Alemania anulará las condenas de los soldados del Ejército que conspiraron contra el nazismo
ANNA-MARIA HOLLAIN
El País
Pocos días antes del 70º aniversario de la invasión de Polonia en septiembre de 1939, el próximo 26 de agosto, el Bundestag [Cámara baja del Parlamento] alemán rehabilitará por fin a los llamados traidores de guerra: los soldados de la Wehrmacht acusados de haber favorecido al enemigo y perjudicado a las propias tropas. Los nacionalsocialistas equiparaban con ese término la solidaridad con judíos acosados, la resistencia política, los comentarios negativos sobre Hitler en un diario o las posturas críticas con la guerra de miembros del Ejército.
Los sectores más conservadores del país han esgrimido siempre la presunta puesta en peligro de los compañeros de armas para rechazar cualquier intento parlamentario de revocar los fallos. Pero el análisis de sentencias conservadas no ha sacado a la luz caso alguno con esas características. En el libro Das letzte Tabu , publicado en 2007, un equipo de investigadores liderado por el historiador Wolfram Wette analiza 33 juicios por "traición de guerra" contra más de 60 soldados. La conclusión: no existía delito colectivo. "El único rasgo común de todos estos casos es la aplicación indiscriminada de la pena de muerte", explica Wette.
El 22 de diciembre de 1942, el teniente de las fuerzas aéreas Harro Schulze-Boysen, el tirador Kurt Schumacher, así como el operador de radio Horst Heilmann mueren como traidores de guerra en la horca de la prisión Berlín-Ploetzensee. Junto a estos militares se ejecuta también a varios civiles: tres mujeres -una de ellas la esposa del teniente Libertas Schulze-Boysen- y tres hombres son guillotinados, Otros dos hombres, ahorcados. La justicia nazi aplica un término distinto para el supuesto crimen de los civiles, se trata de "alta traición". Pertenecían al grupo de resistencia Rote Kapelle, nombre que acuñó el Gobierno de Hitler para un conjunto de diversos círculos de oposición. Desde agosto de 1942 hasta marzo de 1943 el Reichskriegsgericht
[el Tribunal Supremo Militar] y el Volksgerichtshof condenan a muerte a más de 60 de los alrededor de 150 miembros ubicados en Berlín. Fue uno de los grupos de resistencia más numerosos del III Reich y sus objetivos comunes radicaban en conseguir el fin inmediato de la guerra y la restitución de los derechos humanos.
Gracias a Harro Schulze-Boysen, la Rote Kapelle tenía acceso a documentos secretos de la Wehrmacht: intentaba pasar esas informaciones a representantes de las embajadas norteamericana y soviética. La labor de los activistas, provenientes de todos los estratos sociales, incluía la ayuda a ciudadanos amenazados por los nazis tanto como a trabajadores forzados. Asimismo, la documentación de crímenes violentos de los alemanes en las zonas ocupadas y la difusión de panfletos antibelicistas. Esas actividades constituían infracciones inaceptables para "una jurisdicción elástica, sostenida por jueces autorizados por Hitler a endurecer la ley", precisa el historiador militar Manfred Messerschmidt. Los trabajos de este autor fueron fundamentales para que en 1995 el Tribunal Supremo pudiera sentenciar que los magistrados del régimen nazi "deberían haber respondido de prevaricación y comisión de crímenes capitales".
Los traidores de guerra representan los últimos damnificados por la justicia militar del III Reich a la espera de una absolución simbólica, pues ninguno de ellos la vivirá. "Anular las sentencias de manera global significa revocar también los fallos legítimos. Así se deslegitima a los jueces y se les califica como criminales", responde tajante Norbert Geis, diputado del ala más tradicionalista de la bávara Unión Social Cristiana (CSU) y miembro de la Comisión de Derecho del Bundestag. Esa objeción no convence, sin embargo, al experto Wolfram Wette: "No es que se desacredite a los jueces, es que están deslegitimados".
La "traición de guerra" constaba ya en el Código Penal Militar de 1872. En 1934, Hitler decidió generalizar la pena de muerte para los supuestos traidores en el Ejército, aunque la ley de 1872 sólo la preveía para casos precisos. Se eliminaron todas las definiciones concretas, así que se conservó únicamente el párrafo 57, que exigía la pena capital.
En 1998 el Gobierno de CDU/CSU y FDP aprobó la llamada Ley para la Anulación de los Fallos Injustos Nacionalsocialistas contra las personas "condenadas por razones políticas, militares, racistas, religiosas e ideológicas". La coalición excluyó de manera consciente a los desertores y traidores, argumentando que no quería poner en la picota al resto de los veteranos. Pero la opinión pública que antes había tachado de cobardes a los desertores, objetores de conciencia y traidores, ya había cambiado gracias a exposiciones sobre los crímenes del Ejército alemán de 1939 a 1945, además de testigos como Ludwig Baumann, desertor de la Wehrmacht y presidente de la Asociación Federal de Víctimas de la Justicia Militar del Régimen Nazi, organismo que cuenta con el asesoramiento de expertos en la materia como Wette y Messerschmidt.
De los 30.000 condenados a muerte por la justicia militar nazi, 20.000 fueron ejecutados y Baumann quería recuperar la dignidad de todos ellos, no sólo la suya. La creciente presión pública llevó al Gobierno de SPD y Los Verdes a anular también, en 2002, las sentencias contra los desertores, los objetores de conciencia, así como los homosexuales, con los votos en contra de CDU/CSU y FDP.Pero aún quedaban fuera los traidores de guerra. En 2006, la ministra de Justicia Brigitte Zypries (SPD) escribió a Baumann que no se les podía incluir en la ley de 1998 puesto que no se podía descartar que perjudicaran a otros soldados alemanes. Los comparó además con militares que maltrataron a sus subordinados, con saqueadores y con profanadores de cadáveres. A Baumann aquella carta le "escandalizó": "No todos los soldados alemanes eran asesinos, evidentemente. Todos servían, sin embargo, en los ejércitos que perpetraron una guerra de exterminio y de agresión. Me parece increíble que se valore más el posible peligro para los soldados alemanes que la salvación de millones de presos en los campos de concentración, de civiles e incluso de los mismos soldados".
Baumann se dirigió entonces al partido Die Linke [la Izquierda] donde encontró apoyo para su última lucha. Sesión tras sesión, durante más de tres años, el diputado Jan Korte (Die Linke) proponía, en la Comisión de Derecho, un proyecto de ley para rehabilitar a los traidores de guerra. A principios de 2009 la ministra de Justicia pidió un informe sobre la legitimidad del párrafo 57 al ex juez del Constitucional Hans Hugo Klein, afín a la CDU. Éste concluyó de forma inequívoca que el artículo era "incompatible con los principios de un Estado de derecho" ya que únicamente establecía la pena de muerte sin tener en cuenta la gravedad de cada caso.
Pero los políticos aún tardaron varios meses en ponerse de acuerdo. Hasta finales de junio, Jan Korte y varios diputados de Los Verdes y del SPD consiguieron las firmas de más de 160 diputados de diversos partidos para un proyecto de ley conjunto. Como la CDU siguió con su actitud de bloqueo, una parte del SPD abandonó por fin su resistencia a rehabilitar a los traidores de guerra con Die Linke y Los Verdes. Esto llevó a la CDU a cambiar de rumbo, para no quedarse sola en la oposición a una ley mayoritariamente apoyada por la población. Pero en lugar de sumarse al proyecto de ley conjunto, propuesto por Die Linke, creó otro igual con el SPD, compañero de coalición de Gobierno. "No importa quién haya escrito la ley. Lo que importa es la señal que da 64 años después de la guerra", afirma Jan Korte.
Ahora sólo queda por incluir a los verdugos en la recuperación de la memoria histórica. Ninguno de los magistrados fue condenado por los juzgados alemanes después de la guerra. "Habría que revisar el papel de los jueces en la posguerra. Muchos lograron puestos importantes en tribunales desde los cuales rechazaron todas las peticiones de indemnización de las víctimas", subraya Messerschmidt.
Los sectores más conservadores del país han esgrimido siempre la presunta puesta en peligro de los compañeros de armas para rechazar cualquier intento parlamentario de revocar los fallos. Pero el análisis de sentencias conservadas no ha sacado a la luz caso alguno con esas características. En el libro Das letzte Tabu , publicado en 2007, un equipo de investigadores liderado por el historiador Wolfram Wette analiza 33 juicios por "traición de guerra" contra más de 60 soldados. La conclusión: no existía delito colectivo. "El único rasgo común de todos estos casos es la aplicación indiscriminada de la pena de muerte", explica Wette.
El 22 de diciembre de 1942, el teniente de las fuerzas aéreas Harro Schulze-Boysen, el tirador Kurt Schumacher, así como el operador de radio Horst Heilmann mueren como traidores de guerra en la horca de la prisión Berlín-Ploetzensee. Junto a estos militares se ejecuta también a varios civiles: tres mujeres -una de ellas la esposa del teniente Libertas Schulze-Boysen- y tres hombres son guillotinados, Otros dos hombres, ahorcados. La justicia nazi aplica un término distinto para el supuesto crimen de los civiles, se trata de "alta traición". Pertenecían al grupo de resistencia Rote Kapelle, nombre que acuñó el Gobierno de Hitler para un conjunto de diversos círculos de oposición. Desde agosto de 1942 hasta marzo de 1943 el Reichskriegsgericht
[el Tribunal Supremo Militar] y el Volksgerichtshof condenan a muerte a más de 60 de los alrededor de 150 miembros ubicados en Berlín. Fue uno de los grupos de resistencia más numerosos del III Reich y sus objetivos comunes radicaban en conseguir el fin inmediato de la guerra y la restitución de los derechos humanos.
Gracias a Harro Schulze-Boysen, la Rote Kapelle tenía acceso a documentos secretos de la Wehrmacht: intentaba pasar esas informaciones a representantes de las embajadas norteamericana y soviética. La labor de los activistas, provenientes de todos los estratos sociales, incluía la ayuda a ciudadanos amenazados por los nazis tanto como a trabajadores forzados. Asimismo, la documentación de crímenes violentos de los alemanes en las zonas ocupadas y la difusión de panfletos antibelicistas. Esas actividades constituían infracciones inaceptables para "una jurisdicción elástica, sostenida por jueces autorizados por Hitler a endurecer la ley", precisa el historiador militar Manfred Messerschmidt. Los trabajos de este autor fueron fundamentales para que en 1995 el Tribunal Supremo pudiera sentenciar que los magistrados del régimen nazi "deberían haber respondido de prevaricación y comisión de crímenes capitales".
Los traidores de guerra representan los últimos damnificados por la justicia militar del III Reich a la espera de una absolución simbólica, pues ninguno de ellos la vivirá. "Anular las sentencias de manera global significa revocar también los fallos legítimos. Así se deslegitima a los jueces y se les califica como criminales", responde tajante Norbert Geis, diputado del ala más tradicionalista de la bávara Unión Social Cristiana (CSU) y miembro de la Comisión de Derecho del Bundestag. Esa objeción no convence, sin embargo, al experto Wolfram Wette: "No es que se desacredite a los jueces, es que están deslegitimados".
La "traición de guerra" constaba ya en el Código Penal Militar de 1872. En 1934, Hitler decidió generalizar la pena de muerte para los supuestos traidores en el Ejército, aunque la ley de 1872 sólo la preveía para casos precisos. Se eliminaron todas las definiciones concretas, así que se conservó únicamente el párrafo 57, que exigía la pena capital.
En 1998 el Gobierno de CDU/CSU y FDP aprobó la llamada Ley para la Anulación de los Fallos Injustos Nacionalsocialistas contra las personas "condenadas por razones políticas, militares, racistas, religiosas e ideológicas". La coalición excluyó de manera consciente a los desertores y traidores, argumentando que no quería poner en la picota al resto de los veteranos. Pero la opinión pública que antes había tachado de cobardes a los desertores, objetores de conciencia y traidores, ya había cambiado gracias a exposiciones sobre los crímenes del Ejército alemán de 1939 a 1945, además de testigos como Ludwig Baumann, desertor de la Wehrmacht y presidente de la Asociación Federal de Víctimas de la Justicia Militar del Régimen Nazi, organismo que cuenta con el asesoramiento de expertos en la materia como Wette y Messerschmidt.
De los 30.000 condenados a muerte por la justicia militar nazi, 20.000 fueron ejecutados y Baumann quería recuperar la dignidad de todos ellos, no sólo la suya. La creciente presión pública llevó al Gobierno de SPD y Los Verdes a anular también, en 2002, las sentencias contra los desertores, los objetores de conciencia, así como los homosexuales, con los votos en contra de CDU/CSU y FDP.Pero aún quedaban fuera los traidores de guerra. En 2006, la ministra de Justicia Brigitte Zypries (SPD) escribió a Baumann que no se les podía incluir en la ley de 1998 puesto que no se podía descartar que perjudicaran a otros soldados alemanes. Los comparó además con militares que maltrataron a sus subordinados, con saqueadores y con profanadores de cadáveres. A Baumann aquella carta le "escandalizó": "No todos los soldados alemanes eran asesinos, evidentemente. Todos servían, sin embargo, en los ejércitos que perpetraron una guerra de exterminio y de agresión. Me parece increíble que se valore más el posible peligro para los soldados alemanes que la salvación de millones de presos en los campos de concentración, de civiles e incluso de los mismos soldados".
Baumann se dirigió entonces al partido Die Linke [la Izquierda] donde encontró apoyo para su última lucha. Sesión tras sesión, durante más de tres años, el diputado Jan Korte (Die Linke) proponía, en la Comisión de Derecho, un proyecto de ley para rehabilitar a los traidores de guerra. A principios de 2009 la ministra de Justicia pidió un informe sobre la legitimidad del párrafo 57 al ex juez del Constitucional Hans Hugo Klein, afín a la CDU. Éste concluyó de forma inequívoca que el artículo era "incompatible con los principios de un Estado de derecho" ya que únicamente establecía la pena de muerte sin tener en cuenta la gravedad de cada caso.
Pero los políticos aún tardaron varios meses en ponerse de acuerdo. Hasta finales de junio, Jan Korte y varios diputados de Los Verdes y del SPD consiguieron las firmas de más de 160 diputados de diversos partidos para un proyecto de ley conjunto. Como la CDU siguió con su actitud de bloqueo, una parte del SPD abandonó por fin su resistencia a rehabilitar a los traidores de guerra con Die Linke y Los Verdes. Esto llevó a la CDU a cambiar de rumbo, para no quedarse sola en la oposición a una ley mayoritariamente apoyada por la población. Pero en lugar de sumarse al proyecto de ley conjunto, propuesto por Die Linke, creó otro igual con el SPD, compañero de coalición de Gobierno. "No importa quién haya escrito la ley. Lo que importa es la señal que da 64 años después de la guerra", afirma Jan Korte.
Ahora sólo queda por incluir a los verdugos en la recuperación de la memoria histórica. Ninguno de los magistrados fue condenado por los juzgados alemanes después de la guerra. "Habría que revisar el papel de los jueces en la posguerra. Muchos lograron puestos importantes en tribunales desde los cuales rechazaron todas las peticiones de indemnización de las víctimas", subraya Messerschmidt.
