Desde 2008 no se publican las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad que tienen que hacer público en qué campos del Estado español se cultivan Organismos Genéticamente Modificados. Empresas como Pioneer, Bayer o Monsanto tienen las puertas abiertas para experimentar, a pesar de que recientemente ha salido a la luz un estudio, encargado y ocultado por la propia Monsanto, que demuestra que esta clase de cultivos puede causar daños en la salud humana
IZASKUN SÁNCHEZ AROCA
Diagonal
Tenemos constancia de que se llevan años haciendo experimentos con semillas transgénicas al aire libre sin que los Concelhos, en el caso de Galicia, los ayuntamientos o las organizaciones sociales tengan conocimiento de ello. Desde el Ministerio y la Xunta nos han ocultado información”. Así lo declaraba para DIAGONAL Charo Sánchez, agricultora y secretaria de medio ambiente del Sindicato Labrego Galego (SLG) tras descubrir informes de campos de ensayo de maíz al aire libre realizados en 2008 en los concelhos de Arteixo o Santa Uxía. “Algo que desde la Administración nos habían negado. Ha sido como un jarro de agua fría”.
La información sobre los cultivos experimentales con organismos genéticamente modificados (OGM) sigue siendo oscura y confusa->. Los campos de prueba al aire libre son, normalmente, parcelas arrendadas por las multinacionales a agricultores y agricultoras para probar nuevas variedades transgénicas (maíz, patata, remolacha o algodón, entre otras). Ensayos que forman parte de los protocolos previos exigidos por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para autorizar el cultivo comercial de nuevas variedades de OGM.
Un proceso por el que ya pasó el maíz MON810, el único transgénico que se cultiva comercialmente en el Estado español de manera legal, a pesar de haber levantado ampollas en la sociedad civil por sus consecuencias sociales o medioambientales. De hecho, el pasado mes de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM) reconocía por primera vez la existencia de personas afectadas por contaminación de sus cultivos con maíz transgénico MON810. Un peligro que se multiplica con los campos experimentales de transgénicos, cuyo cultivo comercial está prohibido por su falta de garantías, ya que ni siquiera han pasado por un trámite previo que evalúe su seguridad.
La competencia en el Estado español para autorizar estas pruebas a campo abierto es del MARM. En las solicitudes de las empresas se recogen unos protocolos de seguridad como la eliminación de la muestra. “Tras finalizar la cosecha, las plantas se destruirán por un medio adecuado, generalmente por trituración o enterramiento”, expone Monsanto en uno de sus pliegos para plantar maíz Nk603. La representante del SLG, Charo Sánchez, es tajante: “A eso no se le puede llamar eliminación de residuos. Esa contaminación queda en el suelo. El Ministerio sabe que por todo el territorio hay parcelas y parcelas con organismos transgénicos enterrados. Además, los principios de precaución no garantizan absolutamente nada. Sabemos por estudios que 200 metros de distancia con otros cultivos no es una barrera real de seguridad. Estos protocolos de ensayos y de residuos son los que las propias empresas proponen, no el Ministerio”.
A todas luces la seguridad parece escasa. “Hemos visto lugares, como Fraga, donde el principio de precaución no se había llevado a cabo. Simplemente habían pasado con una máquina para arrancar los restos del cultivo. Quedaban un montón de mazorcas por el suelo”, apunta Rosa Binimelis de la plataforma catalana Transgènic Fora.
Para Andoni García, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente del sindicato agrario COAG, no hay seguridad en cuanto hay una experimentación a campo abierto. “Con la investigación que se ha hecho no está garantizado que no existan consecuencias nocivas. Posiblemente haya habido contaminación de experimentales con otros cultivos, pero como sólo se analiza lo ecológico es difícil saberlo”.
Además de la inseguridad, el secretismo acompaña este tipo de ensayos. “Hemos comprobado que cuando se hacen cultivos experimentales no se avisa ni a la población ni a los vecinos”, declara la representante de Transgènic Fora.
Lo cierto es que la autoridad competente, el MARM, no está obligada a avisar a las localidades donde se realiza la prueba. “La última palabra siempre la tiene el Ministerio; las Autonomías están supeditadas, aunque también pueden tener un posicionamiento claro y negarse”, resume Charo Sánchez.
De hecho es imposible saber qué campos se han concedido o no y qué experimentos se están llevando a cabo, ya que esa información debería salir publicada en las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), documentos que no ven la luz desde 2008.
Según las últimas solicitudes publicadas por el Ministerio, entre 2009 y 2011, hasta 100 localidades de todo el estado Español se habrán convertido temporalmente (de 6 a 12 meses) en laboratorios a campo abierto de la agroindustria.. Pioneer, Monsanto o Bayer, entre otras, se reparten autonomías para sus ensayos. “El concelho de Lalín intentó localizar la ubicación exacta de los campos en su territorio”, revela Sánchez. “Llegó hasta a contactar con Monsanto, que era quien tenía solicitados los campos. También lo intentó Chantada, pero ambos fracasaron. Es muy pre- ocupante que incluso a la propia Administración local le nieguen datos. Esta situación es una muestra de la gran complicidad entre las multinacionales y los gobiernos”, añade.
“Es muy complejo. Hay muchos vacíos legales por los que formalmente no se hace nada irregular pero que generan situaciones complicadas”, afirma Sira Rego, concejala de Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid. Esta localidad consiguió paralizar una solicitud de experimentación con maíz en su territorio. “No nos comunicaron nada porque en principio nos dijeron que no tenían por qué hacerlo”. Para Sánchez, la situación es vergonzosa. “Es un tema social que está afectando a toda la ciudadanía. Debe ser debatido y explicado”, concluye.
La información sobre los cultivos experimentales con organismos genéticamente modificados (OGM) sigue siendo oscura y confusa->. Los campos de prueba al aire libre son, normalmente, parcelas arrendadas por las multinacionales a agricultores y agricultoras para probar nuevas variedades transgénicas (maíz, patata, remolacha o algodón, entre otras). Ensayos que forman parte de los protocolos previos exigidos por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para autorizar el cultivo comercial de nuevas variedades de OGM.
Un proceso por el que ya pasó el maíz MON810, el único transgénico que se cultiva comercialmente en el Estado español de manera legal, a pesar de haber levantado ampollas en la sociedad civil por sus consecuencias sociales o medioambientales. De hecho, el pasado mes de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM) reconocía por primera vez la existencia de personas afectadas por contaminación de sus cultivos con maíz transgénico MON810. Un peligro que se multiplica con los campos experimentales de transgénicos, cuyo cultivo comercial está prohibido por su falta de garantías, ya que ni siquiera han pasado por un trámite previo que evalúe su seguridad.
La competencia en el Estado español para autorizar estas pruebas a campo abierto es del MARM. En las solicitudes de las empresas se recogen unos protocolos de seguridad como la eliminación de la muestra. “Tras finalizar la cosecha, las plantas se destruirán por un medio adecuado, generalmente por trituración o enterramiento”, expone Monsanto en uno de sus pliegos para plantar maíz Nk603. La representante del SLG, Charo Sánchez, es tajante: “A eso no se le puede llamar eliminación de residuos. Esa contaminación queda en el suelo. El Ministerio sabe que por todo el territorio hay parcelas y parcelas con organismos transgénicos enterrados. Además, los principios de precaución no garantizan absolutamente nada. Sabemos por estudios que 200 metros de distancia con otros cultivos no es una barrera real de seguridad. Estos protocolos de ensayos y de residuos son los que las propias empresas proponen, no el Ministerio”.
A todas luces la seguridad parece escasa. “Hemos visto lugares, como Fraga, donde el principio de precaución no se había llevado a cabo. Simplemente habían pasado con una máquina para arrancar los restos del cultivo. Quedaban un montón de mazorcas por el suelo”, apunta Rosa Binimelis de la plataforma catalana Transgènic Fora.
Para Andoni García, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente del sindicato agrario COAG, no hay seguridad en cuanto hay una experimentación a campo abierto. “Con la investigación que se ha hecho no está garantizado que no existan consecuencias nocivas. Posiblemente haya habido contaminación de experimentales con otros cultivos, pero como sólo se analiza lo ecológico es difícil saberlo”.
Además de la inseguridad, el secretismo acompaña este tipo de ensayos. “Hemos comprobado que cuando se hacen cultivos experimentales no se avisa ni a la población ni a los vecinos”, declara la representante de Transgènic Fora.
Lo cierto es que la autoridad competente, el MARM, no está obligada a avisar a las localidades donde se realiza la prueba. “La última palabra siempre la tiene el Ministerio; las Autonomías están supeditadas, aunque también pueden tener un posicionamiento claro y negarse”, resume Charo Sánchez.
De hecho es imposible saber qué campos se han concedido o no y qué experimentos se están llevando a cabo, ya que esa información debería salir publicada en las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), documentos que no ven la luz desde 2008.
Según las últimas solicitudes publicadas por el Ministerio, entre 2009 y 2011, hasta 100 localidades de todo el estado Español se habrán convertido temporalmente (de 6 a 12 meses) en laboratorios a campo abierto de la agroindustria.. Pioneer, Monsanto o Bayer, entre otras, se reparten autonomías para sus ensayos. “El concelho de Lalín intentó localizar la ubicación exacta de los campos en su territorio”, revela Sánchez. “Llegó hasta a contactar con Monsanto, que era quien tenía solicitados los campos. También lo intentó Chantada, pero ambos fracasaron. Es muy pre- ocupante que incluso a la propia Administración local le nieguen datos. Esta situación es una muestra de la gran complicidad entre las multinacionales y los gobiernos”, añade.
“Es muy complejo. Hay muchos vacíos legales por los que formalmente no se hace nada irregular pero que generan situaciones complicadas”, afirma Sira Rego, concejala de Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid. Esta localidad consiguió paralizar una solicitud de experimentación con maíz en su territorio. “No nos comunicaron nada porque en principio nos dijeron que no tenían por qué hacerlo”. Para Sánchez, la situación es vergonzosa. “Es un tema social que está afectando a toda la ciudadanía. Debe ser debatido y explicado”, concluye.
