Los presupuestos van en el camino contrario a la sostenibilidad vendida por el Gobierno. Se debería aprovechar para implantar de una vez una fiscalidad energética y ambiental. No es sostenible incentivar la quema del carbón almacenado por la falta de producción
PEDRO LINARES
Soitu
La semana pasada escribían Gonzalo Sáenz de Miera y Miguel Ángel Muñoz, en mi opinión con mucho criterio, sobre la Ley de Economía Sostenible que prepara el Gobierno. Como ellos bien decían, la propuesta de ley parece incluir elementos positivos, aunque desde luego parece difícil cambiar el modelo productivo sólo con ella. Y sobre todo, parece mucho más difícil hacerlo cuando, como en otras ocasiones, del dicho —propuestas de ley— al hecho —la realidad de las normas concretas— hay tanta distancia. En este caso me gustaría llamar la atención sobre dos hechos recientes que van en contra de esta promesa de sostenibilidad, como son los Presupuestos Generales del Estado que se han presentado en el Congreso, y el incentivo a utilización de carbón nacional que se está preparando en el Ministerio de Economía, posiblemente a resultas de las promesas de nuestro presidente.
Vamos con los Presupuestos y la sostenibilidad económica. Generalmente se considera que una economía es sostenible cuando, dicho de forma simple, es capaz de vivir de sus rentas de forma sostenida, de forma que el bienestar obtenido por ellas nunca disminuya. Por poner un ejemplo sencillo, mi economía doméstica es sostenible si mis ahorros nunca disminuyen, sino que en todo caso aumentan: eso supone que nunca me gasto más de lo que ingreso, incluyendo en este ingreso los posibles intereses de mis ahorros.
Las rentas de un país a su vez provienen de sus capitales: monetarios, de recursos naturales, tecnológicos, y humanos. Y por tanto, para que las rentas no disminuyan, el capital que las genera tampoco debe hacerlo. Así, una de las reglas de sostenibilidad más conocidas, la de Hartwick, dice que para que una economía sea sostenible la suma de todos estos capitales nunca puede disminuir. Y que si disminuye el capital monetario, por ejemplo, debe aumentar otro tipo de capital, como el tecnológico o el humano, para compensarlo.
Esta regla se ha propuesto especialmente para países con muchos recursos naturales: si se van extrayendo los recursos, lo que se obtiene de ellos debe reinvertirse en otro tipo de capital para seguir generando renta. El mejor ejemplo es el de los noruegos, que reinvierten todo el dinero que obtienen de la venta de su gas natural y su petróleo, y que son un ejemplo de economía sostenible y resistente a las crisis. Pero por supuesto la regla también vale para países sin tantos recursos naturales como el nuestro: para mantener nuestro capital intacto, debemos invertir para mantenerlo, incluyendo el capital tecnológico y humano.
Sin embargo, parece que nuestros presupuestos van por la dirección contraria: más gasto corriente, menos I+D, menos inversión... Es cierto que estamos en crisis, que hacen falta estímulos, y que hay mucha gente desempleada que necesita ayuda directa, vía gasto. Pero esto último es sólo una pequeña parte del presupuesto, muchos de los otros gastos no tienen estos destinos. Y para estimular, para salir de la crisis, para generar empleo, y para por tanto ayudar a la gente que lo está pasando mal, es mucho más eficaz la inversión —que además es más sostenible—. En otros países como EEUU ya están invirtiendo en I+D para estimular la economía y además para hacerla más sostenible.
Una de las excusas del Gobierno, hasta cierto punto entendible, es que nuestro déficit es muy alto, y que no tenemos dinero para invertir. Este problema sin embargo se podría convertir en una oportunidad para la sostenibilidad, aprovechando para implantar de una vez una fiscalidad energética y medioambiental que contribuya, aunque sea parcialmente, a solucionar algunos de nuestros problemas en estos ámbitos. En vez de eso, nuestro Gobierno mantiene los impuestos sobre las actividades nocivas (gasolina, tabacos y alcoholes) y sube el IVA, desincentivando y distorsionando el consumo. De nuevo, la senda escogida es la contraria de la sostenibilidad, económica y medioambiental.
El segundo hecho en el que la realidad va en contra de la promesa de sostenibilidad es el incentivo al carbón nacional. En España, el carbón es de mala calidad y caro de extraer. Sin embargo, históricamente se ha apoyado su producción, con dos fines: uno, mantener la estructura de empleo y renta en las comarcas mineras; dos, contribuir a la seguridad de suministro reduciendo la cantidad de combustible importado. El problema es que, como digo, esto tiene dos inconvenientes graves: el elevado impacto ambiental (emisiones de SO2 sobre todo, y por supuesto de CO2) y el alto coste que supone su uso. El Plan de la Minería planteó por tanto reducir progresivamente el consumo de carbón nacional para tratar de eliminar estos problemas: al igual que en la agricultura, nos dimos cuenta de que salía más barato pagar a los mineros por no hacer nada, que pagarles y encima contaminar.
Pero el problema es que la realidad ha superado a las expectativas: los precios del CO2, los bajos precios del gas, y la desaparición de la prima al carbón han hecho que la reducción sea mucho más abrupta de la deseada, creando unas grandes reservas de carbón sin quemar. Si a eso le sumamos que nuestro presidente es de León, pues ya está montado el lío: el Gobierno promete que ese carbón se va a quemar, y para ello va a incentivarlo. Consecuencia: nuestras emisiones de CO2 volverán a aumentar, y encima nos costará bastante dinero (en contra de la renta sostenible que citaba antes). De nuevo, la sostenibilidad al garete.
Y entonces, ¿qué hacemos con el carbón almacenado? Pues yo diría: que siga ahí. Así contribuirá mucho más a la seguridad energética que si lo quemamos y nos quedamos sin él, por mucho que algunos argumenten en contra. Y si no lo quemamos, tampoco emitiremos CO2. De lo que no nos libraremos será de tener que pagar algo, si queremos mantener el tejido social de las comarcas mineras. Pero seguramente será mucho menos de lo que nos costaría el incentivo a usar carbón para generar electricidad (que a su vez produce lucros cesantes en otras tecnologías que el Gobierno quiere compensar por otro lado, de nuevo a costa de nuestro bolsillo).
Conclusión: si de verdad queremos llegar a una economía sostenible, hay que tomar decisiones sostenibles. Y ni los Presupuestos ni el incentivo a quemar carbón lo son. Parece complicado llegar a un sitio dando pasos en dirección contraria, pero eso parece ser lo que está pasando con esta dicotomía entre sostenibilidad y realidad que mantiene nuestro Gobierno.
Vamos con los Presupuestos y la sostenibilidad económica. Generalmente se considera que una economía es sostenible cuando, dicho de forma simple, es capaz de vivir de sus rentas de forma sostenida, de forma que el bienestar obtenido por ellas nunca disminuya. Por poner un ejemplo sencillo, mi economía doméstica es sostenible si mis ahorros nunca disminuyen, sino que en todo caso aumentan: eso supone que nunca me gasto más de lo que ingreso, incluyendo en este ingreso los posibles intereses de mis ahorros.
Las rentas de un país a su vez provienen de sus capitales: monetarios, de recursos naturales, tecnológicos, y humanos. Y por tanto, para que las rentas no disminuyan, el capital que las genera tampoco debe hacerlo. Así, una de las reglas de sostenibilidad más conocidas, la de Hartwick, dice que para que una economía sea sostenible la suma de todos estos capitales nunca puede disminuir. Y que si disminuye el capital monetario, por ejemplo, debe aumentar otro tipo de capital, como el tecnológico o el humano, para compensarlo.
Esta regla se ha propuesto especialmente para países con muchos recursos naturales: si se van extrayendo los recursos, lo que se obtiene de ellos debe reinvertirse en otro tipo de capital para seguir generando renta. El mejor ejemplo es el de los noruegos, que reinvierten todo el dinero que obtienen de la venta de su gas natural y su petróleo, y que son un ejemplo de economía sostenible y resistente a las crisis. Pero por supuesto la regla también vale para países sin tantos recursos naturales como el nuestro: para mantener nuestro capital intacto, debemos invertir para mantenerlo, incluyendo el capital tecnológico y humano.
Sin embargo, parece que nuestros presupuestos van por la dirección contraria: más gasto corriente, menos I+D, menos inversión... Es cierto que estamos en crisis, que hacen falta estímulos, y que hay mucha gente desempleada que necesita ayuda directa, vía gasto. Pero esto último es sólo una pequeña parte del presupuesto, muchos de los otros gastos no tienen estos destinos. Y para estimular, para salir de la crisis, para generar empleo, y para por tanto ayudar a la gente que lo está pasando mal, es mucho más eficaz la inversión —que además es más sostenible—. En otros países como EEUU ya están invirtiendo en I+D para estimular la economía y además para hacerla más sostenible.
Una de las excusas del Gobierno, hasta cierto punto entendible, es que nuestro déficit es muy alto, y que no tenemos dinero para invertir. Este problema sin embargo se podría convertir en una oportunidad para la sostenibilidad, aprovechando para implantar de una vez una fiscalidad energética y medioambiental que contribuya, aunque sea parcialmente, a solucionar algunos de nuestros problemas en estos ámbitos. En vez de eso, nuestro Gobierno mantiene los impuestos sobre las actividades nocivas (gasolina, tabacos y alcoholes) y sube el IVA, desincentivando y distorsionando el consumo. De nuevo, la senda escogida es la contraria de la sostenibilidad, económica y medioambiental.
El segundo hecho en el que la realidad va en contra de la promesa de sostenibilidad es el incentivo al carbón nacional. En España, el carbón es de mala calidad y caro de extraer. Sin embargo, históricamente se ha apoyado su producción, con dos fines: uno, mantener la estructura de empleo y renta en las comarcas mineras; dos, contribuir a la seguridad de suministro reduciendo la cantidad de combustible importado. El problema es que, como digo, esto tiene dos inconvenientes graves: el elevado impacto ambiental (emisiones de SO2 sobre todo, y por supuesto de CO2) y el alto coste que supone su uso. El Plan de la Minería planteó por tanto reducir progresivamente el consumo de carbón nacional para tratar de eliminar estos problemas: al igual que en la agricultura, nos dimos cuenta de que salía más barato pagar a los mineros por no hacer nada, que pagarles y encima contaminar.
Pero el problema es que la realidad ha superado a las expectativas: los precios del CO2, los bajos precios del gas, y la desaparición de la prima al carbón han hecho que la reducción sea mucho más abrupta de la deseada, creando unas grandes reservas de carbón sin quemar. Si a eso le sumamos que nuestro presidente es de León, pues ya está montado el lío: el Gobierno promete que ese carbón se va a quemar, y para ello va a incentivarlo. Consecuencia: nuestras emisiones de CO2 volverán a aumentar, y encima nos costará bastante dinero (en contra de la renta sostenible que citaba antes). De nuevo, la sostenibilidad al garete.
Y entonces, ¿qué hacemos con el carbón almacenado? Pues yo diría: que siga ahí. Así contribuirá mucho más a la seguridad energética que si lo quemamos y nos quedamos sin él, por mucho que algunos argumenten en contra. Y si no lo quemamos, tampoco emitiremos CO2. De lo que no nos libraremos será de tener que pagar algo, si queremos mantener el tejido social de las comarcas mineras. Pero seguramente será mucho menos de lo que nos costaría el incentivo a usar carbón para generar electricidad (que a su vez produce lucros cesantes en otras tecnologías que el Gobierno quiere compensar por otro lado, de nuevo a costa de nuestro bolsillo).
Conclusión: si de verdad queremos llegar a una economía sostenible, hay que tomar decisiones sostenibles. Y ni los Presupuestos ni el incentivo a quemar carbón lo son. Parece complicado llegar a un sitio dando pasos en dirección contraria, pero eso parece ser lo que está pasando con esta dicotomía entre sostenibilidad y realidad que mantiene nuestro Gobierno.
