Al abordaje de los caladeros africanos


El agotamiento de las aguas de la UE ha llevado a la pesca industrial a las costas africanas. Allí, la ausencia de estructuras estatales, como en Somalia, o la escasez de capital local, abren grandes oportunidades de negocio

SARAH BABIKER
Diagonal




Serigne tiene 34 años y vive en Madrid. Llegó en 2006 a Canarias desde Saint-Luis, tras diez días de viaje en cayuco, una embarcación que usaba en su trabajo de pescador en Kayar, un pueblo costero de Senegal. "Esta profesión la tengo en la sangre", afirma Serigne. Como otros 600.000 senegaleses, Serigne vivía directamente del pescado. Lo hizo durante diez años. Hasta que tuvo que emigrar.

Y como él, muchos otros. El padre Jerôme, un sacerdote nigeriano que lleva desde 2003 al frente de la misión católica de Nuadibú, en la costa mauritana, lleva el único registro de inmigrantes que eligen el camino del Norte: "El hecho es que la mayoría de los senegaleses aquí son pescadores, podría decir el 80% de ellos".

Serigne recuerda con claridad el proceso: "Cuando estudiaba ya se notaba que cada año disminuía la cantidad de pescado, lo noté más cuando empecé a pescar, porque cada año había menos pescados. Notábamos que cada día pescábamos peces más jóvenes y más pequeños".

Los acuerdos de pesca bilaterales con la Unión Europea entre 1979 y 2006 tienen mucho que ver. Entre 1994 y 2005 el peso de las capturas en aguas senegalesas cayó de 95.000 a 45.000 toneladas, mientras que el número de embarcaciones pertenecientes a ciudadanos senegaleses descendió drásticamente al no poder competir con los enormes pesqueros europeos, según detalla el informe Selfish Europe, de Action Aid.

La devaluación de la moneda senegalesa profundizó la orientación de la pesca hacia el mercado exterior, descuidando el consumo local. Así lo corroboraba el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) en 2002, cuando anunciaba que la seguridad alimentaria local y los puestos de trabajo estaban siendo amenazados por la escasez del pescado capturado localmente.

El último acuerdo con Senegal cubrió cuatro años entre julio de 2002 y junio de 2006. El coste total del presupuesto europeo era de 64 millones de euros, el 19% destinado a medidas de apoyo, como seguimiento de recursos, inspección o seguridad. A cambio, 125 barcos consiguieron acceso a las aguas senegalesas, sin límites de captura y en competencia directa con la pesca artesanal.

“Los gobiernos son culpables de todo esto, antes vivíamos muy bien, cada familia tenía uno o dos barcos artesanales y cogían lo suficiente para sobrevivir, pero con los acuerdos con los países europeos y Japón había más presencia de grandes buques pesqueros y arrastraban todo, porque son más modernos, tienen más capacidad y pueden congelar al mismo tiempo”, afirma Serigne.

En 2006 Senegal se negó a renovar los acuerdos bilaterales. Sin embargo, según denuncia Action Aid, los pesqueros europeos han encontrado en la ’senegalización’ de sus barcos, la compra y acumulación de cotas de pesca senegalesas, el trasbordo de capturas, o las joint ventures para la transformación del pescado, el modo de esquivar los esfuerzos del Gobierno para regular el acceso y el control de los recursos marinos.

"Ya es muy tarde", protesta Serigne, "en Kayar hay menos pescadores que hace diez años, porque muchos han probado el camino de las pateras. Uno se va con sus hermanos y no captura suficiente para la familia y hay que intentar algo; es lo que explica las pateras".

Acuerdos bilaterales

Según la Convención del Mar de 1982, las zonas económicas exclusivas comprenderán un máximo de 200 millas desde la línea de costa de un país. Entre otras cosas, el Estado tiene derecho de pesca sobre este espacio. Sin embargo, la misma convención establece que cualquier país debe poner a disposición de flotas extranjeras el pescado que no alcance a pescar, siempre y cuando no se sobrepase el máximo de explotación sostenible.

La Unión Europea paga aproximadamente 156 millones de euros al año para asegurar el acceso a las pesquerías de terceros países, según fishsubsidy.org. Actualmente, la UE tiene una docena de acuerdos de pesca con países africanos. Su firma plantea una serie de dudas. Algunas veces porque se firman con países con déficit democrático que comprometen los recursos de sus pueblos. Una muestra de este dilema se puso de manifiesto en octubre, cuando la comisión de pesca del Parlamento Europeo bloqueó el acuerdo con Guinea Conakry tras la muerte de 160 personas que se manifestaban contra el presidente golpista. La representante del Grupo Popular se lamentó de que esta decisión supusiera “un amarre temporal por un periodo indeterminado” de la flota comunitaria. También es objeto de polémica el actual acuerdo de pesca con Marruecos, que no excluye explícitamente las aguas del Sáhara Occidental, permitiendo la pesca de flotas europeas en aguas que no pertenecen a ninguno de los dos firmantes.

De hecho, los acuerdos llevan años en el centro de la polémica. En 2003, un informe del Instituto Europeo de Política Ambiental analizaba los pactos firmados con Senegal, Angola, Mauritania y Santo Tomé y Príncipe. Entre las conclusiones, criticaba la arbitrariedad en las cantidades pagadas por la UE, que variaban de 11.111 euros por buque comunitario en Santo Tomé a los 346.774 euros en Mauritania. También criticaba el desajuste entre la cantidad pagada y el beneficio potencial de las capturas: en el caso de Santo Tomé y Príncipe "para los atuneros, el valor de la captura puede ser 40 veces mayor que las tasas de acceso". El informe también señalaba el problema de la ausencia de límites de captura en Senegal y Mauritania.

Seis años después, los acuerdos de pesca de Santo Tomé y Mauritania han sido renovados. Sin embargo, Angola y Senegal se negaron en su momento a poner de nuevo sus aguas territoriales a disposición de las flotas comunitarias. En 2005 Angola no llegó a un acuerdo, tras exigir una mayor soberanía sobre las capturas. El caso de Senegal, por su parte, ilustra los efectos adversos de una asociación en desigualdad de condiciones.

Pesca ilegal

No sólo los pescadores que perdieron su trabajo transitan hacia las Islas Canarias, también lo hace gran parte del pescado proveniente de África Occidental hacia Europa. Según denuncian Enviromental Justice Foundation y Greenpeace, gran parte del pescado que llega a las islas también es "clandestino". El puerto de las Palmas de Gran Canaria tiene estatus de zona franca económica, algo que implica regulaciones aduaneras favorables y pocos controles: en 2006 había cinco inspectores de puerto para controlar la procedencia de 360.000 toneladas de pescado que pasan al año por su puerto. El abuso de las compañías pesqueras de este estatus ha dado como resultado que Las Palmas sea considerado el más importante puerto de conveniencia de Europa para las actividades de pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (INDNR).

"La pesca [ilegal] está reconocida internacionalmente como una de las mayores amenazas, especialmente para caladeros que padezcan sobrepesca. Hay varias iniciativas para combatirla. Ya en el año 2000 la FAO adoptó un ’Plan internacional’ (…) y recientemente, en 2009, las naciones han acordado un compromiso legal para adoptar medidas contra la pesca ilegal en sus puertos", afirman desde la ONG Oceana. Las organizaciones señalan un escollo a la hora de luchar contra estas prácticas: la existencia de banderas de conveniencia, pabellones que los armadores adquieren con el fin de agilizar burocracias, evadir impuestos y esquivar regulaciones. Se calcula que hay unos 40 Estados –a la cabeza de los cuales se encuentran Honduras, Panamá y Camboya– con registros abiertos, donde uno puede inscribir su embarcación cómodamente. 59 pesqueros españoles aparecen registrados con banderas de conveniencia en 2009.

Descontrol, igual a negocio

Tal vez por ello, tal como denuncia la Coordinadora Verde, España se opuso, cuando hace algunos años hubo un intento internacional de adoptar medidas contra esta práctica. Según el derecho del mar, el país cuya bandera ondea en las embarcaciones es el que tiene que velar por el respeto a la legalidad de sus barcos. Normalmente, estos países no están en condiciones de ejercer este control.

Por ello, con una bandera de conveniencia resulta fácil dedicarse a la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada. El negocio es lucrativo: las naciones pierden por esta actividad entre 10.000 y 23.500 millones de dólares al año, que representan entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado. Se calcula que la pesca ilegal les cuesta mil millones de dólares anuales a los países africanos. La propia Comisión Europea estima en un informe emitido en 2007 que más del 50% del total de las capturas en Somalia, Liberia y Guinea Conakry son practicadas de manera ilegal, según afirma la Coordinadora Verde. "Hacen de todo en África y sin control, porque saben que no tienen medios para controlar la pesca. Tienen la circulación libre, se llevan todo el pescado, dejando el continente muerto", concluye Serigne, ex pescador senegalés, ahora inmigrante en Madrid.