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La impunidad de los responsables de la dictadura brasileña puede estar cerca de su final. Por primera vez, los militares serán investigados por los crímenes cometidos durante la dictadura, entre 1964 y 1985.
El fiscal Ivan Cláudio Marx, de Uruguaiana (Rio Grande do Sul), solicitó el jueves a la Policía Federal la investigación de la desaparición del italoargentino Lorenzo Ismael Viñas, en 1980, y del padre argentino Jorge Oscar Adur. Estos crímenes están atribuidos a la Operación Cóndor, el esquema de represión política que limpió de opositores Chile, Argentina, Paraguay y Brasil durante sus dictaduras.
Hace dos semanas, la Justicia Federal del estado de São Paulo abrió un peligroso precedente al archivar la petición de investigación criminal sobre la muerte del periodista Vladimir Herzog, asesinado en 1975 por la policía política. La argumentación de que los crímenes cometidos por los militares y sus simpatizantes durante la dictadura prescribieron está respaldada, según el propio ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, por una interpretación conservadora de la ley de amnistía.
La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) no ha tardado en reaccionar: ha acudido a la Corte Suprema brasileña para intentar revertir la situación. Pide que aclare, de una vez por todas, cuál es el alcance de la ley de amnistía brasileña, un auténtico decretazo de punto y final de 1979, que dejó impunes 383 muertes (cifra oficial) y las torturas sufridas por 50.000 presos políticos.
Para el presidente de la OAB, Cezar Britto, aclarar la ley de amnistía es vital para consolidar la democracia en Brasil. En mayo de 2008, afirmó en la reivindicativa Caravana de la amnistía que "no podemos confundir amnistía con amnesia". Cesar Britto, en una entrevista con Público, afirma que esta ley no se aplica en casos de terrorismo de Estado. "El Estado no puede auto amnistiarse", afirma. Por eso "no funcionó la ley en Chilepara Pinochet", recuerda.
Por otro lado, la ley de amnistía y la desclasificación de los archivos de la dictadura, serán los temas estrella a debatir a finales de mes en el estado de Pará, en la Amazonia. En el V Foro Mundial de Jueces, representantes del poder judicial y estudiantes de diversos países discutirán los crímenes contra la humanidad cometidos durante las dictaduras latinas (Brasil, Chile y Argentina). A su vez, el Foro Social Mundial, que arranca el martes en la ciudad de Belém, abordará la memoria y la verdad de los mismos temas desde la óptica de las asociaciones y ONG.
Movilización social
Y es que la memoria histórica está, en Brasil, en boca de todo el mundo. Pese a las dificultades, la sociedad brasileña se está movilizando para hacer valer su derecho a la verdad. De hecho, 2008 estuvo marcado por diversas acciones contra militares de ladictadura.
"El movimiento para la apertura de los archivos y castigo de los torturadores tiene mucha fuerza. Es necesario que se limpie de una vez nuestra historia", asegura Maria Amélia Teles, de la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos.
El Ministerio Público Federal (MPF), representado por Eugenia Fávero y Marlon Weichert, solicitó la apertura de una investigación contra autoridades del régimen militar acusadas de asesinato y secuestro en São Paulo y Río de Janeiro. "Al afrontar este tema las democracias saldrán fortalecidas", afirma Weichert a Público. La sociedad civil brasileña está gritando sin complejos abrir los archivos de la dictadura que realmente interesan los de la inteligencia militar , justamente los que las Fuerzas Armadas alegan haber destruido.
Algunos archivos fueron abiertos, están siendo catalogados por el Archivo Nacional de la República. Incluso dentro de poco estarán disponibles en Internet. Pero no los más importantes. Las torturas, la persecución a los subversivos, las listas negras y la forma en que los militares se deshacían de los cuerpos en cementerios clandestinos están registrados en documentos similares a los que fueron quemados de forma criminal y clandestina en la Base Aérea del Estado de Bahia en 2004.
La fiscal Eugenia Fávero sostiene que "las personas quieren hablar, hasta los colaboradores del régimen militar. No aguantan más cargar con secretos y crímenes en sus espaldas". Con una mezcla de resignación y esperanza, Eugenia vaticina el futuro: "Si las revelaciones no llegasen por las vías oficiales brasileñas, llegarán por otras vías. La verdad aparecerá, aunque luchen contra ella".
La opción Internacional
Las fuentes consultadas por este diario aseguran que, si las posibilidades jurídicas dentro de Brasil se agotan, a la sociedad civil le queda todavía la oportunidad de buscar justicia en las cortes internacionales. Brasil podría seguir el camino trazado anteriormente por algunos vecinos de Latinoamérica (Chile, Argentina) y otros países que sufrieron terrorismo de Estado y hoy están incapacitados, debido a su legislación interna, para seguir adelante con los procesos para castigar a los responsables.
Roberto Caldas, juez en Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), explica a Público que "el papel de las cortes internacionales es el de retirar la presión política y transferir a la jurisdicción internacional la investigación de los responsables con imparcialidad". En ese caso, "si Brasil no juzgase a los responsables de los horrores de la dictadura otros lo harán", afirma. Roberto Caldas dijo, incluso, que él mismo en persona podría procesar a la dictadura brasileña en la Corte Internacional.
La detención del dictador Augusto Pinochet, en Londres (1998), por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de Madrid, está siendo usada estos días como ejemplo a seguir. De momento, Brasil espera en vilo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
