El nuevo Plan África, que será presentado el 25 de mayo, insiste en el mismo modelo criticado por diversas organizaciones: externalización del control fronterizo a países denunciados por violaciones de los derechos humanos y crímenes contra los migrantes
IZASKUN SÁNCHEZ AROCA
Periódico Diagonal
En agosto de 2008, 73 inmigrantes de Ghana, Burkina Faso y Sudán partían en cayuco desde Nuadibú, Mauritania, con destino a Canarias. Tras 15 días a la deriva morían 33 personas. Los supervivientes, encarcelados por la policía marroquí, fueron soltados una semana después: 20 de ellos fueron abandonados en un desierto minado entre Mauritania y el Sáhara Occidental. Días después, 16 fueron encontrados. Los trasladaron al centro de detenciones de Nuadibú, conocido como Guantanamito, financiado por el Gobierno español. El otro grupo de 20 personas, nunca fue encontrado.
A pesar de casos como éste, reflejado en el Informe Derechos humanos en la frontera sur 2008, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Gobierno de Zapatero mantiene el discurso de la “buena cooperación” en materia de inmigración de los países africanos. Mientras, las denuncias por violaciones de derechos humanos se multiplican no sólo en Marruecos, sino en todos los países de África subsahariana con los que el Estado español ha ido firmando acuerdos de cooperación migratoria desde 2005.
El nuevo Plan África
Con meses de retraso, el Gobierno publicará el próximo 25 de mayo el nuevo Plan África 2009-2011. El borrador fue recibido con críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de solidaridad con África. El Grupo de Estudios Africanos (GEA), miembro de la Mesa para África, señala que el nuevo documento representa una “continuidad” con respecto al anterior Plan (2006- 2008) y “sigue excesivamente centrado en los intereses nacionales de la política exterior española”.
El Plan África es el principal documento que recoge las relaciones del Estado español con el continente. Se presenta como un plan “flexible que pretende desarrollar una política exterior coherente con África”. Hasta la fecha las referencias públicas al nuevo plan han sido escasas. Destacan las declaraciones del secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ángel Losada, quien el pasado octubre aclaraba algunas prioridades del nuevo plan: “África es un continente rico en recursos que ofrece grandes posibilidades al empresario español”. El otro eje de su discurso fueron los acuerdos de cooperación migratoria: “Esta nueva visión del fenómeno migratorio, que prima la cooperación superando el mero enfoque represivo, ha sido compartida por nuestros socios”.
La firma de estos acuerdos denominados de “segunda generación” responde a la presión ejercida por la Unión Europea y más especialmente por España para el control de flujos migratorios. Según Itziar Ruiz, presidenta de Amnistía Intencional en España (AI), “presionar para que sean Marruecos o Mauritania quienes realicen el control migratorio está teniendo costes humanos muy altos”. Además, estos acuerdos también obligan a países de paso, como Mauritania, a que acepten inmigrantes independientemente de su nacionalidad. AI denuncia que desde 2006 hasta la fecha miles de personas acusadas de salir de Mauritania para entrar en Canarias han sido arrestadas y devueltas a Mali o Senegal, independientemente de su origen, sin poder apelar esa decisión. Muchas también han estado recluidas en el Guantanamito mauritano. Además esta externalización de fronteras no está teniendo seguimiento por parte del Gobierno español. “España y la UE delegan el control de sus fronte- ras externas a terceros países, sin preocuparse de los métodos empleados para llevar a cabo sus órdenes”, señala el informe de la APDHA. De hecho, el 6 de julio de 2006 el Gobierno español aprobó una partida de 10,5 millones de euros de ayuda a Marruecos para control de fronteras sin imponer ninguna condición relativa a los derechos humanos.
Con la firma de acuerdos de segunda generación, la frontera sur de Europa se va extendiendo por la costa occidental y el interior: Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau o Mali. El acceso a Europa se convierte en una trazado más amplio y peligroso por el Atlántico. Sólo el año pasado el gobierno firmó 11 acuerdos relacionados con el control migratorio. Su aceptación conlleva, además, la implantación en territorios africanos de sistemas de seguridad y control europeos como FRONTEX o patrullas de la Guardia Civil. El Gobierno de Zapatero apoya aún más esta externalización con donaciones: el pasado mes de julio regaló tres aviones de vigilancia C-212 a Mauritania, Senegal y Cabo Verde, además de patrulleras y vehículos todo terreno. En marzo, Gambia recibió dos lanchas patrulleras. La “entrega” la hizo Mª Teresa Fernández de la Vega quien aprovechó la ocasión para anunciar la firma de acuerdos en el marco de la cooperación al desarrollo. Ésta es la otra cara de los acuerdos migratorios: es lo que se denomina ayuda condicionada. Según Rafael Lara, de la APDHA, se trata “de una ayuda condicionada, pero no de manera formal. Los acuerdos firmados se negocian en medio de un plan de vecindad, que incluye diversos elementos, como el tema de las políticas migratorias. No se plantea intervenir en un país que tiene una situación muy deteriorada con una política de ayuda y cooperación, sino que esa ayuda se enmarca en una política global que incluye, sobre todo, el control de las políticas migratorias, junto a la cooperación policial y los intereses estratégicos españoles”. Además el Plan África 2009-2011 abre el territorio africano a las empresas españolas a través de distintos mecanismos como los créditos de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), que están ligados a la compra de bienes y servicios españoles. Los FAD contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y son grandes generadores de deuda externa para los países. Según Dani Gómez-Olivé, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), “el Plan África contempla la utilización de estos créditos como un mecanismo más de ‘cooperación’. Se están otorgando con más facilidad a aquellos países que se prestan a una mayor colaboración para frenar las migraciones desde sus países, tal es el caso de Mauritania y Senegal. En junio de 2006, un mes después de la aprobación del primer plan, Senegal recibió una línea de crédito abierta, por valor de 20 millones de euros. Esta operación se concedió en el marco de las negociaciones sobre control y lucha contra la inmigración irregular firmadas por España con Senegal, sin que se conozca de forma precisa su empleo”.
El pequeño Guantánamo
Guantanamito. Así se conoce al centro de detención de inmigrantes ubicado al norte de Mauritania. Se trata de una antigua escuela restaurada por los militares con dinero de la cooperación española que se desmanteló cuando ésta abandonó el lugar, para convertirse en un lugar de hacinamiento y malos tratos. Según un informe de 2008 de Amnistía Internacional sobre Mauritania, cada mes llegan hasta 300 personas sin ningún control judicial. Esta actuación del Gobierno mauritano responde al acuerdo de cooperación migratoria firmado entre el Gobierno español y Mauritania en 2003 por el que éste último se compromete a aceptar como retornado y a controlar a todo el que pase por su territorio para llegar a España. Las detenciones son incluso preventivas. Este acuerdo ha provocado, según datos de AI, que Mauritania dejara en 2006 a 11.600 personas en las fronteras con Mali y Senegal, una cifra que alcanzó los 7.100 en 2007. El informe también afirma que según el Servicio de Seguridad Nacional mauritano, en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Mali, sin tener en cuenta su nacionalidad ni origen.
Ayuda, deuda y empresas españolas
“Es la hora de África y los empresarios canarios lo saben”. Así se dirigía Moratinos a los empresarios en Las Palmas el pasado mes de octubre. Pero lo cierto es que la “hora de África” para estos empresarios llegó hace tiempo. Sólo en 2007, más de cien nuevas empresas canarias se instalaron en África. La presencia española en el continente es muy amplia y se ve impulsada por el nuevo plan. Alguno de los ejemplos más claros son las multinacionales Repsol YPF y Gas Natural. Ambas están presentes en Nigeria, país del que España importa el 10% de su petróleo y el 20% de su gas. Al amparo del Gobierno español se han establecido como consorcio en la zona y están en negociaciones con autoridades nigerianas, denunciadas por su violación sistemática de derechos, para desarrollar un macro proyecto de gas natural licuado. Muchas empresas también entran en África a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que vincula la ayuda a compra de bienes y servicios del Estado español. Si además el FAD es en forma de créditos, el Estado español se reembolsará su ayuda. Al contabilizar como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) los créditos FAD se convierten en grandes generadores de deuda externa para los países. En el año 2007, el último del que hay datos oficiales, la deuda FAD en el continente africano era de 1.125 millones de euros, según el Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Impulso a los Acuerdos de Asociación Económica
Uno de los objetivos del nuevo Plan África 2009- 20011 es aprovechar la presidencia española de la UE en 2010 para “reforzar las relaciones de la UE y de España con África”. Esto incluye el impulso de los acuerdos de asociación económica, EPA, en sus siglas en inglés. Estos acuerdos, según la UE, responden a la necesidad de adaptar los tratados existentes a las normas exigidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). El otro argumento esgrimido es que son una gran herramienta de desarrollo económico. Los EPA afectarían a 75 antiguas colonias de África, Caribe y el Pacífico (ACP). Estos acuerdos han sido criticados por numerosas organizaciones civiles. Se basan en una liberalización general de inversiones, del comercio de servicios y de la contratación pública. Los EPA también regularían los derechos de propiedad intelectual. Una de las cláusulas polémicas es la de la “nación más favorecida” que obligaría a los países africanos a ofrecer a la UE los mismos términos y condiciones presentes en otros acuerdos bilaterales que hayan firmado con otros países como la India o Brasil. Hasta la fecha ningún país ha firmado el acuerdo en su totalidad.
A pesar de casos como éste, reflejado en el Informe Derechos humanos en la frontera sur 2008, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Gobierno de Zapatero mantiene el discurso de la “buena cooperación” en materia de inmigración de los países africanos. Mientras, las denuncias por violaciones de derechos humanos se multiplican no sólo en Marruecos, sino en todos los países de África subsahariana con los que el Estado español ha ido firmando acuerdos de cooperación migratoria desde 2005.
El nuevo Plan África
Con meses de retraso, el Gobierno publicará el próximo 25 de mayo el nuevo Plan África 2009-2011. El borrador fue recibido con críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de solidaridad con África. El Grupo de Estudios Africanos (GEA), miembro de la Mesa para África, señala que el nuevo documento representa una “continuidad” con respecto al anterior Plan (2006- 2008) y “sigue excesivamente centrado en los intereses nacionales de la política exterior española”.
El Plan África es el principal documento que recoge las relaciones del Estado español con el continente. Se presenta como un plan “flexible que pretende desarrollar una política exterior coherente con África”. Hasta la fecha las referencias públicas al nuevo plan han sido escasas. Destacan las declaraciones del secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ángel Losada, quien el pasado octubre aclaraba algunas prioridades del nuevo plan: “África es un continente rico en recursos que ofrece grandes posibilidades al empresario español”. El otro eje de su discurso fueron los acuerdos de cooperación migratoria: “Esta nueva visión del fenómeno migratorio, que prima la cooperación superando el mero enfoque represivo, ha sido compartida por nuestros socios”.
La firma de estos acuerdos denominados de “segunda generación” responde a la presión ejercida por la Unión Europea y más especialmente por España para el control de flujos migratorios. Según Itziar Ruiz, presidenta de Amnistía Intencional en España (AI), “presionar para que sean Marruecos o Mauritania quienes realicen el control migratorio está teniendo costes humanos muy altos”. Además, estos acuerdos también obligan a países de paso, como Mauritania, a que acepten inmigrantes independientemente de su nacionalidad. AI denuncia que desde 2006 hasta la fecha miles de personas acusadas de salir de Mauritania para entrar en Canarias han sido arrestadas y devueltas a Mali o Senegal, independientemente de su origen, sin poder apelar esa decisión. Muchas también han estado recluidas en el Guantanamito mauritano. Además esta externalización de fronteras no está teniendo seguimiento por parte del Gobierno español. “España y la UE delegan el control de sus fronte- ras externas a terceros países, sin preocuparse de los métodos empleados para llevar a cabo sus órdenes”, señala el informe de la APDHA. De hecho, el 6 de julio de 2006 el Gobierno español aprobó una partida de 10,5 millones de euros de ayuda a Marruecos para control de fronteras sin imponer ninguna condición relativa a los derechos humanos.
Con la firma de acuerdos de segunda generación, la frontera sur de Europa se va extendiendo por la costa occidental y el interior: Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau o Mali. El acceso a Europa se convierte en una trazado más amplio y peligroso por el Atlántico. Sólo el año pasado el gobierno firmó 11 acuerdos relacionados con el control migratorio. Su aceptación conlleva, además, la implantación en territorios africanos de sistemas de seguridad y control europeos como FRONTEX o patrullas de la Guardia Civil. El Gobierno de Zapatero apoya aún más esta externalización con donaciones: el pasado mes de julio regaló tres aviones de vigilancia C-212 a Mauritania, Senegal y Cabo Verde, además de patrulleras y vehículos todo terreno. En marzo, Gambia recibió dos lanchas patrulleras. La “entrega” la hizo Mª Teresa Fernández de la Vega quien aprovechó la ocasión para anunciar la firma de acuerdos en el marco de la cooperación al desarrollo. Ésta es la otra cara de los acuerdos migratorios: es lo que se denomina ayuda condicionada. Según Rafael Lara, de la APDHA, se trata “de una ayuda condicionada, pero no de manera formal. Los acuerdos firmados se negocian en medio de un plan de vecindad, que incluye diversos elementos, como el tema de las políticas migratorias. No se plantea intervenir en un país que tiene una situación muy deteriorada con una política de ayuda y cooperación, sino que esa ayuda se enmarca en una política global que incluye, sobre todo, el control de las políticas migratorias, junto a la cooperación policial y los intereses estratégicos españoles”. Además el Plan África 2009-2011 abre el territorio africano a las empresas españolas a través de distintos mecanismos como los créditos de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), que están ligados a la compra de bienes y servicios españoles. Los FAD contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y son grandes generadores de deuda externa para los países. Según Dani Gómez-Olivé, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), “el Plan África contempla la utilización de estos créditos como un mecanismo más de ‘cooperación’. Se están otorgando con más facilidad a aquellos países que se prestan a una mayor colaboración para frenar las migraciones desde sus países, tal es el caso de Mauritania y Senegal. En junio de 2006, un mes después de la aprobación del primer plan, Senegal recibió una línea de crédito abierta, por valor de 20 millones de euros. Esta operación se concedió en el marco de las negociaciones sobre control y lucha contra la inmigración irregular firmadas por España con Senegal, sin que se conozca de forma precisa su empleo”.
El pequeño Guantánamo
Guantanamito. Así se conoce al centro de detención de inmigrantes ubicado al norte de Mauritania. Se trata de una antigua escuela restaurada por los militares con dinero de la cooperación española que se desmanteló cuando ésta abandonó el lugar, para convertirse en un lugar de hacinamiento y malos tratos. Según un informe de 2008 de Amnistía Internacional sobre Mauritania, cada mes llegan hasta 300 personas sin ningún control judicial. Esta actuación del Gobierno mauritano responde al acuerdo de cooperación migratoria firmado entre el Gobierno español y Mauritania en 2003 por el que éste último se compromete a aceptar como retornado y a controlar a todo el que pase por su territorio para llegar a España. Las detenciones son incluso preventivas. Este acuerdo ha provocado, según datos de AI, que Mauritania dejara en 2006 a 11.600 personas en las fronteras con Mali y Senegal, una cifra que alcanzó los 7.100 en 2007. El informe también afirma que según el Servicio de Seguridad Nacional mauritano, en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Mali, sin tener en cuenta su nacionalidad ni origen.
Ayuda, deuda y empresas españolas
“Es la hora de África y los empresarios canarios lo saben”. Así se dirigía Moratinos a los empresarios en Las Palmas el pasado mes de octubre. Pero lo cierto es que la “hora de África” para estos empresarios llegó hace tiempo. Sólo en 2007, más de cien nuevas empresas canarias se instalaron en África. La presencia española en el continente es muy amplia y se ve impulsada por el nuevo plan. Alguno de los ejemplos más claros son las multinacionales Repsol YPF y Gas Natural. Ambas están presentes en Nigeria, país del que España importa el 10% de su petróleo y el 20% de su gas. Al amparo del Gobierno español se han establecido como consorcio en la zona y están en negociaciones con autoridades nigerianas, denunciadas por su violación sistemática de derechos, para desarrollar un macro proyecto de gas natural licuado. Muchas empresas también entran en África a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que vincula la ayuda a compra de bienes y servicios del Estado español. Si además el FAD es en forma de créditos, el Estado español se reembolsará su ayuda. Al contabilizar como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) los créditos FAD se convierten en grandes generadores de deuda externa para los países. En el año 2007, el último del que hay datos oficiales, la deuda FAD en el continente africano era de 1.125 millones de euros, según el Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Impulso a los Acuerdos de Asociación Económica
Uno de los objetivos del nuevo Plan África 2009- 20011 es aprovechar la presidencia española de la UE en 2010 para “reforzar las relaciones de la UE y de España con África”. Esto incluye el impulso de los acuerdos de asociación económica, EPA, en sus siglas en inglés. Estos acuerdos, según la UE, responden a la necesidad de adaptar los tratados existentes a las normas exigidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). El otro argumento esgrimido es que son una gran herramienta de desarrollo económico. Los EPA afectarían a 75 antiguas colonias de África, Caribe y el Pacífico (ACP). Estos acuerdos han sido criticados por numerosas organizaciones civiles. Se basan en una liberalización general de inversiones, del comercio de servicios y de la contratación pública. Los EPA también regularían los derechos de propiedad intelectual. Una de las cláusulas polémicas es la de la “nación más favorecida” que obligaría a los países africanos a ofrecer a la UE los mismos términos y condiciones presentes en otros acuerdos bilaterales que hayan firmado con otros países como la India o Brasil. Hasta la fecha ningún país ha firmado el acuerdo en su totalidad.
