Gara
Los «nuevos conquistadores», como indica la organización ecologista Greenpeace, lanzaron sus redes en América Latina en la década de los noventa porque ya habían exprimido el negocio en el Estado español y, como la historia ha demostrado, son insaciables: se están forrando y continúan acumulando riqueza, mientras otros viven en la extrema pobreza. Buscaron nuevas «minas de oro» y, sobre todo, mano de obra barata para alimentar sus beneficios económicos. «Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina. Impactos económicos, sociales y medioambientales» es un amplio informe que muestra con detalle que la función de las multinacionales no es llevar la nueva tecnología o enseñar a esos pueblos de América Latina a salir de la pobreza, sino que su fin es controlar los diferentes mercados y engordar sus beneficios desde el sector pesquero al energético y el financiero, el turismo y la explotación del agua potable.
El trabajo de la organización ecologista tiene un precedente en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que analiza y juzga lo que esas organizaciones empresariales supraestatales están haciendo.
Un dato preocupante es que actualmente existen 79.000 multinacionales, con cerca de 800.000 filiales, en todo el mundo, según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), que controlan el 85% de la inversión extranjera y más del 60% del comercio mundial. Las 500 multinacionales mayores suman el 25% de la producción y generan el 52% del PIB mundial. «La facturación de la petrolera Shell en 2007 equivalió al PIB de Venezuela», explica Greenpeace. De las 100 economías más fuertes del mundo «51 son multinacionales», precisa. Dentro de ese grupo de compañías transnacionales privilegiadas se encuentran el Grupo Santander, Telefónica, Repsol YPF, Endesa, ACS, Cepsa, Ferrovial, FCC, Mapfre y dos de origen vasco: BBVA e Iberdrola. En 2008, la mitad de los ingresos de todas ellas, que acumularon 310.000 millones de euros, llegaron de fuera de sus negocios en el Estado español, la mayoría de América Latina.
En 2007, la inversión extranjera directa en América Latina creció un 36% y en 2008, en plena crisis, se elevó un 13%, hasta los 87.517 millones de euros. «La llegada masiva de las multinacionales españolas -y vascas- les ha permitido mejorar sus cuentas de resultados y obtener mayores beneficios», dice la organización ecologista, que añade que, «sin embargo, no parece haber tenido los mismos efectos positivos sobre la población latinoamericana. Alrededor de 184 millones de personas siguen viviendo en la pobreza en ese continente, de los que 68 millones viven en la extrema pobreza». Según el informe, la mejoría es casi imperceptible respecto a los años noventa del siglo pasado y, en este caso, advierte que en México «país donde se ha producido un desembarco masivo de empresas españolas, crece el número de habitantes que vive en la pobreza extrema».
Para Greenpeace, «es inaceptable que estas empresas busquen maximizar sus beneficios a costa del bienestar de las poblaciones y del medio ambiente», pero también critica que proyecten una imagen responsable en el Estado español «de respeto escrupuloso a los derechos laborales, sociales y medioambientales, cuando en el exterior están envueltas en prácticas que cabría calificar de depredadoras». Añade que «se aprovechan de una opinión pública que desconoce los verdaderos impactos de sus actividades en el exterior, concretamente en América Latina, y lo que de verdad se esconde tras esa imagen responsable».
Paraísos fiscales
En este caso, hay que recordar que el último informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa recoge que «aunque las empresas muestran su preocupación por contribuir al desarrollo de los países donde operan, no dan información sobre algunos indicadores económicos que permitirían analizar su compromiso real». De hecho, «sólo una empresa del Ibex 35 informa sobre el pago de impuestos en esos países y sobre las subvenciones públicas recibidas, y sólo dos informan de manera clara sobre los gastos salariales por país». En este caso, llama la atención que casi el 70% de las compañías del índice Ibex 35 tienen sociedades con participación en paraísos fiscales, pero no aportan información real sobre sus operaciones y actividades en ellos».
El informe «Los nuevos conquistadores» cita directamente a Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Agbar, Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Cintra, Endesa, FCC, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre, NH Hoteles, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa (que ya es propiedad de Gas Natural).
El informe hace referencia a la organización Christian Aid, que ha calculado que las multinacionales evaden impuestos por valor de 110.000 millones de euros anuales en los países del Sur, de los que 34.000 millones corresponderían a América Latina.
Como apunta Greenpeace, América Latina «no es una zona clave en la geopolítica de los hidrocarburos», pero cuenta con enormes recursos energéticos. Tiene un 10% de las reservas de petróleo mundiales y el 4% del gas, y es clave «para el abastecimiento de Estados Unidos». En este caso, Repsol YPF tiene una importante presencia en América Latina -en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Trinidad y Tobago, Cuba y México-. Esa empresa está denunciada por derrames tóxicos en Argentina, en Colombia «ha sido acusada por Amnistía Internacional de financiar unidades militares para proteger sus instalaciones, a pesar de su largo historial de abusos y violaciones de los derechos humanos». En Bolivia, la comunidad guaraní en Itika Guasu acusa a la petrolera de «llevar la explotación de hidrocarburos sin cumplir el requisito de consulta previa, libre e informada a las comunidades», entre otros casos.
En electricidad, Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa (ahora de Gas Natural) controlan el mercado, junto a las francesas EDF y Suez, la portuguesa EDP y la estadounidense AES, Todas ellas han tenido problemas con la población, porque, por ejemplo, Iberdrola encabeza una actuación con Alstom para modernizar la única central nuclear en México, en Laguna Verde. Endesa mantiene, entre otros, un fuerte conflicto en Patagonia, y Unión Fenosa tuvo problemas en Nicaragua.
Los bancos BBVA y Santander controlan la actividad financiera en América Latina y han estado en el epicentro de problemas al financiar actuaciones contra el medio ambiente en Argentina y Uruguay, y en México; o en Bolivia, en el caso del Santander, además de encarecer préstamos y destruir plantillas. El sector turístico español desembarcó con sus empresas punteras a la cabeza y «actuando al estilo de Mallorca, de invadir la costa y construir ellos mismos». Tiene casi 300.000 camas y 1.375 hoteles, encabezado por las compañías Sol Meliá, NH y Barceló.
Pescanova y Calvo agotan los caladeros del sur y del centro
En la actividad pesquera, Greenpeace destaca a Pescanova y al grupo Calvo. Según el informe, Pescanova es la principal flota pesquera y ha estado involucrada en «prácticas de sobreexplotación de especies como la merluza blanca y el congrio dorado». También indica que diferentes filiales han tenido conflictos relacionados con la gestión de residuos de tratamiento». Critica el impulso de las granjas de salmón y advierte que esta empresa actúa de oligopolio, y han perjudicado a las comunidades de pescadores artesanales. Lo mismo que ha ocurrido con el grupo Calvo en Brasil y El Salvador. En este caso destaca también entre sus puntos controvertidos «las condiciones laborales precarias y los reiterados despidos de trabajadores».
Hace un especial denuncia de la compañía Vidal Armadores, a la que le acusa de actuar como «piratas en los mares del sur», ya que, según indica, está haciendo negocio de las «capturas ilegales».
El trabajo de la organización ecologista tiene un precedente en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que analiza y juzga lo que esas organizaciones empresariales supraestatales están haciendo.
Un dato preocupante es que actualmente existen 79.000 multinacionales, con cerca de 800.000 filiales, en todo el mundo, según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), que controlan el 85% de la inversión extranjera y más del 60% del comercio mundial. Las 500 multinacionales mayores suman el 25% de la producción y generan el 52% del PIB mundial. «La facturación de la petrolera Shell en 2007 equivalió al PIB de Venezuela», explica Greenpeace. De las 100 economías más fuertes del mundo «51 son multinacionales», precisa. Dentro de ese grupo de compañías transnacionales privilegiadas se encuentran el Grupo Santander, Telefónica, Repsol YPF, Endesa, ACS, Cepsa, Ferrovial, FCC, Mapfre y dos de origen vasco: BBVA e Iberdrola. En 2008, la mitad de los ingresos de todas ellas, que acumularon 310.000 millones de euros, llegaron de fuera de sus negocios en el Estado español, la mayoría de América Latina.
En 2007, la inversión extranjera directa en América Latina creció un 36% y en 2008, en plena crisis, se elevó un 13%, hasta los 87.517 millones de euros. «La llegada masiva de las multinacionales españolas -y vascas- les ha permitido mejorar sus cuentas de resultados y obtener mayores beneficios», dice la organización ecologista, que añade que, «sin embargo, no parece haber tenido los mismos efectos positivos sobre la población latinoamericana. Alrededor de 184 millones de personas siguen viviendo en la pobreza en ese continente, de los que 68 millones viven en la extrema pobreza». Según el informe, la mejoría es casi imperceptible respecto a los años noventa del siglo pasado y, en este caso, advierte que en México «país donde se ha producido un desembarco masivo de empresas españolas, crece el número de habitantes que vive en la pobreza extrema».
Para Greenpeace, «es inaceptable que estas empresas busquen maximizar sus beneficios a costa del bienestar de las poblaciones y del medio ambiente», pero también critica que proyecten una imagen responsable en el Estado español «de respeto escrupuloso a los derechos laborales, sociales y medioambientales, cuando en el exterior están envueltas en prácticas que cabría calificar de depredadoras». Añade que «se aprovechan de una opinión pública que desconoce los verdaderos impactos de sus actividades en el exterior, concretamente en América Latina, y lo que de verdad se esconde tras esa imagen responsable».
Paraísos fiscales
En este caso, hay que recordar que el último informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa recoge que «aunque las empresas muestran su preocupación por contribuir al desarrollo de los países donde operan, no dan información sobre algunos indicadores económicos que permitirían analizar su compromiso real». De hecho, «sólo una empresa del Ibex 35 informa sobre el pago de impuestos en esos países y sobre las subvenciones públicas recibidas, y sólo dos informan de manera clara sobre los gastos salariales por país». En este caso, llama la atención que casi el 70% de las compañías del índice Ibex 35 tienen sociedades con participación en paraísos fiscales, pero no aportan información real sobre sus operaciones y actividades en ellos».
El informe «Los nuevos conquistadores» cita directamente a Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Agbar, Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Cintra, Endesa, FCC, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre, NH Hoteles, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa (que ya es propiedad de Gas Natural).
El informe hace referencia a la organización Christian Aid, que ha calculado que las multinacionales evaden impuestos por valor de 110.000 millones de euros anuales en los países del Sur, de los que 34.000 millones corresponderían a América Latina.
Como apunta Greenpeace, América Latina «no es una zona clave en la geopolítica de los hidrocarburos», pero cuenta con enormes recursos energéticos. Tiene un 10% de las reservas de petróleo mundiales y el 4% del gas, y es clave «para el abastecimiento de Estados Unidos». En este caso, Repsol YPF tiene una importante presencia en América Latina -en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Trinidad y Tobago, Cuba y México-. Esa empresa está denunciada por derrames tóxicos en Argentina, en Colombia «ha sido acusada por Amnistía Internacional de financiar unidades militares para proteger sus instalaciones, a pesar de su largo historial de abusos y violaciones de los derechos humanos». En Bolivia, la comunidad guaraní en Itika Guasu acusa a la petrolera de «llevar la explotación de hidrocarburos sin cumplir el requisito de consulta previa, libre e informada a las comunidades», entre otros casos.
En electricidad, Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa (ahora de Gas Natural) controlan el mercado, junto a las francesas EDF y Suez, la portuguesa EDP y la estadounidense AES, Todas ellas han tenido problemas con la población, porque, por ejemplo, Iberdrola encabeza una actuación con Alstom para modernizar la única central nuclear en México, en Laguna Verde. Endesa mantiene, entre otros, un fuerte conflicto en Patagonia, y Unión Fenosa tuvo problemas en Nicaragua.
Los bancos BBVA y Santander controlan la actividad financiera en América Latina y han estado en el epicentro de problemas al financiar actuaciones contra el medio ambiente en Argentina y Uruguay, y en México; o en Bolivia, en el caso del Santander, además de encarecer préstamos y destruir plantillas. El sector turístico español desembarcó con sus empresas punteras a la cabeza y «actuando al estilo de Mallorca, de invadir la costa y construir ellos mismos». Tiene casi 300.000 camas y 1.375 hoteles, encabezado por las compañías Sol Meliá, NH y Barceló.
Pescanova y Calvo agotan los caladeros del sur y del centro
En la actividad pesquera, Greenpeace destaca a Pescanova y al grupo Calvo. Según el informe, Pescanova es la principal flota pesquera y ha estado involucrada en «prácticas de sobreexplotación de especies como la merluza blanca y el congrio dorado». También indica que diferentes filiales han tenido conflictos relacionados con la gestión de residuos de tratamiento». Critica el impulso de las granjas de salmón y advierte que esta empresa actúa de oligopolio, y han perjudicado a las comunidades de pescadores artesanales. Lo mismo que ha ocurrido con el grupo Calvo en Brasil y El Salvador. En este caso destaca también entre sus puntos controvertidos «las condiciones laborales precarias y los reiterados despidos de trabajadores».
Hace un especial denuncia de la compañía Vidal Armadores, a la que le acusa de actuar como «piratas en los mares del sur», ya que, según indica, está haciendo negocio de las «capturas ilegales».
