Lago Agrio, en el noreste de Ecuador, sufre una brutal contaminación consecuencia de la voracidad capitalista. Una de las mayores compañías petrolíferas, Texaco, ha explotado sus recursos en monopolio desde 1967 hasta 1992. Ahora, cuando el daño se presenta como irreparable, todo son excusas y nadie parece responsable
IÑAKI SALABERRI
Gara
Tras más de veinte años de total impunidad explotando los recursos del Amazonas ecuatoriano, la empresa estadounidense Texaco, que desde 2001 pertenece a Chevron, se vio acusada en 1992 de contaminar la selva por valor de unos 26.000 millones de euros. El juicio en su contra, promovido por 30.000 indígenas afectados, comenzó en Nueva York aunque, tal y como quería la transnacional, la causa fue trasladada a Ecuador, donde ahora se juzga. En esta causa en la que la documentación es ínfima, la «información», por el contrario, abunda por doquier. El objetivo parece evidente: quien tenga interés por la cuestión será, literalmente, engullido por la desinformación.
Mientras tanto, en todo el tiempo transcurrido desde que en los años 60 la petrolera se estableció en Ecuador, han aumentado considerablemente los casos de cáncer y enfermedades diversas entre la población nativa. La indemnización por daños ambientales ha sido revisada en 7.000 millones de euros a la baja. Incluso ha cambiado el interés que en un principio tenía Chevron de realizar el juicio en Ecuador; pero la contaminación que asola esta remota zona persiste y, según los expertos, será irreparable
Texaco, que es una de las empresas herederas del imperio creado por Rockefeller, alcanzó un acuerdo con la Junta Militar que regía el Estado ecuatoriano en la década de los sesenta para primero explorar, durante cinco años, y después explotar, durante cuarenta, los recursos petroleros de la zona noreste de país, en el territorio de Sucumbíos.
Para ello se asoció con la empresa pública Petroecuador, pero parece ser que el único fin de la norteamericana fue aprovechar las infraestructuras y contactos de la estatal, puesto que el acuerdo establecía que por cada 100 barriles de petróleo obtenidos se le entregarían 7 al Gobierno ecuatoriano y, a cambio, Texaco estaría libre de impuestos durante veinte años. Casualmente, la petrolera sólo aprovechó esos primeros veinte años de exención para producir, aunque bien es cierto que en ese periodo extrajo el 80% de las reservas de crudo del país.
Las consecuencias
Cuando Texaco acordó la extracción de petróleo en plena dictadura, se dedicó a rentabilizar al máximo su producción, lo cual, en el caso de una multinacional dirigida únicamente por el beneficio que, además, opera en un Estado regido por militares no excesivamente interesados en el control de la explotación petrolera, hizo que las barbaridades sociales y medioambientales fueran un resultado obvio, como lo refleja el informe Yana Curi realizado por Medicus Mundi.
En él, la ONG aborda la situación en la que se encuetra Lago Agrio, y describe cómo los pueblos indígenas Sansahuari y Tetetes han desaparecido de la faz de la tierra. Explica, también, cómo ha habido vertidos tóxicos de más de 70.000 millones de litros, cómo se ha arrasado con millones de hectáreas de selva, se han construído estructuras sin límite alguno y excavado 910 fosos con residuos, que siguen sin ser desmantelados. Por todo ello el medioambiente y el ecosistema han quedado muy dañados, y el hecho de que la práctica totalidad de agentes contaminantes sigan donde la compañía petrolera los dejó hace que la agresión contra el Amazonas continúe.
Los efectos de la actividad petrolera no acaban ahí. Los habitantes de Lago Agrio también sufren directamente las consecuencias en forma de cáncer, enfermedades cardiorespiratorias y de la piel, entre muchas otras. Según las investigaciones, cerca de un millar de personas ha fallecido a causa de la brutal polución.
Pero eso no preocupa a Chevron, y ha intentado desprestigiar y deslegitimizar al Estado de Ecuador para que la sentencia sobre el caso no se aplique. Sea como fuere, la multinacional tendrá que cumplir con lo que dictamine el tribunal de Lago Agrio, cuyo nombre responde a la denominación que dio la propia Texaco a su estructura. Y de resultar culpable, tendrá que hacer frente a la indemnización en solitario, dado que la Corte Suprema de EEUU exoneró de responsabilidades a Petroecuador.
Incluso Obama prefirió no ceder ante las presiones de la multinacional y conceder un trato preferente a las exportaciones de Ecuador. Ahora, sólo queda conocer el veredicto.
Mientras tanto, en todo el tiempo transcurrido desde que en los años 60 la petrolera se estableció en Ecuador, han aumentado considerablemente los casos de cáncer y enfermedades diversas entre la población nativa. La indemnización por daños ambientales ha sido revisada en 7.000 millones de euros a la baja. Incluso ha cambiado el interés que en un principio tenía Chevron de realizar el juicio en Ecuador; pero la contaminación que asola esta remota zona persiste y, según los expertos, será irreparable
Texaco, que es una de las empresas herederas del imperio creado por Rockefeller, alcanzó un acuerdo con la Junta Militar que regía el Estado ecuatoriano en la década de los sesenta para primero explorar, durante cinco años, y después explotar, durante cuarenta, los recursos petroleros de la zona noreste de país, en el territorio de Sucumbíos.
Para ello se asoció con la empresa pública Petroecuador, pero parece ser que el único fin de la norteamericana fue aprovechar las infraestructuras y contactos de la estatal, puesto que el acuerdo establecía que por cada 100 barriles de petróleo obtenidos se le entregarían 7 al Gobierno ecuatoriano y, a cambio, Texaco estaría libre de impuestos durante veinte años. Casualmente, la petrolera sólo aprovechó esos primeros veinte años de exención para producir, aunque bien es cierto que en ese periodo extrajo el 80% de las reservas de crudo del país.
Las consecuencias
Cuando Texaco acordó la extracción de petróleo en plena dictadura, se dedicó a rentabilizar al máximo su producción, lo cual, en el caso de una multinacional dirigida únicamente por el beneficio que, además, opera en un Estado regido por militares no excesivamente interesados en el control de la explotación petrolera, hizo que las barbaridades sociales y medioambientales fueran un resultado obvio, como lo refleja el informe Yana Curi realizado por Medicus Mundi.
En él, la ONG aborda la situación en la que se encuetra Lago Agrio, y describe cómo los pueblos indígenas Sansahuari y Tetetes han desaparecido de la faz de la tierra. Explica, también, cómo ha habido vertidos tóxicos de más de 70.000 millones de litros, cómo se ha arrasado con millones de hectáreas de selva, se han construído estructuras sin límite alguno y excavado 910 fosos con residuos, que siguen sin ser desmantelados. Por todo ello el medioambiente y el ecosistema han quedado muy dañados, y el hecho de que la práctica totalidad de agentes contaminantes sigan donde la compañía petrolera los dejó hace que la agresión contra el Amazonas continúe.
Los efectos de la actividad petrolera no acaban ahí. Los habitantes de Lago Agrio también sufren directamente las consecuencias en forma de cáncer, enfermedades cardiorespiratorias y de la piel, entre muchas otras. Según las investigaciones, cerca de un millar de personas ha fallecido a causa de la brutal polución.
Pero eso no preocupa a Chevron, y ha intentado desprestigiar y deslegitimizar al Estado de Ecuador para que la sentencia sobre el caso no se aplique. Sea como fuere, la multinacional tendrá que cumplir con lo que dictamine el tribunal de Lago Agrio, cuyo nombre responde a la denominación que dio la propia Texaco a su estructura. Y de resultar culpable, tendrá que hacer frente a la indemnización en solitario, dado que la Corte Suprema de EEUU exoneró de responsabilidades a Petroecuador.
Incluso Obama prefirió no ceder ante las presiones de la multinacional y conceder un trato preferente a las exportaciones de Ecuador. Ahora, sólo queda conocer el veredicto.
