La cantidad de solicitantes de asilo y otros inmigrantes expulsados de la Unión Europea (UE) en operativos conjuntos entre sus gobiernos se multiplicó por tres en los últimos tres años, según cifras oficiales
DAVID CRONIN
IPS
Al menos 1.570 personas fueron repatriadas en 31 vuelos coordinados por el organismo de fronteras externas del bloque regional, Frontex, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2009.
En 2007, las expulsiones conjuntas (entre dos o más países del bloque) afectaron a 428 inmigrantes, y en 2008, a más de 800.
La nueva información indica que Frontex aceleró cada vez más sus actividades en los cuatro años y medios transcurridos desde su creación. Y la participación de esta agencia con sede en Varsovia en la expulsión de personas sin permiso para permanecer en territorio de la UE parece en vías de aumentar todavía más.
Cuando los presidentes y primeros ministros del bloque se reunieron en Bruselas el pasado octubre, aprobaron un plan para ampliar las facultades de Frontex. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, debe presentar propuestas en ese sentido en los primeros meses de este año.
El plan aprobado prevé que la agencia financie un mayor número de vuelos contratados para las repatriaciones y coopere más estrechamente con los países originarios de los inmigrantes indocumentados.
Las organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo temen que Frontex adquiera más recursos y responsabilidades sin tener que demostrar que los derechos humanos fundamentales están protegidos en sus actividades.
Un informe de la organización Human Rights Watch titulado "Pushed Back, Pushed Around" señaló que en junio de 2009 Frontex ayudó a las autoridades italianas a repatriar inmigrantes a Libia sin darles la oportunidad de solicitar asilo, en la llamada Operación Nautilus.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a solicitar asilo si se consideran perseguidas en su país.
Bill Frelick, de Human Rights Watch, manifestó preocupación por la ampliación de las facultades de Frontex y advirtió que las actividades de la agencia deberán ser vigiladas de cerca en el futuro.
Bjarte Vandvik, director del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados, observó que la UE debe respetar siempre el principio de no devolución al repatriar inmigrantes. Este principio del derecho internacional de los refugiados implica que nadie puede ser devuelto a un país donde esté en riesgo de persecución.
"Frontex como organismo de la UE sigue con problemas de transparencia y rendición de cuentas", señaló Vandvik, y previno que "no está claro cómo instrumentará procedimientos de repatriación que garanticen la no devolución, que puedan ser vigilados de manera independiente y que sean seguros, dignos y humanos".
Una portavoz de Frontex argumentó que no es tarea de la agencia velar por los derechos humanos. "Nuestro trabajo se limita a la coordinación. Las normas que se aplican a bordo del avión dependen de la bandera de la nave… Por ejemplo, Austria siempre exige que haya un observador de los derechos humanos a bordo", explicó.
Philip Amaral, oficial de políticas del Servicio Jesuita a Refugiados, con sede en Bruselas, sugirió que el personal de Frontex sea capacitado para respetar el derecho de asilo en sus operaciones y para que las necesidades de los inmigrantes sean atendidas.
"Nuestra principal preocupación con respecto a Frontex es que sus actividades son bastante oscuras. Siempre estamos pidiendo mayor supervisión del Parlamento Europeo, especialmente ahora que las facultades de la agencia se ampliarán", dijo Amaral.
Frontex provocó la ira de las organizaciones de derechos humanos en 2008, cuando se supo que sus funcionarios apuntaron con armas a un grupo de africanos que habían desembarcado en Italia. Giusto Catania, miembro del Parlamento Europeo por Italia, consideró "un verdadero escándalo" el uso de armas de esa forma.
En 2007, las expulsiones conjuntas (entre dos o más países del bloque) afectaron a 428 inmigrantes, y en 2008, a más de 800.
La nueva información indica que Frontex aceleró cada vez más sus actividades en los cuatro años y medios transcurridos desde su creación. Y la participación de esta agencia con sede en Varsovia en la expulsión de personas sin permiso para permanecer en territorio de la UE parece en vías de aumentar todavía más.
Cuando los presidentes y primeros ministros del bloque se reunieron en Bruselas el pasado octubre, aprobaron un plan para ampliar las facultades de Frontex. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, debe presentar propuestas en ese sentido en los primeros meses de este año.
El plan aprobado prevé que la agencia financie un mayor número de vuelos contratados para las repatriaciones y coopere más estrechamente con los países originarios de los inmigrantes indocumentados.
Las organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo temen que Frontex adquiera más recursos y responsabilidades sin tener que demostrar que los derechos humanos fundamentales están protegidos en sus actividades.
Un informe de la organización Human Rights Watch titulado "Pushed Back, Pushed Around" señaló que en junio de 2009 Frontex ayudó a las autoridades italianas a repatriar inmigrantes a Libia sin darles la oportunidad de solicitar asilo, en la llamada Operación Nautilus.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a solicitar asilo si se consideran perseguidas en su país.
Bill Frelick, de Human Rights Watch, manifestó preocupación por la ampliación de las facultades de Frontex y advirtió que las actividades de la agencia deberán ser vigiladas de cerca en el futuro.
Bjarte Vandvik, director del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados, observó que la UE debe respetar siempre el principio de no devolución al repatriar inmigrantes. Este principio del derecho internacional de los refugiados implica que nadie puede ser devuelto a un país donde esté en riesgo de persecución.
"Frontex como organismo de la UE sigue con problemas de transparencia y rendición de cuentas", señaló Vandvik, y previno que "no está claro cómo instrumentará procedimientos de repatriación que garanticen la no devolución, que puedan ser vigilados de manera independiente y que sean seguros, dignos y humanos".
Una portavoz de Frontex argumentó que no es tarea de la agencia velar por los derechos humanos. "Nuestro trabajo se limita a la coordinación. Las normas que se aplican a bordo del avión dependen de la bandera de la nave… Por ejemplo, Austria siempre exige que haya un observador de los derechos humanos a bordo", explicó.
Philip Amaral, oficial de políticas del Servicio Jesuita a Refugiados, con sede en Bruselas, sugirió que el personal de Frontex sea capacitado para respetar el derecho de asilo en sus operaciones y para que las necesidades de los inmigrantes sean atendidas.
"Nuestra principal preocupación con respecto a Frontex es que sus actividades son bastante oscuras. Siempre estamos pidiendo mayor supervisión del Parlamento Europeo, especialmente ahora que las facultades de la agencia se ampliarán", dijo Amaral.
Frontex provocó la ira de las organizaciones de derechos humanos en 2008, cuando se supo que sus funcionarios apuntaron con armas a un grupo de africanos que habían desembarcado en Italia. Giusto Catania, miembro del Parlamento Europeo por Italia, consideró "un verdadero escándalo" el uso de armas de esa forma.
