios de forma y fondo” dictadas por los Consejos de Guerra y demás tribunales franquistas. Y ello pese a que éstos eran también “ilegítimos”, puesto que la Ley de “Memoria Histórica” los declara como tales “por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”.
El colmo de esta vergonzosa situación ha sido ver a la nieta del president Companys obligada a conformarse con un simple documento de “reparación” de la figura de su abuelo expedido por el actual Ministerio de Justicia. Y leer (El País) que los herederos del poeta Miguel Hernández y una Comisión Cívica para la recuperación de la Memoria Histórica de Alicante -que aglutina a partidos progresistas, sindicatos, entidades culturales y personas referentes de diversos ámbitos- han presentado hoy, ante el registro de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, una solicitud formal para la "reparación y reconocimiento personal del poeta injustamente condenado". Es decir: otra inocua resolución del Ministerio de Justicia como la dada a la nieta de Companys.
Lo sorprendente es que este colectivo también crea en la posibilidad de que tal resolución pueda servir para obligar al Tribunal Supremo a "revisar y anular" la sentencia del Consejo Sumarísimo que le fue impuesta al poeta, “de tal forma que su inocencia sea pública, jurídica y oficialmente reconocida”. Sorprendente, porque Zapatero ha dicho repetidas veces que, de anulación, nada…
Efectivamente, Zapatero y otros dirigentes socialistas no han cesado de repetir su decisión de no ir más allá de lo estipulado en esa Ley. A lo sumo; seguir subvencionando “actividades memorialistas” para reducir la frustración y las protestas de cuantos esperaban mucho más de ellos. La prueba la hemos tenido también hoy al enterarnos (Europa Press) de que la Comisión de Educación del Congreso abordará, previsiblemente en su próxima reunión, una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para pedir al Gobierno la creación de una línea de becas de investigación para trabajos “que permitan conocer la relación exacta y completa de las personas asesinadas, represaliadas, encarceladas y exiliadas durante la Guerra Civil y el franquismo”. Y que, para cumplir este objetivo, “los socialistas proponen la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Centro Documental de la Memoria Histórica, puesto que entre los fines de ésta está fomentar la investigación histórica sobre la guerra, el exilio, el franquismo y la transición y otorgar ayudas a investigadores.”
O sea que la recuperación de la “memoria histórica” quedará reducida a la “investigación histórica” y sólo entre las manos de investigadores…
Nada pues de reparación jurídica para las víctimas de la represión franquista y aún menos de hacerles justicia exigiendo responsabilidades a sus victimarios.
¿Es aún posible dudar de la intención del PSOE de enterrar definitivamente el movimiento de memoria histórica?
