La nueva Ley de Extranjería, las detenciones policiales y el aumento del paro son las principales amenazas para el colectivo de inmigrantes
DANIEL AYLLÓN
Público
Los inmigrantes vivirán el próximo año en España acechados por tres frentes: la nueva Ley de Extranjería, el aumento del paro y las detenciones policiales. La norma, que entró en vigor el pasado 13 de diciembre, amplió las retenciones de los sin papeles en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días y limitó la reagrupación familiar, entre otras medidas. Las principales ONG y asociaciones de inmigrantes condenaron la reforma porque "criminaliza al inmigrante".
En enero, el Gobierno empezará a redactar el reglamento de la Ley, que prestará "especial atención" a la regulación y vigilancia de los CIE, explica la portavoz de inmigración del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Esperança Esteve. Las ONG denuncian que en estos centros se interna a sin papeles sin que cometan delitos, sólo por no tener documentos, y se les garantizan menos derechos que, por ejemplo, en las prisiones.
El paro de los extracomunitarios es del 28,5%, frente al 17,9% general
Durante la tramitación de la Ley en el Congreso, los votos de Convergència i Unió fueron fundamentales para sacar adelante el texto. Las condiciones que puso el grupo catalán (más voz y más competencias de las autonomías en la concesión de permisos de trabajo y residencia) son dos de los capítulos que el Gobierno tendrá que desarrollar aún.
Aprender catalán
Esteve incide en que "de ningún modo" el conocimiento del catalán podrá ser un requisito para obtener permisos. "No puede haber diferentes condiciones en cada autonomía", advierte. "Tenemos que seguir un modelo integrador, no uno en el que prime la asimilación de nuestras costumbres". El texto final estará listo, en principio, en junio.
Respecto al empleo, las perspectivas para 2010 del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, no son optimistas: la prolongación de la crisis aumentará el paro y lo mantendrá en torno al el 20%, y los más afectados serán los trabajadores extracomunitarios. Estos tienen un índice de paro del 28,5%, frente al 17,9% general, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2009.
La principal ventaja de los foráneos respecto a los españoles es su alto grado de movilidad entre sectores de baja cualificación. "Pero, con la crisis, hay más competencia, porque los españoles están volviendo a áreas como la agricultura o la construcción", matiza Mikel Araguás, secretario general de la federación de asociaciones Andalucía ACOGE.
Además, "miles de inmigrantes agotarán el próximo año sus prestaciones por desempleo, lo que agravará su situación económica", advierte Araguás. El goteo de parados extranjeros está provocando que crezca la bolsa de sin papeles: al caducar sus permisos de residencia y carecer de un contrato de trabajo, no pueden renovar su documentación.
El sociólogo y profesor de la Universidad de Comillas Pedro Cabrera añade que los sin techo foráneos en las grandes ciudades han pasado de representar el 8%, a mediados de la década de 1990, al 60% en la actualidad. "Son el sector más débil", tal y como recoge el estudio ¿Quién duerme en la calle?, de Obra Social de Caixa Catalunya. El 79% de las familias atendidas por Cáritas son asimismo extranjeras.
Iniciativas polémicas
Desde el comienzo de la crisis, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha presentado varias iniciativas. Las más polémicas fueron la reforma de la citada Ley de Extranjería, el Plan de Retorno Voluntario y el recorte del Fondo de Integración de los Inmigrantes, de 200 millones de euros.
Aunque la necesidad de ayudas sociales en el colectivo ha aumentado a raíz de la crisis, el tijeretazo presupuestario se ha realizado dos veces en el último año (un 33% y un 50%), aunque se ha repuesto en ambas ocasiones. La última, mediante una iniciativa impulsada por ERC en el Congreso, ha logrado mantener los 200 millones para 2010.
A pesar del endurecimiento de algunos artículos de la Ley de Extranjería, el Gobierno también les ha reconocido los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación, huelga y asistencia jurídica gratuita, entre otros. Además, las sin papeles maltratadas recibirán un permiso de residencia, aunque serán expulsadas si no logran demostrar la agresión. Este es otro punto pendiente de estudio.
En el ámbito de la integración, el Gobierno aprobará en 2010 el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Tras una primera edición, centrada en los adultos (2007-20010), se orientará hacia los menores de edad hijos de inmigrantes, que representaron más del 24% de los nacimientos totales de España en 2008.
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, insiste en que la integración social de estas generaciones resultará "crucial para asegurar la convivencia y evitar el fracaso colectivo en el que se han visto inmersas muchas sociedades" del entorno de España. De estas, Francia es el caso más llamativo. En 2005, las protestas de jóvenes hijos de inmigrantes se saldaron con la quema de 2.800 coches en las barriadas de París, conocidas como banlieus.
En política exterior, España aprovechará la presidencia de la UE en el primer semestre de 2010 para priorizar el control de los flujos migratorios. Además, el Gobierno destaca como un "logro" haber incluido la discusión sobre los menores extranjeros no acompañados.
En España, viven unos 6.000, de los 15.000 que hay repartidos por el continente. El debate es qué hacer con ellos, ante la imposibilidad de repatriarlos como a los adultos, por su vulnerabilidad. Los partidos conservadores instan a priorizar su repatriación, mientras que las ONG piden que, ante todo, se tenga en cuenta el interés máximo del menor.
Tras la saturación de los centros de menores de Canarias por la llegada de cayucos y pateras durante los últimos años, el Gobierno intentó que otras comunidades asumiesen el cuidado de los chicos, apelando a la "solidaridad" entre territorios. Esta vía no funcionó y Canarias tuvo que encargarse de su educación y tutela hasta que han ido cumpliendo la mayoría de edad.
Con esta experiencia interna, "es complicado pensar en que otros países puedan hacerse cargo de parte de los menores desamparados que viven en España", explican fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los ojos del Gobierno están puestos ahora en los países de origen, de los que espera más cooperación para encontrar a sus familias o potenciar la creación de centros de menores, para facilitar sus repatriaciones.
En enero, el Gobierno empezará a redactar el reglamento de la Ley, que prestará "especial atención" a la regulación y vigilancia de los CIE, explica la portavoz de inmigración del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Esperança Esteve. Las ONG denuncian que en estos centros se interna a sin papeles sin que cometan delitos, sólo por no tener documentos, y se les garantizan menos derechos que, por ejemplo, en las prisiones.
El paro de los extracomunitarios es del 28,5%, frente al 17,9% general
Durante la tramitación de la Ley en el Congreso, los votos de Convergència i Unió fueron fundamentales para sacar adelante el texto. Las condiciones que puso el grupo catalán (más voz y más competencias de las autonomías en la concesión de permisos de trabajo y residencia) son dos de los capítulos que el Gobierno tendrá que desarrollar aún.
Aprender catalán
Esteve incide en que "de ningún modo" el conocimiento del catalán podrá ser un requisito para obtener permisos. "No puede haber diferentes condiciones en cada autonomía", advierte. "Tenemos que seguir un modelo integrador, no uno en el que prime la asimilación de nuestras costumbres". El texto final estará listo, en principio, en junio.
Respecto al empleo, las perspectivas para 2010 del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, no son optimistas: la prolongación de la crisis aumentará el paro y lo mantendrá en torno al el 20%, y los más afectados serán los trabajadores extracomunitarios. Estos tienen un índice de paro del 28,5%, frente al 17,9% general, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2009.
La principal ventaja de los foráneos respecto a los españoles es su alto grado de movilidad entre sectores de baja cualificación. "Pero, con la crisis, hay más competencia, porque los españoles están volviendo a áreas como la agricultura o la construcción", matiza Mikel Araguás, secretario general de la federación de asociaciones Andalucía ACOGE.
Además, "miles de inmigrantes agotarán el próximo año sus prestaciones por desempleo, lo que agravará su situación económica", advierte Araguás. El goteo de parados extranjeros está provocando que crezca la bolsa de sin papeles: al caducar sus permisos de residencia y carecer de un contrato de trabajo, no pueden renovar su documentación.
El sociólogo y profesor de la Universidad de Comillas Pedro Cabrera añade que los sin techo foráneos en las grandes ciudades han pasado de representar el 8%, a mediados de la década de 1990, al 60% en la actualidad. "Son el sector más débil", tal y como recoge el estudio ¿Quién duerme en la calle?, de Obra Social de Caixa Catalunya. El 79% de las familias atendidas por Cáritas son asimismo extranjeras.
Iniciativas polémicas
Desde el comienzo de la crisis, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha presentado varias iniciativas. Las más polémicas fueron la reforma de la citada Ley de Extranjería, el Plan de Retorno Voluntario y el recorte del Fondo de Integración de los Inmigrantes, de 200 millones de euros.
Aunque la necesidad de ayudas sociales en el colectivo ha aumentado a raíz de la crisis, el tijeretazo presupuestario se ha realizado dos veces en el último año (un 33% y un 50%), aunque se ha repuesto en ambas ocasiones. La última, mediante una iniciativa impulsada por ERC en el Congreso, ha logrado mantener los 200 millones para 2010.
A pesar del endurecimiento de algunos artículos de la Ley de Extranjería, el Gobierno también les ha reconocido los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación, huelga y asistencia jurídica gratuita, entre otros. Además, las sin papeles maltratadas recibirán un permiso de residencia, aunque serán expulsadas si no logran demostrar la agresión. Este es otro punto pendiente de estudio.
En el ámbito de la integración, el Gobierno aprobará en 2010 el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Tras una primera edición, centrada en los adultos (2007-20010), se orientará hacia los menores de edad hijos de inmigrantes, que representaron más del 24% de los nacimientos totales de España en 2008.
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, insiste en que la integración social de estas generaciones resultará "crucial para asegurar la convivencia y evitar el fracaso colectivo en el que se han visto inmersas muchas sociedades" del entorno de España. De estas, Francia es el caso más llamativo. En 2005, las protestas de jóvenes hijos de inmigrantes se saldaron con la quema de 2.800 coches en las barriadas de París, conocidas como banlieus.
En política exterior, España aprovechará la presidencia de la UE en el primer semestre de 2010 para priorizar el control de los flujos migratorios. Además, el Gobierno destaca como un "logro" haber incluido la discusión sobre los menores extranjeros no acompañados.
En España, viven unos 6.000, de los 15.000 que hay repartidos por el continente. El debate es qué hacer con ellos, ante la imposibilidad de repatriarlos como a los adultos, por su vulnerabilidad. Los partidos conservadores instan a priorizar su repatriación, mientras que las ONG piden que, ante todo, se tenga en cuenta el interés máximo del menor.
Tras la saturación de los centros de menores de Canarias por la llegada de cayucos y pateras durante los últimos años, el Gobierno intentó que otras comunidades asumiesen el cuidado de los chicos, apelando a la "solidaridad" entre territorios. Esta vía no funcionó y Canarias tuvo que encargarse de su educación y tutela hasta que han ido cumpliendo la mayoría de edad.
Con esta experiencia interna, "es complicado pensar en que otros países puedan hacerse cargo de parte de los menores desamparados que viven en España", explican fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los ojos del Gobierno están puestos ahora en los países de origen, de los que espera más cooperación para encontrar a sus familias o potenciar la creación de centros de menores, para facilitar sus repatriaciones.
