ABC.es
La policía de Río de Janeiro y San Pablo recurre habitualmente al uso de la fuerza letal, con frecuencia comete ejecuciones extrajudiciales y, de este modo, agrava la violencia en ambos estados, señaló «Human Rights Watch» en un informe publicado hoy.
El informe de 122 páginas denominado «Lethal Force: Police Violence and Public Security in Rio de Janeiro and São Paulo» [Fuerza letal: violencia policial y seguridad pública en Río de Janeiro y San Pablo] analiza 51 casos en que la policía habría ejecutado a presuntos delincuentes y posteriormente informado que las víctimas habían muerto en enfrentamientos armados producto de resistirse a su detención.
Cada año, la policía de Río y San Pablo mata a más de 1.000 personas en el marco de estos supuestos enfrentamientos. Si bien algunos de estos homicidios son actos legítimos en defensa propia, el informe comprobó que muchos son ejecuciones extrajudiciales. «La ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes no es la respuesta a los delitos violentos», señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Las ejecuciones ilegales por parte de la policía menoscaban las legítimas medidas para combatir la violencia criminal, que en muchos casos es perpetrada por grupos fuertemente armados. En Río, estos grupos son en gran medida los responsables de uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio. Y en San Pablo, pese a que en la última década se redujo la cantidad de homicidios, la violencia de grupos armados representa una grave amenaza.
No son casos aislados
Human Rights Watch obtuvo evidencia confiable en 51 casos de «resistencia» que refutan las afirmaciones de los policías que alegaron que las víctimas habrían muerto durante enfrentamientos armados. Los 51 casos no representan la totalidad de las posibles ejecuciones extrajudiciales, pero indican la existencia de un problema mucho más generalizado. El informe también se basa en entrevistas exhaustivas a más de 40 funcionarios del sistema de justicia penal, entre ellos varios importantes fiscales que consideran que las ejecuciones extrajudiciales por la policía son un grave problema en ambos estados.
Los policías también matan a cientos de personas más mientras se encuentran fuera de servicio, a menudo durante su participación en milicias en Río y en escuadrones de la muerte en San Pablo. Los agentes de policía responsables de las ejecuciones ilegales en Río y San Pablo pocas veces responden ante la justicia. Según muestra el informe, la causa principal que permite que la policía eluda sistemáticamente cualquier responsabilidad por los homicidios es que los sistemas de justicia penal de ambos estados dependen casi exclusivamente de investigadores policiales para resolver estos casos.
El informe incluye recomendaciones dirigidas a las autoridades de Río y San Pablo para combatir la violencia policial y mejorar la seguridad pública. La recomendación más importante es que se creen unidades especializadas dentro de las fiscalías para investigar las muertes por «resistencia", y que aseguren que los agentes responsables de las ejecuciones extrajudiciales rindan cuentas ante la justicia.
