Nadie sabe a cuánto asciende el patrimonio del mayor terrateniente privado del Estado español, pero el oscurantismo y la dejación de la Administración están consiguiendo un imposible: que aumente a pesar de la pérdida de fieles
ALFONSO MUÑOZ
Diagonal
Según las estimaciones de los expertos, la Iglesia católica apostólica romana posee unos cien mil inmuebles (de los que los templos son sólo una cuarta parte) y al menos otras tantas hectáreas de fincas, que incluyen gran parte del suelo disponible de ciudades como Toledo, Burgos, Santiago de Compostela o Plasencia. La inexactitud de las cifras se debe a que la Conferencia Episcopal deja en manos de cada diócesis la contabilidad. Pero es que ni siquiera hay un inventario de los monumentos cuyo mantenimiento es sufragado por el Estado, a pesar de que en 1982 se firmó un acuerdo para hacer esa catalogación.
Lo que sí se está conociendo es que día a día, sigilosamente, los obispos están inscribiendo a su nombre edificios de todo tipo que hasta ahora eran de los municipios. La iglesia, que se construyó por cuestación popular y a manos de la gente del pueblo, o la casa del cura cuyos gastos durante siglos han corrido de parte del ayuntamiento, de pronto pasan a ser de titularidad eclesiástica.
Una ley insólita en Europa
Todo gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que otorga a la Iglesia católica, y sólo a ella, el derecho de inmatricular un inmueble declarando simplemente que le pertenece. Hasta 1998 este procedimiento no se podía aplicar a los templos. Una incongruencia que el Gobierno de Aznar se encargó de corregir alegando que negarle la propiedad de sus legítimos bienes era “inconstitucional”. Aunque el ex presidente obvió una irregularidad más llamativa de esa Ley, que otorga poder de fedatario público a una institución como la Iglesia. Algo “insólito” en un Estado moderno, según denuncia la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Sólo en esa comunidad, la Iglesia se ha apropiado así de más de mil inmuebles en una década. Pero en el conjunto del Estado puede hablarse de un expolio en toda regla: este procedimiento se hace sin ningún tipo de exposición pública y muchos municipios, especialmente los que cuentan con menos medios, no advierten el hecho hasta que ya han pasado dos años y el registro es definitivo. En Xàbia (Alicante), el Ayuntamiento sí se ha enterado de la maniobra y va a impugnar el registro de la iglesia gótica de San Bartolomé, fortificada en el siglo XIV por el pueblo y siempre conservada por los vecinos, según consta en numerosos documentos, algo que ha desatado la indignación en la localidad.
Otras corporaciones municipales son más generosas con la Iglesia mediante las permutas de terrenos. Es el caso de Madrid capital, que en diez años ha cedido 40 parcelas de suelo público valorado en 120 millones de euros a cambio de una finca en una zona protegida de la cuenca del Manzanares, cuya valoración no iría más allá de tres millones, según Izquierda Unida. “Pero lo que es aún más grave es que se cedan parcelas destinadas a necesidades vecinales”, afirma la formación, que recuerda el caso del barrio de Butarque (Madrid) donde la Iglesia tiene más de una docena de parroquias y obtuvo terrenos para una más cuando no había ambulatorio ni escuela infantil y sólo un colegio y un centro de mayores para 15.000 habitantes. “Si ha conseguido esas cesiones con una finca rústica, ¿qué beneficio obtendrá de sus posesiones en zonas como Valdebebas o El Bercial?”, se preguntan los promotores que se han encontrado en los planos de esas zonas de expansión de la capital con el nombre de la Iglesia como propietaria.
Pero hay casos más evidentes de pelotazos, como la recalificación de un colegio de las Carmelitas en Cáceres donde se levantará un Corte Inglés multiplicando la edificabilidad del área; o en Ávila, donde el Obispado va a ingresar 19 millones por la venta de unos terrenos recalificados en 2005 de rústicos a industriales a pesar de que el actual polígono de la ciudad todavía está al 60% de su desarrollo previsto.
A todo lo anterior hay que sumar el dinero que las distintas administraciones ceden a la Iglesia para la restauración y conservación de sus edificios. Un dinero que a menudo sale del 1% de los presupuestos que por ley cada municipio está obligado a destinar a bienes culturales y que, como comentan las asociaciones laicistas, no repercute en beneficios para la población: “La iglesia tiene derecho a construir y reformar las parroquias que quiera, pero que se lo paguen de su bolsillo, y si ya no pueden, que lo que se haga forme parte del patrimonio nacional”.
Privilegios fiscales
Capítulo aparte merece el trato fiscal al patrimonio inmobiliario de la Iglesia, que gracias a los acuerdos económicos del Concordato de 1979 es “francamente privilegiado”, como lo califica el catedrático de Derecho Alejandro Torres Gutiérrez, autor de varios informes exhaustivos sobre el tema, incluido uno encargado por la Fundación Alternativas, próxima al PSOE. Aunque estas recomendaciones duermen “en el suelo de los justos”, según comenta a DIAGONAL Torres Gutiérrez.
Hasta 2007, la Iglesia ha estado exenta de pagar el IVA, a pesar de que el derecho comunitario aplicable desde la adhesión de España en 1986 lo prohibía. “Han tenido que pasar 21 años hasta que se ha acabado con esta anomalía, con el consiguiente perjuicio para el erario”, recuerda este profesor. Para lograr otro pequeño avance han sido necesarias hasta cinco interpelaciones de la Comisión Europea por iniciativa de IU. Al fin, en octubre el Gobierno retiró la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los inmuebles de la Iglesia dedicados a “actividades económicas” como las emisoras de la Cope o los lucrativos hospitales privados, amén de los miles de colegios –donde el Estado subvenciona casi todo–. Pero el resto de edificios siguen sin pagar, ni ése ni el Impuesto de Bienes Inmuebles o el Impuesto de Sucesiones. Estas exenciones incluyen las casas de los sacerdotes, algo que dota a éstos “de un estatuto privilegiado respecto al del resto de los ciudadanos, incluso mejor que el de los funcionarios públicos”, lamenta Torres. “Este privilegio choca con dos principios constitucionales, el de laicidad del Estado y el de igualdad”.
Y precisamente las herencias, pero en este caso de los fieles, se están convirtiendo en uno de los principales ingresos de algunas diócesis. No es de extrañar, así, que la de Valladolid se abalanzara sobre el legado de dos hermanas que en su primer testamento designaban a la Iglesia como heredera, aunque después se retractaran. Tras un largo proceso, ganó la familia y la diócesis perdió una donación que equivalía nada menos que a cuatro años de su presupuesto ordinario, el que cuenta con los donativos como principal fuente de ingresos y que día a día disminuye con la pérdida de fieles.
Lo que sí se está conociendo es que día a día, sigilosamente, los obispos están inscribiendo a su nombre edificios de todo tipo que hasta ahora eran de los municipios. La iglesia, que se construyó por cuestación popular y a manos de la gente del pueblo, o la casa del cura cuyos gastos durante siglos han corrido de parte del ayuntamiento, de pronto pasan a ser de titularidad eclesiástica.
Una ley insólita en Europa
Todo gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que otorga a la Iglesia católica, y sólo a ella, el derecho de inmatricular un inmueble declarando simplemente que le pertenece. Hasta 1998 este procedimiento no se podía aplicar a los templos. Una incongruencia que el Gobierno de Aznar se encargó de corregir alegando que negarle la propiedad de sus legítimos bienes era “inconstitucional”. Aunque el ex presidente obvió una irregularidad más llamativa de esa Ley, que otorga poder de fedatario público a una institución como la Iglesia. Algo “insólito” en un Estado moderno, según denuncia la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Sólo en esa comunidad, la Iglesia se ha apropiado así de más de mil inmuebles en una década. Pero en el conjunto del Estado puede hablarse de un expolio en toda regla: este procedimiento se hace sin ningún tipo de exposición pública y muchos municipios, especialmente los que cuentan con menos medios, no advierten el hecho hasta que ya han pasado dos años y el registro es definitivo. En Xàbia (Alicante), el Ayuntamiento sí se ha enterado de la maniobra y va a impugnar el registro de la iglesia gótica de San Bartolomé, fortificada en el siglo XIV por el pueblo y siempre conservada por los vecinos, según consta en numerosos documentos, algo que ha desatado la indignación en la localidad.
Otras corporaciones municipales son más generosas con la Iglesia mediante las permutas de terrenos. Es el caso de Madrid capital, que en diez años ha cedido 40 parcelas de suelo público valorado en 120 millones de euros a cambio de una finca en una zona protegida de la cuenca del Manzanares, cuya valoración no iría más allá de tres millones, según Izquierda Unida. “Pero lo que es aún más grave es que se cedan parcelas destinadas a necesidades vecinales”, afirma la formación, que recuerda el caso del barrio de Butarque (Madrid) donde la Iglesia tiene más de una docena de parroquias y obtuvo terrenos para una más cuando no había ambulatorio ni escuela infantil y sólo un colegio y un centro de mayores para 15.000 habitantes. “Si ha conseguido esas cesiones con una finca rústica, ¿qué beneficio obtendrá de sus posesiones en zonas como Valdebebas o El Bercial?”, se preguntan los promotores que se han encontrado en los planos de esas zonas de expansión de la capital con el nombre de la Iglesia como propietaria.
Pero hay casos más evidentes de pelotazos, como la recalificación de un colegio de las Carmelitas en Cáceres donde se levantará un Corte Inglés multiplicando la edificabilidad del área; o en Ávila, donde el Obispado va a ingresar 19 millones por la venta de unos terrenos recalificados en 2005 de rústicos a industriales a pesar de que el actual polígono de la ciudad todavía está al 60% de su desarrollo previsto.
A todo lo anterior hay que sumar el dinero que las distintas administraciones ceden a la Iglesia para la restauración y conservación de sus edificios. Un dinero que a menudo sale del 1% de los presupuestos que por ley cada municipio está obligado a destinar a bienes culturales y que, como comentan las asociaciones laicistas, no repercute en beneficios para la población: “La iglesia tiene derecho a construir y reformar las parroquias que quiera, pero que se lo paguen de su bolsillo, y si ya no pueden, que lo que se haga forme parte del patrimonio nacional”.
Privilegios fiscales
Capítulo aparte merece el trato fiscal al patrimonio inmobiliario de la Iglesia, que gracias a los acuerdos económicos del Concordato de 1979 es “francamente privilegiado”, como lo califica el catedrático de Derecho Alejandro Torres Gutiérrez, autor de varios informes exhaustivos sobre el tema, incluido uno encargado por la Fundación Alternativas, próxima al PSOE. Aunque estas recomendaciones duermen “en el suelo de los justos”, según comenta a DIAGONAL Torres Gutiérrez.
Hasta 2007, la Iglesia ha estado exenta de pagar el IVA, a pesar de que el derecho comunitario aplicable desde la adhesión de España en 1986 lo prohibía. “Han tenido que pasar 21 años hasta que se ha acabado con esta anomalía, con el consiguiente perjuicio para el erario”, recuerda este profesor. Para lograr otro pequeño avance han sido necesarias hasta cinco interpelaciones de la Comisión Europea por iniciativa de IU. Al fin, en octubre el Gobierno retiró la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los inmuebles de la Iglesia dedicados a “actividades económicas” como las emisoras de la Cope o los lucrativos hospitales privados, amén de los miles de colegios –donde el Estado subvenciona casi todo–. Pero el resto de edificios siguen sin pagar, ni ése ni el Impuesto de Bienes Inmuebles o el Impuesto de Sucesiones. Estas exenciones incluyen las casas de los sacerdotes, algo que dota a éstos “de un estatuto privilegiado respecto al del resto de los ciudadanos, incluso mejor que el de los funcionarios públicos”, lamenta Torres. “Este privilegio choca con dos principios constitucionales, el de laicidad del Estado y el de igualdad”.
Y precisamente las herencias, pero en este caso de los fieles, se están convirtiendo en uno de los principales ingresos de algunas diócesis. No es de extrañar, así, que la de Valladolid se abalanzara sobre el legado de dos hermanas que en su primer testamento designaban a la Iglesia como heredera, aunque después se retractaran. Tras un largo proceso, ganó la familia y la diócesis perdió una donación que equivalía nada menos que a cuatro años de su presupuesto ordinario, el que cuenta con los donativos como principal fuente de ingresos y que día a día disminuye con la pérdida de fieles.
