Tras 18 años de olvido, los ciudadanos borrados de los registros eslovenos recobran sus derechos
ÓSCAR ABOU-KASSEM
Público
Matevz Krivic se presentó una noche de mayo de 2002 en el centro de detención de Siska, en Liubliana, con una misión redentora. Dentro le esperaba Irfan Besirevic, al que la Policía eslovena estaba tratando de expulsar del país por carecer de permiso de residencia.
Para entender la desesperada situación de Besirevic hay que remontarse a la independencia eslovena en 1991. Tras separarse del resto de las repúblicas yugoslavas en una fugaz guerra de 10 días, las autoridades eslovenas decidieron implantar el fervor nacionalista en la burocracia local.
Los 200.000 ciudadanos originarios de otras repúblicas ex yugoslavas tenían un plazo de seis meses para regularizar su situación. La mayoría de ellos se registró y logró la nacionalidad eslovena o el permiso de residencia. Unos 12.000 decidieron marcharse de un nuevo país que cuestionaba el patriotismo de los que no eran hijos de padres eslovenos. Las autoridades decidieron por el resto de los 18.300 ciudadanos que no habían completado los trámites en diciembre de 1991. Los borraron de todos los registros. Legalmente habían dejado de existir.
El calvario de Besirevic había comenzado unos meses antes. Un accidente de tráfico le mantuvo en el hospital durante parte del proceso de registro. Besirevic había nacido en la localidad bosnia de Bosanski Novi en 1958. Un año después, sus padres se mudaron a Eslovenia, donde él acabó trabajando de camarero.
Tras recibir el alta médica, intentó cumplir con los requisitos para regularizar su situación. "Al llegar al registro, la funcionaria que me atendió me mintió. Dijo que el plazo había terminado. Me pidió el carné de identidad y lo canceló perforándolo con unos agujeros. Me lo devolvió y me dijo que había sido borrado de los archivos", cuenta Besirevic en una cafetería de la capital, Liubliana.
Se quedó sin trabajo y se separó de su pareja eslovena. Besirevic pasó los primeros años de la Eslovenia independiente durmiendo en coches abandonados y en los bancos de los parques. Después malvivió ocho años trabajando sin contrato a cambio de alojamiento y comida en una pizzería de Liubliana. Siempre huyendo de la policía y marcado socialmente bajo la palabra cefur, un término despectivo con el que los eslovenos más xenófobos se refieren a sus vecinos de la ex Yugoslavia.
En mayo de 2002, la Policía eslovena le detuvo y le llevó al centro de detención de Siska. "Me dijeron que al día siguiente me metían en un avión para Bosnia". Dos noches después apareció Matevz Krivic. El ex juez del Tribunal Constitucional logró que le pusieran en libertad. Krivic dirigía y asesoraba legalmente a la asociación de borrados. El 13 de octubre de 2003, Besirevic logró la nacionalidad eslovena. Ahora reclama una compensación por la perdida de derechos con carácter retroactivo.
Con el tiempo, el agradecimiento inicial de Irfan para su salvador se transformó en reproches: "Matevz nos ha ayudado mucho. Es un experto en leyes pero también sabe que es culpable de lo sucedido. Cuando fue miembro del Constitucional hubo muchas denuncias de los borrados y el tribunal no hizo nada. Ahora quiere lavar su imagen".
En una plaza céntrica de Liubliana, el ex juez defiende con orgullo su labor: "Las decisiones del tribunal son secretas. No puedo imaginar un trabajo mejor para un juez retirado que el de ayudar con su experiencia a las víctimas de las violaciones cometidas por el Estado".
Proceso regulador
El mensaje excluyente de la derecha eslovena ha ido perdiendo fuerza en los últimos años. La coalición de izquierdas que gobierna Eslovenia desde hace un año ha dado pasos para regularizar la situación de los borrados. El Parlamento tiene previsto aprobar en diciembre una ley para facilitar el proceso de reinserción de los afectados, pero sin ningún tipo de compensación económica.
Franco Juri, el primer embajador de Eslovenia en España, es un firme defensor de la reinserción de los borrados. "Somos un país pequeño que siempre ha estado dominado por otros. La mayoría de los eslovenos son muy celosos de su propia identidad. Los racistas son una minoría. Pero son muy agresivos, sobre todo políticamente", cuenta Juri, diputado del Partido Liberal Democrático.
El anterior Gobierno de derechas se negó a aplicar las tres decisiones del Constitucional de reparar la situación de los borrados. Branko Grims, diputado del Partido Democrático, niega la existencia de los borrados. Los reduce a un grupo de enemigos de la identidad nacional eslovena. "Se trata de una manipulación. A esa gente se les ofreció registrarse en su momento", dice. "Si los españoles fueran atacados por otro país, ¿permitirían que los atacantes reclamaran luego una indemnización?".
