Los desahucios de viviendas alquiladas y los embargos han aumentado a raíz de la crisis. Frente a esto, la política de vivienda sigue favoreciendo los intereses de banca y promotores inmobiliarios
PABLO ELORDUY
Diagonal
Si usted tiene pensado dejar de pagar las mensualidades de su alquiler tiene que saber que, desde finales de diciembre, el proceso hasta que le saquen de la casa donde vive será rápido. Bastará con que la administración clave un edicto en la puerta del inmueble en el que habita para que sea oficial su próximo desalojo. Virginia, una funcionaria de justicia, comenta que con la entrada en vigor de la Ley, “la gente se rinde antes, vienen al juzgado y dejan la llave, cuando antes pasaban meses hasta que se llevaba a efecto el desalojo”. En 2008, último año del que se tienen datos, el porcentaje de procesos de desahucios fue el más alto desde 1994, y es previsible que esa cifra haya crecido en 2009 y se mantenga alta en 2010, a tenor de las estimaciones del Consejo General del poder judicial.
La Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler, conocida como la Ley de desahucios exprés, fue aprobada en noviembre del año pasado para “estimular” a los propietarios a alquilar sus viviendas desocupadas, ya que el Gobierno pretende aumentar el 11% que representa el alquiler en el Estado, un porcentaje escaso si se compara con la media europea, situada en el 40%. Pero este estímulo para los arrendatarios no ha llevado consigo un descenso de los precios. En enero, el precio del alquiler subió un 1,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Tal vez porque el desahucio exprés no ha motivado en exceso a los posibles arrendadores, el Ministerio de Vivienda presentó a finales de febrero nuevas recetas para incentivar el alquiler. Éstas se encaminan a seguir beneficiando fiscalmente a los arrendadores, mientras que los arrendatarios beneficiados por las modificaciones, enmarcadas en la Ley de Economía Sostenible, serán los jóvenes que quieran emanciparse.
El interventor municipal de fondos y economista experto en urbanismo, Fernando Urruticoechea, considera que “estas ayudas, independientemente de cuál sea el sector social al que van destinadas, siempre terminan en manos de propietarios de vivienda”. Para este experto, al margen de parches coyunturales, el problema del acceso a la vivienda es más complejo: “El mito neoliberal de que la necesidad se satisface construyendo más viviendas es absolutamente falso, como se ha demostrado en esta década ‘prodigiosa’ del 97 al 2007, en la que se han construido unos cuatro millones de viviendas en el Estado español con el resultado de que el número de personas que necesitan un alojamiento independiente es superior al que había en 1997”. La urbanista Raquel Rodríguez apunta en una línea parecida: “el problema es que las competencias están repartidas entre las tres administraciones; lo que hace el Estado es presupuestar, pero no tiene capacidad legal para intervenir en todas las fases del proceso”.
¿A quién se ayuda?
“La banca no puede asumir la deuda inmobiliaria”. Este aviso a navegantes del presidente de la Asociación Hipotecaria Española tuvo su eco en la intervención de Beatriz Corredor en una Feria de Outlet inmobiliario celebrada en Madrid. La ministra de Vivienda declaró que 2010 “es un buen momento para comprar vivienda”, ya que las desgravaciones se mantendrán este año. Para resumir la situación en la que se encuentran promotores, banca y Estado, basta decir que se estima que los bancos tienen cerca de un millón de viviendas en sus balances. A esto se suma que un buen número de personas hipotecadas corren el riesgo de acabar embargados y con una importante deuda por la rebaja de las tasaciones de sus pisos provocada por el estallido de la burbuja.
“La banca es la propietaria accidental, ellos no querían pisos, lo que querían era cobrar intereses. La vivienda les convenía porque todas las familias necesitan una y porque esos precios les garantizan que nadie lo va a poder pagar a tocateja”, apunta Raquel Rodríguez, para quien la situación se ha complicado mucho ya que “si la banca comienza a perder, quien irá detrás será quien esté pagando su hipoteca. Creo que no hay manera de hacer esto sin que al final las víctimas sean las mismas”, señala esta experta en Urbanismo. Urruticoechea teme que a lo largo de 2010 asistamos a la compra pública o a enormes subvenciones en las calificaciones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de parte del stock que tiene la banca y la patronal inmobiliaria. “Sabemos cuánta presión están metiendo los lobbies bancarios y de promotores para hacer líquido todo ese stock de viviendas, para poderlo vender, y vemos cómo apelan a las ayudas, subsidios y subvenciones públicas para deshacerse de ese patrimonio”.
Paralizada por el hundimiento de la demanda de vivienda libre, la conversión en VPO puede servir para que los dueños de la piedra se deshagan de parte de ese excedente, aunque, como señala Juankar, de la plataforma contra la exclusión social, Berri Otxoak, mucha gente a la que le toca un piso protegido, “tiene que renunciar a él porque no tienen recursos para mantenerlo”.
Detrás de estos intentos por dar aire a la construcción, se encuentra la dependencia del modelo y cierta predisposición ideológica a la compra e inversión en vivienda que, para Urruticoechea, hunde sus raíces en la sacralización de la propiedad fomentada por el Franquismo y popularizada por Margaret Thatcher y el llamado “capitalismo social”. Esto, apunta este economista, “tiene consecuencias implacables, porque la gente se hipoteca por 20, 30 y hasta 50 años para pagar su vivienda, consagrándose como esclavos sociales de la banca, algo que tiene enormes consecuencias colaterales con respecto al mercado laboral”. En este último punto, Urruticoechea ve increíble que cuando se habla de la reforma del mercado laboral, “nadie ponga en la mesa el factor estructural que diferencia nuestro mercado laboral del resto de los europeos, que es la rigidez en la residencia”.
A la hora de buscar remedio al problema del acceso a la vivienda, cobra una importancia clave el uso que se hace del suelo público: “Soy testigo, como funcionario público, de que ha habido un saqueo de millones de euros, porque se ha dilapidado el suelo público a precios irrisorios; se ha permitido la apropiación privada por parte de los promotores de miles y miles de hectáreas públicas para mayor satisfacción de estos y ese dinero ha vuelto en muchas ocasiones como comisiones para financiar a los partidos políticos”, denuncia Urruticoechea.
Hacia el alquiler social
Para salir de esta situación Raquel Rodríguez cree que hay que modificar los principios en que se ha basado hasta ahora la vivienda protegida. En lugar de seguir calificando el suelo como residencial de protección, para esta urbanista, ayuntamientos y autonomías deben pedir un porcentaje de las viviendas ya construidas “así, además, no haría falta segregar a la gente en un rincón del municipio”. Rodríguez apuesta por la rehabilitación de inmuebles y por un régimen de alquiler que atienda a las necesidades estudiando cada caso.
Urruticoechea cree que la forma de regular el derecho a la vivienda pasa porque se destine al menos un 3% del PIB para crear un parque inmobiliario de viviendas públicas, algo que es prácticamente residual en el Estado español pero que, en lugares como Francia, ha paliado, hasta cierto punto, la necesidad de vivienda. Otra medida que propone este economista es fiscalizar el uso de VPO para que sólo las usen quienes realmente tienen necesidad de ellas, así como gravar fiscalmente a los propietarios de viviendas privadas vacías, de forma que tanto esa recaudación como las viviendas que formen parte de ese parque público sean puestas a disposición de la población en régimen de Viviendas de Alquiler Limitado. Y es que, el pinchazo de la burbuja ha vuelto a demostrar, opina Urruticoechea, que no existe ningún lugar en el mundo en el que el mercado resuelva la necesidad de alojamiento de la gente necesitada.
La Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler, conocida como la Ley de desahucios exprés, fue aprobada en noviembre del año pasado para “estimular” a los propietarios a alquilar sus viviendas desocupadas, ya que el Gobierno pretende aumentar el 11% que representa el alquiler en el Estado, un porcentaje escaso si se compara con la media europea, situada en el 40%. Pero este estímulo para los arrendatarios no ha llevado consigo un descenso de los precios. En enero, el precio del alquiler subió un 1,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Tal vez porque el desahucio exprés no ha motivado en exceso a los posibles arrendadores, el Ministerio de Vivienda presentó a finales de febrero nuevas recetas para incentivar el alquiler. Éstas se encaminan a seguir beneficiando fiscalmente a los arrendadores, mientras que los arrendatarios beneficiados por las modificaciones, enmarcadas en la Ley de Economía Sostenible, serán los jóvenes que quieran emanciparse.
El interventor municipal de fondos y economista experto en urbanismo, Fernando Urruticoechea, considera que “estas ayudas, independientemente de cuál sea el sector social al que van destinadas, siempre terminan en manos de propietarios de vivienda”. Para este experto, al margen de parches coyunturales, el problema del acceso a la vivienda es más complejo: “El mito neoliberal de que la necesidad se satisface construyendo más viviendas es absolutamente falso, como se ha demostrado en esta década ‘prodigiosa’ del 97 al 2007, en la que se han construido unos cuatro millones de viviendas en el Estado español con el resultado de que el número de personas que necesitan un alojamiento independiente es superior al que había en 1997”. La urbanista Raquel Rodríguez apunta en una línea parecida: “el problema es que las competencias están repartidas entre las tres administraciones; lo que hace el Estado es presupuestar, pero no tiene capacidad legal para intervenir en todas las fases del proceso”.
¿A quién se ayuda?
“La banca no puede asumir la deuda inmobiliaria”. Este aviso a navegantes del presidente de la Asociación Hipotecaria Española tuvo su eco en la intervención de Beatriz Corredor en una Feria de Outlet inmobiliario celebrada en Madrid. La ministra de Vivienda declaró que 2010 “es un buen momento para comprar vivienda”, ya que las desgravaciones se mantendrán este año. Para resumir la situación en la que se encuentran promotores, banca y Estado, basta decir que se estima que los bancos tienen cerca de un millón de viviendas en sus balances. A esto se suma que un buen número de personas hipotecadas corren el riesgo de acabar embargados y con una importante deuda por la rebaja de las tasaciones de sus pisos provocada por el estallido de la burbuja.
“La banca es la propietaria accidental, ellos no querían pisos, lo que querían era cobrar intereses. La vivienda les convenía porque todas las familias necesitan una y porque esos precios les garantizan que nadie lo va a poder pagar a tocateja”, apunta Raquel Rodríguez, para quien la situación se ha complicado mucho ya que “si la banca comienza a perder, quien irá detrás será quien esté pagando su hipoteca. Creo que no hay manera de hacer esto sin que al final las víctimas sean las mismas”, señala esta experta en Urbanismo. Urruticoechea teme que a lo largo de 2010 asistamos a la compra pública o a enormes subvenciones en las calificaciones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de parte del stock que tiene la banca y la patronal inmobiliaria. “Sabemos cuánta presión están metiendo los lobbies bancarios y de promotores para hacer líquido todo ese stock de viviendas, para poderlo vender, y vemos cómo apelan a las ayudas, subsidios y subvenciones públicas para deshacerse de ese patrimonio”.
Paralizada por el hundimiento de la demanda de vivienda libre, la conversión en VPO puede servir para que los dueños de la piedra se deshagan de parte de ese excedente, aunque, como señala Juankar, de la plataforma contra la exclusión social, Berri Otxoak, mucha gente a la que le toca un piso protegido, “tiene que renunciar a él porque no tienen recursos para mantenerlo”.
Detrás de estos intentos por dar aire a la construcción, se encuentra la dependencia del modelo y cierta predisposición ideológica a la compra e inversión en vivienda que, para Urruticoechea, hunde sus raíces en la sacralización de la propiedad fomentada por el Franquismo y popularizada por Margaret Thatcher y el llamado “capitalismo social”. Esto, apunta este economista, “tiene consecuencias implacables, porque la gente se hipoteca por 20, 30 y hasta 50 años para pagar su vivienda, consagrándose como esclavos sociales de la banca, algo que tiene enormes consecuencias colaterales con respecto al mercado laboral”. En este último punto, Urruticoechea ve increíble que cuando se habla de la reforma del mercado laboral, “nadie ponga en la mesa el factor estructural que diferencia nuestro mercado laboral del resto de los europeos, que es la rigidez en la residencia”.
A la hora de buscar remedio al problema del acceso a la vivienda, cobra una importancia clave el uso que se hace del suelo público: “Soy testigo, como funcionario público, de que ha habido un saqueo de millones de euros, porque se ha dilapidado el suelo público a precios irrisorios; se ha permitido la apropiación privada por parte de los promotores de miles y miles de hectáreas públicas para mayor satisfacción de estos y ese dinero ha vuelto en muchas ocasiones como comisiones para financiar a los partidos políticos”, denuncia Urruticoechea.
Hacia el alquiler social
Para salir de esta situación Raquel Rodríguez cree que hay que modificar los principios en que se ha basado hasta ahora la vivienda protegida. En lugar de seguir calificando el suelo como residencial de protección, para esta urbanista, ayuntamientos y autonomías deben pedir un porcentaje de las viviendas ya construidas “así, además, no haría falta segregar a la gente en un rincón del municipio”. Rodríguez apuesta por la rehabilitación de inmuebles y por un régimen de alquiler que atienda a las necesidades estudiando cada caso.
Urruticoechea cree que la forma de regular el derecho a la vivienda pasa porque se destine al menos un 3% del PIB para crear un parque inmobiliario de viviendas públicas, algo que es prácticamente residual en el Estado español pero que, en lugares como Francia, ha paliado, hasta cierto punto, la necesidad de vivienda. Otra medida que propone este economista es fiscalizar el uso de VPO para que sólo las usen quienes realmente tienen necesidad de ellas, así como gravar fiscalmente a los propietarios de viviendas privadas vacías, de forma que tanto esa recaudación como las viviendas que formen parte de ese parque público sean puestas a disposición de la población en régimen de Viviendas de Alquiler Limitado. Y es que, el pinchazo de la burbuja ha vuelto a demostrar, opina Urruticoechea, que no existe ningún lugar en el mundo en el que el mercado resuelva la necesidad de alojamiento de la gente necesitada.
