Rebelión
En los últimos meses se ha intensificado la avalancha de informaciones en los medios de comunicación relativas a lo que conocemos como apagón analógico. Las mayoría de las cuales, además de recordarnos la al parecer ineludible fecha del 3 de abril de 2010 como el fin de la televisión tal y como la conocemos, nos posicionan las virtudes de la nueva tecnología.
¿Qué hay detrás de todo esto?, ¿hay intereses económicos?, ¿cuán ciertas son las ventajas del proceso? Trataremos de dar respuesta concisa y sucinta a estas interrogantes.
En primer lugar, reiterar el lugar común, nos encontramos ante un proceso de transición tecnológica que posibilita una explotación más eficiente de un recurso público escaso, el espectro radioeléctrico. Cabría pensar que el proceso va acompañado de una democratización del acceso a dicho recurso, ampliando las obligaciones de servicio público y permitiendo, como recientemente hizo Argentina con su ley de Radio y Televisión, el acceso a los medios comunitarios, verdaderos representantes de la libertad de expresión, ya que no responden a intereses económicos ni políticos, sino a la sociedad civil organizada. Nada más lejos de la realidad, el Congreso ya ha superado el primer trámite de aprobación de la Ley Audiovisual , una norma que en su exposición de motivos ya deja a las claras su intención: “…la misión es dar seguridad jurídica a la industria y posibilitar la creación de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo y la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como son la TDT de pago… Y hacerlo garantizando también, el pluralismo y la protección de los derechos ciudadanos; al mismo tiempo que se fijan unas reglas de transparencia y competencia claras en un contexto de convivencia del sector público con el privado y de liberalización de la actividad audiovisual” dejando a las claras la prelación de objetivos y la desaparición de los medios ajenos al beneficio comercial o al control político del panorama audiovisual.
Pero centrémonos en el objeto de la reflexión. En primer lugar tratemos de centrarnos en las supuestas ventajas del nuevo sistema digital:
1. Veremos la televisión “sin interferencias” (es decir, sin sombras, ecos o distorsión de la imagen). Efectivamente, la tecnología digital permite una recepción completamente nítida de la señal. Lo que obvian sus mecenas es que mientras que una recepción con bajo nivel de señal de la televisión analógica es posible en zonas remotas o de cobertura difícil (con deficiencias eso sí), lo propio se vuelve imposible en tecnología digital, donde “o se ve, o no se ve”, no hay término medio. Este hecho ha forzado a gobiernos como el navarro a cubrir las zonas de sombra (zonas en las que un repetidor digital situado donde antes había uno analógico no consigue que la señal de televisión digital “llegue”, “se vea”) con tecnología satelital, llegando a hablar en el colmo del descaro de TDT (Televisión Digital Terrestre, es decir, de difusión mediante emisores y receptores de tecnología tierra-tierra) por satélite. Pero volveremos más adelante sobre el asunto del satélite.
1. Tendremos una mayor y mejor oferta televisiva. Absolutamente falso, La aparición de canales temáticos ha provocado que la audiencia se diversifique, con la consecuente disminución de la audiencia de los canales generalistas a favor de los temáticos. Este hecho, junto con la crisis publicitaria, obliga a las cadenas a buscar otros mecanismos para ser rentables, entre ellos, nuevas formas de ingresos como la TDT de pago para contenidos Premium como películas, deportes o conciertos. Así la mayoría de cadenas privadas que emiten en analógico piden que haya TDT de pago. Como es tecnológicamente posible, la ley actual lo permite y el gobierno ha tomado ya una postura oficial, aprobando a través de un real decreto ley pedido por el grupo Imagina (Público, La 6...). Es decir, habrá nuevos canales de calidad para quien pueda pagarlos, el resto consumiremos el relleno de turno. Si a este hecho le añadimos la crisis del sector, que hace que grupos como PRISA abandonen concesiones otrora tan golosas como la de una TDT autonómica en Andalucía (eso sí, viendo graciosamente condonados los 100 millones de euros que conforme al proceso administrativo le correspondía abonar por los perjuicios causados al erario público por abandono de la concesión), el panorama no resulta tan halagüeño como nos querían hacer ver.
Pero, entonces, ¿por qué demonios transitamos al escenario digital? Dos grandes sectores económicos de interés se apuntan, el primero el de los medios, que avizoran un escenario de progresivo descenso de los ingresos del modelo audiovisual en abierto y encuentran en las posibilidades de instalar TDT de pago un nuevo maná salvador (ahora unido a la desaparición de RTVE como competidor por el mercado publicitario). El segundo resulta más oculto pero es si cabe más dramático, por cuanto supone un drenaje a los bolsillos ciudadanos por la vía directa y de la subvención estatal .
En este sector encontramos un actor fundamental, Abertis. La compañía catalana se adjudicó en su día el total de las infraestructuras de telecomunicaciones audiovisuales del país, en manos entonces de la otrora empresa pública, Retevisión, con más de un millar de centros completamente equipados (sólo en Andalucía son más de 500) e instalaciones tan emblemáticas como Torrespaña en pleno centro de Madrid o la Torre de Collserola en Barcelona . Abertis se comprometió por un montante de 423 millones de euros, aunque 341 millones corresponden a asunción de deuda por lo que en la práctica Abertis sólo pagó 82 millones por la compañía líder de transporte y difusión de señal audiovisual en el Estado español. Lo hizo por la que en la práctica es una ganga, ya que sólo las dos instalaciones señaladas pueden valorarse prácticamente en la cifra aportada. Pero es que además Retevisión ingresaba unos 168 millones de euros anuales en 2001 y en términos de ebitda (margen bruto de explotación), la aportación era mucho mayor. No hace falta hacer muchas cuentas para que el olor a chamusquina aturda al más pintado.
Por otro lado resulta interesentante remarcar que Abertis, que según información publicada en CNMV, tiene participaciones significativas de la Caixa (28,91%) y ACS (25,83%), la constructora de Florentino Fernández y los March del Grupo Alba, los banqueros de Franco, no sólo compró infraestructura y activos, compró al tiempo el monopolio sobre el mercado de difusión audiovisual y una elevadísima influencia sobre el Ministerio del ramo, ya que Retevisión era funcional al principio de puerta rotatoria y habitual retiro dorado técnicos y directivos del ámbito de la administración de las telecomunicaciones (es el caso de la exministra Ana Virulés).
¿Dónde está el negocio para Abertis? En primer lugar en el mercado cautivo que suponen los difusores, obligados a sufragar la transición, y en segundo lugar y de forma central en las administraciones públicas, que ante la tesitura de dejar “sin tele” a un importante sector de la población se aprestan a abonar las millonarias minutas de Abertis.
¿Cómo? Pues veamos. La obligación legal reza que el 96 por ciento de la población debe disponer de señal de las sociedades concesionarias privadas (A3, T5, La 6 y Cuatro que en analógico ya superan con creces el 98% de cobertura estatal) y el 98 por ciento por parte de las entidades públicas (RTVE y las autonómicas) pero claro, ningún político puede echarse a las espaldas el dejar tan sólo con TVE a ese 2% de la población entre el 96 y el 98, cosa que sucedería, ya que en igualdad de condiciones, es decir, de infraestructuras de emisión, la señal de TDT, ¨llega menos lejos¨. Y hete aquí que precisamente ese 2% es el que supone un mayor costo en infraestructura, ya que si bien con apenas 10 centros puede cubrirse el 80% de la población andaluza (por poner un ejemplo), muy concentrada en grandes urbes, conseguir cubrir a la población dispersa impone escalar exponencialmente el número de centros de emisión hasta la superlativa cifra de 500.
En este marco, el Consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Soler, por poner un ejemplo conocido y notorio, aseguró que para garantizar la adecuada ejecución de este plan de transición tecnológico, la Junta firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Industria, poniendo en marcha medidas de apoyo como la firma de contratos de extensión de cobertura de manera que se iguale la cobertura de digital con la de la señal analógica (que ya disfrutamos). Así, se prevé sólo en Andalucía un importe total de cuatro millones de euros sólo en los cuatro primeros años de servicio, eso sin contar los costes que se abonan por parte de los entes públicos de difusión (RTVA) y las órdenes de incentivos para la digitalización que sólo en Andalucía ya suponen otro monto superior a 1,3 millones de euros (habiéndose presupuestado alcanzar la cifra de 7 millones). Las cifras escalan si hacemos lectura de la inversión de una Comunidad Autónoma reducida, la Consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya, manifestó que el ejecutivo asturiano aprobó en Consejo de Gobierno un fondo de 23.500.000 euros para "afrontar el reto de la transición de la televisión analógica a la digital".
Y efectivamente este negocio no se oculta, el 5 de noviembre pasado podíamos leer “ la mayor aportación del negocio de telecomunicaciones por el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) permitió a Abertis compensar la caída del tráfico tanto en sus autopistas como en sus aeropuertos y mejorar su resultado hasta septiembre un 4 por 100. La concesionaria ganó en los nueve primeros meses del año 563 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.
Entre tanto qué sucede con el ciudadano que debe sufragar el costo de un nuevo televisor o set-top-box para adaptarse, con la comunidad de vecinos que debe adquirir por más de 600€ amplificadores monocanales adicionales, reinstalar el cableado del edificio, modificar duplexores… Pues nada, el gobierno permanece impertérrito crisis incluida e impone este gasto forzoso mientras que albergan el frotar de manos de fabricantes de equipos e instaladores de telecomunicaciones, y se olvida a los sectores más desfavorecidos de la población que llegado el apagón, simplemente dejarán de disfrutar de su derecho constitucional a la comunicación.
Efectivamente, recurramos a la experiencia. El apagón analógico tuvo lugar el 12 de junio en Estados Unidos y dejó sin servicio a los casi tres millones de hogares que aún no estaban preparados, pese a las campañas de concienciación.
Por otro lado, durante una conferencia pronunciada en Sevilla, el poco sospechoso y conocido periodista (recordado por Quién sabe dónde) Manuel Campo Vidal, tildó de "muy serio" el problema que puede suponer para las personas de la tercera edad, con escasos ingresos, invertir hasta 250 euros para adaptar sus viviendas a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Además destacó que en muchos casos para su instalación necesitarán la ayuda de un técnico y que, si tienen una avería, podrían perder temporalmente un "elemento de compañía importante y necesario" para ellos.
Entre tanto y como advertencia baste observar que si el panorama resultó desolador en EEUU (un país que recibe la TV principalmente por cable) a menos de un año del apagón total y con varias provincias ya desconectadas, sólo el 57,3% de los hogares españoles posee al menos un receptor de TDT (según la primera ola de 2009 del Estudio General de Medios), es decir, en medio de la crisis económica se exigirá a más del 40% de la población desembolsos adicionales. Entre tanto la cuota de pantalla de la TDT crece en mayo es de menos del 30% de la audiencia total de televisión, lo cual da idea precisa de cuántos ciudadanos reciben en condiciones suficientes esta señal.
Un par de evidencias en torno a la “TDT” por satélite
En el sector de las telecomunicaciones una guerra nos sorprendía a todos a principios de año, la que mantuvieron Astra (operador de satélite) y Abertis por la operación del servicio de televisión digital (no TDT, ya que el primero ofrece TDS y el segudo TDT).
La diatriba versaba en torno a la posibilidad de dotar de televisión digital a la ciudadanía a través de satélite, para lo cual debería permitirse a estos operadores participar en los concursos celebrados por las Comunidades Autónomas para la transición. Sólo Cantabria lo hizo, si bien presionada desde el Ministerio de Industria se apresuró a recular en su decisión, homologándose con el resto de CCAA dóciles a la entrega gubernamental al gigante de las infraestructuras con tan poderosos vínculos financieros.
Y la magnitud de la entrega se lee en números, Luis Sahún, director de Astra asegura que "Con una inversión inicial de tres millones de euros y unos costes anuales de entre 3 y 4 millones, podríamos completar la cobertura digital de España", frente a los alrededor de 327 millones que le costará al Gobierno el despliegue de Abertis.
Pero la cosa no queda ahí. En la práctica, para cubrir el 4% de población dispersa en el Estado español, la opción terrestre de Abertis resulta dantesca, ya que necesita casi 4.500 centros adicionales, por lo que finalmente ya se está optando por la vía satelital para estas zonas (ver nota 3), y teniendo en cuenta que la “huella” del satélite no es selectiva geográficamente en la práctica TODO el Estado Español tiene cobertura satelital. Es decir, no se ha desestimado en la práctica la opción satelital, sino que se asume, pero se mantiene la subvención encubierta a Abertis.
Si hacemos valer las cuentas del gobierno navarro, que cifra en 450 euros el coste de instalación del satélite y teniendo en cuenta que en el Estado español según FEINTEL (Federación de Instaladores de Telecomunicaciones) se estima en 1.300.000 el número de edificios en los que vive el grueso de la población española, y que deben adaptar por costes superiores a los 1.500 euros sus instalaciones, cabe resaltar que sólo en inversión ciudadana el ahorro ya supondría 1.300 millones de euros, eso sin contar los 327 millones (menos 3 del coste de Astra) que se entregan a Abertis sin más trámite.
En conclusión, el escenario de la transición tecnológica nos enfrenta con la creación de una ¨necesidad¨ espúrea, que drenará los bolsillos de la población trabajadora y beneficiará a los intereses de un sector muy influyente de la élite financiera y de los oligopólicos mass media; todo ello no sólo con la anuencia estatal, sino con su más firme apoyo, sostén y auspicio ¿les suena de algo el modelo?
¿Qué hay detrás de todo esto?, ¿hay intereses económicos?, ¿cuán ciertas son las ventajas del proceso? Trataremos de dar respuesta concisa y sucinta a estas interrogantes.
En primer lugar, reiterar el lugar común, nos encontramos ante un proceso de transición tecnológica que posibilita una explotación más eficiente de un recurso público escaso, el espectro radioeléctrico. Cabría pensar que el proceso va acompañado de una democratización del acceso a dicho recurso, ampliando las obligaciones de servicio público y permitiendo, como recientemente hizo Argentina con su ley de Radio y Televisión, el acceso a los medios comunitarios, verdaderos representantes de la libertad de expresión, ya que no responden a intereses económicos ni políticos, sino a la sociedad civil organizada. Nada más lejos de la realidad, el Congreso ya ha superado el primer trámite de aprobación de la Ley Audiovisual , una norma que en su exposición de motivos ya deja a las claras su intención: “…la misión es dar seguridad jurídica a la industria y posibilitar la creación de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo y la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como son la TDT de pago… Y hacerlo garantizando también, el pluralismo y la protección de los derechos ciudadanos; al mismo tiempo que se fijan unas reglas de transparencia y competencia claras en un contexto de convivencia del sector público con el privado y de liberalización de la actividad audiovisual” dejando a las claras la prelación de objetivos y la desaparición de los medios ajenos al beneficio comercial o al control político del panorama audiovisual.
Pero centrémonos en el objeto de la reflexión. En primer lugar tratemos de centrarnos en las supuestas ventajas del nuevo sistema digital:
1. Veremos la televisión “sin interferencias” (es decir, sin sombras, ecos o distorsión de la imagen). Efectivamente, la tecnología digital permite una recepción completamente nítida de la señal. Lo que obvian sus mecenas es que mientras que una recepción con bajo nivel de señal de la televisión analógica es posible en zonas remotas o de cobertura difícil (con deficiencias eso sí), lo propio se vuelve imposible en tecnología digital, donde “o se ve, o no se ve”, no hay término medio. Este hecho ha forzado a gobiernos como el navarro a cubrir las zonas de sombra (zonas en las que un repetidor digital situado donde antes había uno analógico no consigue que la señal de televisión digital “llegue”, “se vea”) con tecnología satelital, llegando a hablar en el colmo del descaro de TDT (Televisión Digital Terrestre, es decir, de difusión mediante emisores y receptores de tecnología tierra-tierra) por satélite. Pero volveremos más adelante sobre el asunto del satélite.
1. Tendremos una mayor y mejor oferta televisiva. Absolutamente falso, La aparición de canales temáticos ha provocado que la audiencia se diversifique, con la consecuente disminución de la audiencia de los canales generalistas a favor de los temáticos. Este hecho, junto con la crisis publicitaria, obliga a las cadenas a buscar otros mecanismos para ser rentables, entre ellos, nuevas formas de ingresos como la TDT de pago para contenidos Premium como películas, deportes o conciertos. Así la mayoría de cadenas privadas que emiten en analógico piden que haya TDT de pago. Como es tecnológicamente posible, la ley actual lo permite y el gobierno ha tomado ya una postura oficial, aprobando a través de un real decreto ley pedido por el grupo Imagina (Público, La 6...). Es decir, habrá nuevos canales de calidad para quien pueda pagarlos, el resto consumiremos el relleno de turno. Si a este hecho le añadimos la crisis del sector, que hace que grupos como PRISA abandonen concesiones otrora tan golosas como la de una TDT autonómica en Andalucía (eso sí, viendo graciosamente condonados los 100 millones de euros que conforme al proceso administrativo le correspondía abonar por los perjuicios causados al erario público por abandono de la concesión), el panorama no resulta tan halagüeño como nos querían hacer ver.
Pero, entonces, ¿por qué demonios transitamos al escenario digital? Dos grandes sectores económicos de interés se apuntan, el primero el de los medios, que avizoran un escenario de progresivo descenso de los ingresos del modelo audiovisual en abierto y encuentran en las posibilidades de instalar TDT de pago un nuevo maná salvador (ahora unido a la desaparición de RTVE como competidor por el mercado publicitario). El segundo resulta más oculto pero es si cabe más dramático, por cuanto supone un drenaje a los bolsillos ciudadanos por la vía directa y de la subvención estatal .
En este sector encontramos un actor fundamental, Abertis. La compañía catalana se adjudicó en su día el total de las infraestructuras de telecomunicaciones audiovisuales del país, en manos entonces de la otrora empresa pública, Retevisión, con más de un millar de centros completamente equipados (sólo en Andalucía son más de 500) e instalaciones tan emblemáticas como Torrespaña en pleno centro de Madrid o la Torre de Collserola en Barcelona . Abertis se comprometió por un montante de 423 millones de euros, aunque 341 millones corresponden a asunción de deuda por lo que en la práctica Abertis sólo pagó 82 millones por la compañía líder de transporte y difusión de señal audiovisual en el Estado español. Lo hizo por la que en la práctica es una ganga, ya que sólo las dos instalaciones señaladas pueden valorarse prácticamente en la cifra aportada. Pero es que además Retevisión ingresaba unos 168 millones de euros anuales en 2001 y en términos de ebitda (margen bruto de explotación), la aportación era mucho mayor. No hace falta hacer muchas cuentas para que el olor a chamusquina aturda al más pintado.
Por otro lado resulta interesentante remarcar que Abertis, que según información publicada en CNMV, tiene participaciones significativas de la Caixa (28,91%) y ACS (25,83%), la constructora de Florentino Fernández y los March del Grupo Alba, los banqueros de Franco, no sólo compró infraestructura y activos, compró al tiempo el monopolio sobre el mercado de difusión audiovisual y una elevadísima influencia sobre el Ministerio del ramo, ya que Retevisión era funcional al principio de puerta rotatoria y habitual retiro dorado técnicos y directivos del ámbito de la administración de las telecomunicaciones (es el caso de la exministra Ana Virulés).
¿Dónde está el negocio para Abertis? En primer lugar en el mercado cautivo que suponen los difusores, obligados a sufragar la transición, y en segundo lugar y de forma central en las administraciones públicas, que ante la tesitura de dejar “sin tele” a un importante sector de la población se aprestan a abonar las millonarias minutas de Abertis.
¿Cómo? Pues veamos. La obligación legal reza que el 96 por ciento de la población debe disponer de señal de las sociedades concesionarias privadas (A3, T5, La 6 y Cuatro que en analógico ya superan con creces el 98% de cobertura estatal) y el 98 por ciento por parte de las entidades públicas (RTVE y las autonómicas) pero claro, ningún político puede echarse a las espaldas el dejar tan sólo con TVE a ese 2% de la población entre el 96 y el 98, cosa que sucedería, ya que en igualdad de condiciones, es decir, de infraestructuras de emisión, la señal de TDT, ¨llega menos lejos¨. Y hete aquí que precisamente ese 2% es el que supone un mayor costo en infraestructura, ya que si bien con apenas 10 centros puede cubrirse el 80% de la población andaluza (por poner un ejemplo), muy concentrada en grandes urbes, conseguir cubrir a la población dispersa impone escalar exponencialmente el número de centros de emisión hasta la superlativa cifra de 500.
En este marco, el Consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Soler, por poner un ejemplo conocido y notorio, aseguró que para garantizar la adecuada ejecución de este plan de transición tecnológico, la Junta firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Industria, poniendo en marcha medidas de apoyo como la firma de contratos de extensión de cobertura de manera que se iguale la cobertura de digital con la de la señal analógica (que ya disfrutamos). Así, se prevé sólo en Andalucía un importe total de cuatro millones de euros sólo en los cuatro primeros años de servicio, eso sin contar los costes que se abonan por parte de los entes públicos de difusión (RTVA) y las órdenes de incentivos para la digitalización que sólo en Andalucía ya suponen otro monto superior a 1,3 millones de euros (habiéndose presupuestado alcanzar la cifra de 7 millones). Las cifras escalan si hacemos lectura de la inversión de una Comunidad Autónoma reducida, la Consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya, manifestó que el ejecutivo asturiano aprobó en Consejo de Gobierno un fondo de 23.500.000 euros para "afrontar el reto de la transición de la televisión analógica a la digital".
Y efectivamente este negocio no se oculta, el 5 de noviembre pasado podíamos leer “ la mayor aportación del negocio de telecomunicaciones por el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) permitió a Abertis compensar la caída del tráfico tanto en sus autopistas como en sus aeropuertos y mejorar su resultado hasta septiembre un 4 por 100. La concesionaria ganó en los nueve primeros meses del año 563 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.
Entre tanto qué sucede con el ciudadano que debe sufragar el costo de un nuevo televisor o set-top-box para adaptarse, con la comunidad de vecinos que debe adquirir por más de 600€ amplificadores monocanales adicionales, reinstalar el cableado del edificio, modificar duplexores… Pues nada, el gobierno permanece impertérrito crisis incluida e impone este gasto forzoso mientras que albergan el frotar de manos de fabricantes de equipos e instaladores de telecomunicaciones, y se olvida a los sectores más desfavorecidos de la población que llegado el apagón, simplemente dejarán de disfrutar de su derecho constitucional a la comunicación.
Efectivamente, recurramos a la experiencia. El apagón analógico tuvo lugar el 12 de junio en Estados Unidos y dejó sin servicio a los casi tres millones de hogares que aún no estaban preparados, pese a las campañas de concienciación.
Por otro lado, durante una conferencia pronunciada en Sevilla, el poco sospechoso y conocido periodista (recordado por Quién sabe dónde) Manuel Campo Vidal, tildó de "muy serio" el problema que puede suponer para las personas de la tercera edad, con escasos ingresos, invertir hasta 250 euros para adaptar sus viviendas a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Además destacó que en muchos casos para su instalación necesitarán la ayuda de un técnico y que, si tienen una avería, podrían perder temporalmente un "elemento de compañía importante y necesario" para ellos.
Entre tanto y como advertencia baste observar que si el panorama resultó desolador en EEUU (un país que recibe la TV principalmente por cable) a menos de un año del apagón total y con varias provincias ya desconectadas, sólo el 57,3% de los hogares españoles posee al menos un receptor de TDT (según la primera ola de 2009 del Estudio General de Medios), es decir, en medio de la crisis económica se exigirá a más del 40% de la población desembolsos adicionales. Entre tanto la cuota de pantalla de la TDT crece en mayo es de menos del 30% de la audiencia total de televisión, lo cual da idea precisa de cuántos ciudadanos reciben en condiciones suficientes esta señal.
Un par de evidencias en torno a la “TDT” por satélite
En el sector de las telecomunicaciones una guerra nos sorprendía a todos a principios de año, la que mantuvieron Astra (operador de satélite) y Abertis por la operación del servicio de televisión digital (no TDT, ya que el primero ofrece TDS y el segudo TDT).
La diatriba versaba en torno a la posibilidad de dotar de televisión digital a la ciudadanía a través de satélite, para lo cual debería permitirse a estos operadores participar en los concursos celebrados por las Comunidades Autónomas para la transición. Sólo Cantabria lo hizo, si bien presionada desde el Ministerio de Industria se apresuró a recular en su decisión, homologándose con el resto de CCAA dóciles a la entrega gubernamental al gigante de las infraestructuras con tan poderosos vínculos financieros.
Y la magnitud de la entrega se lee en números, Luis Sahún, director de Astra asegura que "Con una inversión inicial de tres millones de euros y unos costes anuales de entre 3 y 4 millones, podríamos completar la cobertura digital de España", frente a los alrededor de 327 millones que le costará al Gobierno el despliegue de Abertis.
Pero la cosa no queda ahí. En la práctica, para cubrir el 4% de población dispersa en el Estado español, la opción terrestre de Abertis resulta dantesca, ya que necesita casi 4.500 centros adicionales, por lo que finalmente ya se está optando por la vía satelital para estas zonas (ver nota 3), y teniendo en cuenta que la “huella” del satélite no es selectiva geográficamente en la práctica TODO el Estado Español tiene cobertura satelital. Es decir, no se ha desestimado en la práctica la opción satelital, sino que se asume, pero se mantiene la subvención encubierta a Abertis.
Si hacemos valer las cuentas del gobierno navarro, que cifra en 450 euros el coste de instalación del satélite y teniendo en cuenta que en el Estado español según FEINTEL (Federación de Instaladores de Telecomunicaciones) se estima en 1.300.000 el número de edificios en los que vive el grueso de la población española, y que deben adaptar por costes superiores a los 1.500 euros sus instalaciones, cabe resaltar que sólo en inversión ciudadana el ahorro ya supondría 1.300 millones de euros, eso sin contar los 327 millones (menos 3 del coste de Astra) que se entregan a Abertis sin más trámite.
En conclusión, el escenario de la transición tecnológica nos enfrenta con la creación de una ¨necesidad¨ espúrea, que drenará los bolsillos de la población trabajadora y beneficiará a los intereses de un sector muy influyente de la élite financiera y de los oligopólicos mass media; todo ello no sólo con la anuencia estatal, sino con su más firme apoyo, sostén y auspicio ¿les suena de algo el modelo?
