Rebelión
En el año en que se han cumplido setenta años del más masivo de los exilios en la historia de España, el de los republicanos que llegaron por los senderos congelados de los Pirineos catalanes a Francia en los días de la entrada de las tropas fascistas en Barcelona, en el año en que se han conmemorado las siete décadas de la llegada del Stanbrook a Orán y del Winnipeg a Chile, o de la creación de una maternidad en la localidad francesa de Elna para que las refugiadas españolas pudieran dar en condiciones adecuadas, el Gobierno ha decidido cerrar las puertas de España a los refugiados.
Así lo prueba el hecho de que en el primer semestre de 2009, el número de personas que solicitaron asilo en nuestro país se redujo un 30% respecto al mismo periodo de 2008. Asimismo, el porcentaje de los solicitantes que superaron la primera fase del procedimiento de asilo (la admisión a trámite de la solicitud) cayó al 37,57%, es decir, sólo una de cada tres solicitantes tiene garantizado un estudio exhaustivo de los motivos por los que solicita protección internacional.
Estas dos cifras no hacen sino confirmar la tendencia expuesta en los sucesivos informes anuales de CEAR sobre la situación de los refugiados en España (disponibles en www.cear.es): la profunda crisis del derecho de asilo en nuestro país. En particular, el Informe 2009 de CEAR hace hincapié en el análisis del grave retroceso que suponía el proyecto de nueva Ley de Asilo aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2008 e incluye, entre sus apéndices, la amplísima relación de enmiendas que CEAR trasladó a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de cara a la tramitación del proyecto legislativo.
El 25 de junio el pleno de la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley, con los únicos votos contrarios de los diputados de Izquierda Unida, ERC y Nafarroa Bai, los únicos, pues, que asumieron una defensa consecuente e integral del derecho de asilo. Aquel día Amnistía Internacional y CEAR expresaron su decepción ante el texto aprobado en el Congreso, que, con escasas modificaciones de fondo aprobaron el Senado y finalmente, el 15 de octubre, de nuevo el Congreso.
CEAR considera que “el Gobierno ha perdido la oportunidad de situar a nuestro país a la cabeza de Europa en la defensa de los derechos humanos” y que el proyecto de ley aprobado “refleja la obsesión por estar en guardia, por que los refugiados no nos puedan engañar, más que la preocupación por la garantía de sus derechos”. Entre los aspectos más preocupantes de la nueva Ley de Asilo están la exclusión de los ciudadanos de la UE del derecho a solicitar asilo en España, la desaparición del derecho a solicitar asilo en una embajada española, el aumento de las causas de exclusión del estatuto de refugiado (con fórmulas jurídicamente imprecisas como constituir “una amenaza para la comunidad”) o la ampliación de los plazos de detención en frontera. Aunque también contiene algunos aspectos positivos (incorporación de la persecución por motivos de género y orientación sexual, participación de España en los programas de reasentamiento de refugiados), la nueva Ley de Asilo supone un retroceso muy relevante en el compromiso de nuestro país con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
La nueva Ley de Asilo, promovida por el Partido Socialista y avalada por la derecha política (PP, PNV, CiU, UPyD), no es una iniciativa aislada. Se suma, por una parte, a la nueva reforma de la Ley de Extranjería, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, que supone un nuevo recorte de derechos para los inmigrantes. Y, sobre todo, es la coronación de los esfuerzos por impermeabilizar las fronteras españolas para los parias de la tierra.
Como ha subrayado recientemente el secretario general del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (agrupa a 69 organizaciones europeas de 29 países), Bjarte Vandvik: “Desafortunadamente, España ha sido pionera en la externalización del control de fronteras en aguas internacionales y más allá y en cooperar con terceros países para disminuir los flujos migratorios sin tener en cuenta consideraciones de derechos humanos. El Gobierno debería garantizar que el control de sus fronteras no impide a los refugiados tener acceso a la protección en Europa”.
Los acuerdos bilaterales con distintos países africanos para la repatriación de sus migrantes, el blindaje de la frontera sur con el dispositivo europeo Frontex, el reforzamiento de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, el aumento de los plazos de internamiento en los CIE (como el recorte de la jurisdicción penal universal) son no sólo medidas de una apuesta por la “seguridad”, en detrimento de los derechos humanos. También son una metáfora de la España actual. Un país sin memoria, una sociedad mayoritariamente indiferente.
Así lo prueba el hecho de que en el primer semestre de 2009, el número de personas que solicitaron asilo en nuestro país se redujo un 30% respecto al mismo periodo de 2008. Asimismo, el porcentaje de los solicitantes que superaron la primera fase del procedimiento de asilo (la admisión a trámite de la solicitud) cayó al 37,57%, es decir, sólo una de cada tres solicitantes tiene garantizado un estudio exhaustivo de los motivos por los que solicita protección internacional.
Estas dos cifras no hacen sino confirmar la tendencia expuesta en los sucesivos informes anuales de CEAR sobre la situación de los refugiados en España (disponibles en www.cear.es): la profunda crisis del derecho de asilo en nuestro país. En particular, el Informe 2009 de CEAR hace hincapié en el análisis del grave retroceso que suponía el proyecto de nueva Ley de Asilo aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2008 e incluye, entre sus apéndices, la amplísima relación de enmiendas que CEAR trasladó a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de cara a la tramitación del proyecto legislativo.
El 25 de junio el pleno de la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley, con los únicos votos contrarios de los diputados de Izquierda Unida, ERC y Nafarroa Bai, los únicos, pues, que asumieron una defensa consecuente e integral del derecho de asilo. Aquel día Amnistía Internacional y CEAR expresaron su decepción ante el texto aprobado en el Congreso, que, con escasas modificaciones de fondo aprobaron el Senado y finalmente, el 15 de octubre, de nuevo el Congreso.
CEAR considera que “el Gobierno ha perdido la oportunidad de situar a nuestro país a la cabeza de Europa en la defensa de los derechos humanos” y que el proyecto de ley aprobado “refleja la obsesión por estar en guardia, por que los refugiados no nos puedan engañar, más que la preocupación por la garantía de sus derechos”. Entre los aspectos más preocupantes de la nueva Ley de Asilo están la exclusión de los ciudadanos de la UE del derecho a solicitar asilo en España, la desaparición del derecho a solicitar asilo en una embajada española, el aumento de las causas de exclusión del estatuto de refugiado (con fórmulas jurídicamente imprecisas como constituir “una amenaza para la comunidad”) o la ampliación de los plazos de detención en frontera. Aunque también contiene algunos aspectos positivos (incorporación de la persecución por motivos de género y orientación sexual, participación de España en los programas de reasentamiento de refugiados), la nueva Ley de Asilo supone un retroceso muy relevante en el compromiso de nuestro país con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
La nueva Ley de Asilo, promovida por el Partido Socialista y avalada por la derecha política (PP, PNV, CiU, UPyD), no es una iniciativa aislada. Se suma, por una parte, a la nueva reforma de la Ley de Extranjería, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, que supone un nuevo recorte de derechos para los inmigrantes. Y, sobre todo, es la coronación de los esfuerzos por impermeabilizar las fronteras españolas para los parias de la tierra.
Como ha subrayado recientemente el secretario general del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (agrupa a 69 organizaciones europeas de 29 países), Bjarte Vandvik: “Desafortunadamente, España ha sido pionera en la externalización del control de fronteras en aguas internacionales y más allá y en cooperar con terceros países para disminuir los flujos migratorios sin tener en cuenta consideraciones de derechos humanos. El Gobierno debería garantizar que el control de sus fronteras no impide a los refugiados tener acceso a la protección en Europa”.
Los acuerdos bilaterales con distintos países africanos para la repatriación de sus migrantes, el blindaje de la frontera sur con el dispositivo europeo Frontex, el reforzamiento de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, el aumento de los plazos de internamiento en los CIE (como el recorte de la jurisdicción penal universal) son no sólo medidas de una apuesta por la “seguridad”, en detrimento de los derechos humanos. También son una metáfora de la España actual. Un país sin memoria, una sociedad mayoritariamente indiferente.
